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De nuevo la Contraloría pone lupa sobre Electricaribe, esta vez por la indebida aplicación de los recursos de destinación específica del Fondo de Energía Social (FOES) entre julio de 2011 y octubre de 2016, los cuales debían aliviar el valor a pagar en la factura del consumo de energía de los usuarios de los estratos 1 y 2 de las zonas especiales de la Región Caribe, pero recibieron otra destinación.
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Por estos hechos la Contraloría imputó responsabilidad fiscal por $187.227 millones a Electricaribe y por $46.245 millones, a la señora Yamile Sarmiento Estrada, quien avaló la aplicación incorrecta de dichos recursos en su calidad de revisora fiscal de la empresa.
El ente de control encontró que los $187.227 millones que recibió Electricaribe del Ministerio de Minas y Energía fueron utilizados para un fin diferente al debido, pues fueron aplicados al consumo distribuido comunitario, “reduciendo con ello las pérdidas no técnicas de energía que presentaba la empresa en esas zonas especiales”.
La Contraloría advirtió que los recursos del FOES son de destinación específica, por lo tanto “debieron ser aplicados al consumo individual del usuario y no al consumo distribuido comunitario, como efectivamente se hizo, ya que, al hacerlo así, no se alivió el valor a pagar en la factura por los usuarios, sino que terminó favoreciendo los ingresos de la empresa Electricaribe”.
Según el Ministerio de Minas y Energía, el Fondo de Energía Social (FOES), creado por la Ley 812 de 2003, es una cuenta especial de manejo de recursos públicos que se alimenta del 80 % de las rentas de congestión calculadas por el Administrador del Sistema de Intercambios Comerciales, como producto de las exportaciones de energía eléctrica a los países vecinos dentro de los convenios de la Comunidad Andina.
El objetivo de este fondo es cubrir hasta $46 por kilovatio hora del valor de la energía eléctrica consumida por usuarios ubicados en zonas de difícil gestión, áreas rurales de menor desarrollo y en zonas subnormales urbanas definidas por el Gobierno Nacional.
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Para llegar a esta decisión, la Unidad de Investigaciones Especiales contra la Corrupción de la Contraloría revisó la facturación mensual de las zonas especiales de la Región Caribe, que corresponde en promedio a 1,8 millones de recibos por mes, de los cuales fueron glosados aproximadamente 700.000.