Contralor propondrá al Congreso crear una Corte de Cuentas para adelantar juicios fiscales

En el proyecto de reforma constitucional también se establece crear una Contraloría Nacional que recogería a los servidores de las contralorías territoriales.

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El contralor general de la Nación, Edgardo Maya Villazón, anunció que presentará en el Congreso la propuesta de crear una Contraloría Nacional, donde se agruparían los servidores de las contralorías territoriales, y una Corte de Cuentas para juzgar los casos de responsabilidad fiscal.

El contralor anunció que hará una propuesta de carácter constitucional porque eso implica una reforma total al modelo constitucional. “Vamos a plantearle al Congreso esa propuesta a través de una concertación con el Gobierno Nacional, porque eso implica gasto del erario público”, precisó.

El proyecto de reforma constitucional, que presentaría en el segundo semestre de este año, busca fortalecer la Contraloría Nacional de la República, que asumiría la experiencia de todos los servidores de las contralorías departamentales y municipales.

“Habría que mirar el proceso de transición con relación a las contralorías territoriales. Lo claro es que los servidores de esas contralorías pasarían a ser parte de la Contraloría Nacional para efectos de utilizarlos en su cobertura en las regiones”, indicó.

Sobre su propuesta de crear una Corte de Cuentas, dijo que es un imperativo que tiene la Contraloría de deshacerse de la función de juzgamiento de los eventuales hallazgos fiscales que se profiera a la administración pública, de tal manera que se dedique a investigar y haya un órgano que haga el juzgamiento del juicio de responsabilidad fiscal, para efectos de que quien investigue no juzgue.

“Eso está superado en todo el mundo. Es un sistema totalmente atrasado, totalmente inoperante e inequitativo. No es imparcial, porque quien investiga no debe juzgar. Debe crearse entonces una Corte de Cuentas a efecto de que haga el juicio de responsabilidad fiscal y no sea el que investigue el que juzgue al tiempo”, insistió.

El Contralor participó este jueves en el acto de lanzamiento de la Escuela Javeriana de Gobierno y Ética Pública, con una ponencia sobre las “Finalidades y razón de ser de la Contraloría en la Ética de la Función Pública”.

Corrupción y falta de idoneidad han extendido la mala gerencia pública

La gestión ineficiente, ineficaz, costosa e inoportuna de los bienes y recursos públicos es hoy en Colombia tan peligrosa como la corrupción y se ha extendido ampliamente, sobre todo por la ausencia de idoneidad, pericia y experiencia como condiciones de acceso al servicio del Estado, afirmó en su intervención el Contralor Edgardo Maya Villazón.

“La mala gerencia pública, producto de la corrupción o de la ineptitud, es lo que explica la existencia de proyectos de inversión mal estructurados que nunca llegan a su término; las obras inconclusas, los servicios públicos de baja calidad y todas aquellas acciones u omisiones que se traducen en mayores costos a cargo de los contribuyentes”, sostuvo.

Los órganos de control no pueden trabajar por separado

El Contralor habló también de otros retos que enfrenta el máximo organismo de control fiscal, como el fortalecimiento de todas las acciones orientadas a la prevención, el tratamiento y la mitigación de las prácticas de corrupción.

Dijo que en hoy en día la gestión fiscal ha abierto espacios para nuevas maneras de indebidos aprovechamiento, desvío y usurpación de los recursos públicos y es así como la tradicional tipología del peculado por apropiación, por ejemplo, ha mutado y evolucionado a otras maneras de malversación y de lavado de activos obtenidos en operaciones de manejos de dineros del Estado.

En este sentido, dijo que la lucha contra la corrupción no es monopolio de una sola entidad del Estado y no es concebible que los órganos de control trabajen por separado frente a unos mismos hechos, así sus competencias sean distintas.

“Es necesario utilizar ventajas comparativas entre los órganos de control e implementar nuevos mecanismos de cooperación técnica, como lo ordena el artículo 113 de la Constitución Política, con apoyo internacional, de tal forma que a partir de una misma comunidad de pruebas, se puedan hacer efectivas las responsabilidades en lo penal, lo disciplinario y lo fiscal y, al mismo tiempo, se logre el efectivo y oportuno rescate del patrimonio público perdido o afectado”.

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