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En medio de la preocupación mundial por los efectos desastrosos del cambio climático, que el presidente Donald Trump de Estados Unidos trata de minimizar y que de alguna manera contribuyeron al origen de la Primavera Árabe, Colombia lanza un ambicioso plan sustentado en el uso racional de la riqueza ambiental. Autoridades ambientales, Gobierno, académicos y empresarios se sentaron en la misma mesa. “Colombia tiene grandes ventajas comparativas frente a otros países para el posicionamiento de la bioeconomía en el ámbito nacional e internacional”, señaló el director de Planeación Nacional, Simón Gaviria.
Esta es la antesala a la etapa de posconflicto que vive el país. En este escenario se reducen la deforestación, el derrame petrolero y el uso de mercurio. Planeación Nacional destaca que por cada año sin conflicto, el país tendría un ahorro de $2,7 billones en degradación ambiental: $1,2 billones por evitar la recuperación de hectáreas deforestadas, $636.000 millones por menor pérdida de petróleo y servicios ecosistémicos y $516.000 millones por costos evitados en salud debido al uso de mercurio.
El presidente Juan Manuel Santos dijo que la Misión de Crecimiento Verde “va a preparar la información que le va a permitir a Colombia tener una política de crecimiento verde de largo plazo. (...) El objetivo es que para el año 2030 nuestro país sea un referente en materia de crecimiento verde, por lo menos en América Latina”. En el uso eficiente de la energía, el país tiene oportunidades por $15 billones.
Preparando el terreno, el ministro de Hacienda, Mauricio Cárdenas, dijo que el plan de financiamiento de la etapa de la posguerra donde se prioriza la preservación de los recursos naturales tiene una cara eminentemente social. “Estamos exactamente armando los escenarios para el financiamiento. Estamos recogiendo los elementos para producir un plan de implementación y de financiación del posconflicto que sea congruente con las realidades fiscales del país”.
En un escenario sin crecimiento verde, aumentará la presión sobre el suelo, el agua y la energía, advierte Planeación Nacional.
“El país tiene 15 billones de pesos de oportunidades en materia de eficiencia energética”, dijo Simón Gaviria. Esa cifra se puede ahorrar en los gastos ineficientes de energía. Hay que hacer las cosas mejor y cambiar las tecnologías actuales. Recordó que si no hubiera existido el cargo por confiabilidad (esquema de remuneración que permite hacer viable la inversión en los recursos de generación eléctrica), los efectos del fenómeno de El Niño en el sector eléctrico “nos costaban 17 billones de pesos”.
El presidente de la Asociación Nacional de Empresas Generadoras (Andeg), Carlos Castañeda, indicó que las propuestas del sector van en línea con lo propuesto por Planeación Nacional. “El mercado eléctrico es demasiado inflexible y se necesita darle flexibilidad para que entren a (energías) renovables y para que se mejore en eficiencia”. El dirigente gremial insistió en que se requiere poner en práctica las recomendaciones de Planeación Nacional. “Hacer mercados intradiarios, mercado de balance, hacer reformas estructurales al sector eléctrico para que esto se pueda dar y empoderar a los usuarios, darle más entrada a la demanda para que sea más activa y pueda entrar a participar de mejor manera en el mercado”, dijo Castañeda, recalcando que se requiere “mejoramiento en la regulación”.
Gaviria ha explicado que para conseguir una eficiencia en el uso de la energía se requiere utilizar mejores materiales de construcción, la mejora de las calderas en las empresas, sustitución de bombillos incandescentes y sustitución de aires acondicionados por unos de alta eficiencia sobre todo en el Caribe y el Pacífico. El informe de Planeación destaca que el promedio nacional de pérdidas de energía es 16,8 %, pero desde 2010 las pérdidas se han reducido en un 10 %.
El director de Planeación Nacional indicó que el país requiere metas específicas de largo plazo en energías renovables, generar escenarios de autogeneración a pequeña escala, desarrollar proyectos de energía renovable no convencionales de gran escala en el sistema interconectado y asignar obligaciones de energía en firme con base en un promedio.
Si el país requiere un revolcón en la regulación en el sector energético, en el uso del agua se necesitan también transformaciones profundas. “Las inversiones en agua dan gran impacto en materia de salud”, dijo Gaviria. Anticipó que la más reciente APP (asociación público privada) que se acaba de estructurar en Planeación permitirá darle 100 % de cobertura en acueducto, en alcantarillado fluvial y sanitario a la ciudad de Santa Marta por los próximos 50 años. “El gran programa de APP de la próxima década no son autopistas, sino es agua. Se puede hacer y es un buen negocio”, dijo Gaviria.
El director de Planeación Nacional recordó que la actividad agropecuaria, la industria de energía y el transporte son los que más contribuyen a las emisiones de dióxido de carbono (CO2), pero la energía va a jugar un papel importante en materia de emisiones, lo mismo que el sector agropecuario.