Concesiones, en vilo para operadores

GSMA advierte que no hay claridad para la renovación de los contratos, alterando los planes de inversión del sector en la región.

Las concesiones de 2G de Claro y Movistar en Colombia vencen el 31 de marzo. La Corte Constitucional no ha publicado la sentencia sobre su renovación. / Archivo

El multimillonario negocio de las telecomunicaciones está a punto de dejar de brillar en América Latina, por cuenta de la inseguridad jurídica a la hora de renovar las concesiones para la explotación del espectro. Así lo revela un estudio difundido hoy por GSMA, el gremio mundial de operadores móviles, y la consultora Blue Note, el cual deja en evidencia que la falta de claridad por cuenta de las autoridades regionales está poniendo en riesgo los planes de inversión de la industria en nuevas redes y tecnologías.

“No hay una regla clara bajo la cual se renueven las concesiones”, asegura Sebastián Cabello, director del gremio para la región, quien ilustra que la ausencia de un procedimiento claro a la hora de renovar las licencias concedidas en años anteriores para la explotación de la tecnología 2G (que permite la transmisión de voz móvil) es estructural en los mercados más importantes: “Muchas veces se acerca la fecha de renovación y no hay señales claras de qué es lo que va a suceder, qué procedimiento se va a realizar, cómo se va a evaluar el espectro, qué condiciones se van a pedir”.

El documento deja en evidencia que el clima de inseguridad jurídica incentivaría a los operadores móviles a recortar hasta un 67% sus inversiones de capital, lo cual retardaría “significativamente” el cubrimiento de servicios demandados por los usuarios, como el de conexiones LTE (mejor conocidas como 4G), que ofrece no sólo mayor velocidad de navegación por internet y menor tiempo de descarga de contenidos, sino que permitiría servicios esenciales como la telesalud: que las historias de los pacientes se alojen en la nube y que un especialista pueda asesorar, a distancia, en vivo y a través de video, procedimientos complejos como cirugías en un hospital de un municipio apartado.

Uno de los ejemplos más sobresalientes de esta coyuntura es el de la renovación de la concesión otorgada por el gobierno peruano a Telefónica en 1993 para explotar por 20 años las bandas de 850 y 1.900 megahertz (MHz). Después de haber invertido alrededor de US$6.800 millones en la instalación de infraestructura y la prestación de servicios, su operación entró en vilo porque nunca recibió indicaciones oficiales sobre los pasos a seguir para prolongar el contrato. De hecho, el plazo se cumplió y la compañía siguió operando sin la propiedad real de la licencia. Tras un proceso prolongado de negociación y el pago de sumas más altas a las principalmente calculadas, la compañía obtuvo el permiso de operación por otros dos decenios.

GSMA y Blue Note advierten que esa misma situación podría repetirse a lo largo de la región en los próximos meses, pues las concesiones de 2G otorgadas hace alrededor de 20 años están a punto de vencerse en Bolivia, Chile, Costa Rica, República Dominicana, Panamá, Uruguay y Colombia, siendo este último el caso más urgente.

Los principales involucrados, Claro y Movistar, están a la espera de que la Corte Constitucional publique el fallo definitivo de sentencia que dejó en firme una cláusula del contrato original, según la cual ambas compañías deben devolverle al Estado la infraestructura instalada. El problema es que buena parte de ella no existe porque, en el proceso de expansión y renovación tecnológica de las redes a tecnología 3G y, últimamente, 4G, se fue quedando obsoleta hasta el punto de desecharse.

Cabello incluso cuestiona que la disposición siga vigente cuando hace caso omiso a la evolución de las inversiones en el sector y en la industria: “Viene atada al modelo de antiguas concesiones viales, donde esa infraestructura permanecía en el tiempo. De hecho, las concesiones posteriores de espectro no consideraban un retorno de la misma. Si bien es cierto que está en los contratos de entonces, se preveía que la condición iba a revertirse de alguna forma. Ahora, la posibilidad de que se realice una nueva subasta ha disparado la incertidumbre en el sector”.

La actual concesión vence el próximo 31 de marzo y, sin un pronunciamiento oficial de la Corte, por la vía de la publicación de su sentencia, se pondría en vilo la estabilidad del sector en los próximos años. Se trata de un golpe sensible para la economía, toda vez que, según información del Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (TIC) y el DANE, las telecomunicaciones crecieron a una tasa promedio de 7,46% entre 2001 y 2011, mientras el PIB se expandió a un ritmo del 4,31%.

De hecho, buena parte de ese impulso sucedió entre los años 2005 y 2007, cuando la entrada de Ola al mercado (hoy Tigo) derogó la cláusula de devolución de infraestructura en su contrato de concesión. Bajo la premisa de que lo mismo ocurriría con sus permisos, Claro y Movistar se unieron al nuevo jugador en un proceso de expansión en el cual el sector creció a tasas anuales de doble dígito, por encima del 12%.

“Las grandes inversiones de los operadores móviles en la expansión del servicio requieren de mucha previsibilidad. Por eso necesitan trabajar con un mínimos de certeza de tres años sobre la viabilidad de su negocio”, resume Cabello.

 

 

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