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Dos años después de que el presidente Juan Manuel Santos sancionara la nueva Ley de Regalías, el ministro de Minas y Energía, Amylkar Acosta, reconoció que en el nuevo Sistema General de Regalías se cometieron errores y que dejó ganadores y perdedores, por lo que para reparar esta situación trabaja con el ministro de Hacienda, Mauricio Cárdenas, en lo que catalogó como una contrarreforma.
“Coincidimos con el ministro de Hacienda, precisamente en el reciente congreso de minería a gran escala, en la necesidad de buscar la manera de darles una compensación a las regiones productoras, y dimos dos pasos en ese sentido: solicitamos a la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH) que revisara la liquidación que se había hecho del llamado margen de comercialización y de allí salió una suma apreciable que se giró a los departamentos productores de hidrocarburos”.
Asimismo recalcó que hace 20 días se expidió el decreto por el cual se aplicó una norma transitoria que establece que cuando el departamento productor reciba como asignación directa menos del 50% de lo que venía recibiendo antes de la reforma (correspondiente a los años 2009, 2010 y 2011), se le compensará con recursos provenientes del Fondo de Desarrollo Regional. “Esto también se aplicó y permitió que se les girara algunos recursos a los departamentos productores”, añadió.
Sin embargo, el funcionario advirtió que esa transición termina este año y que para 2015 el impacto va ser mucho mayor y no habrá otra manera de compensarla mientras se modifica la Constitución.
“Esto ratifica que las ganadoras con la reforma son las regiones no productoras que hoy participan de la bolsa general de regalías a través de los distintos fondos. Entre tanto las perdedoras son las regiones productoras que van a pasar de recibir 74% de regalías a 9,5% el próximo año”, indicó Acosta. “Yo creo que allí estuvo el primer error de la reforma y fue permitir que se constitucionalizara la distribución de las regalías, que antes era por decreto”.
Ahora, mientras se da esa contrarreforma, hay que buscar un mecanismo de compensación, y no hay otro camino que la vía presupuestal, indicó.
El funcionario señaló que las regiones productoras están golpeadas. “Prueba de ello fue el diálogo que tuve con la gobernadora de La Guajira, quien literalmente tiene las manos en la cabeza, porque no cuenta con recursos para seguir financiando los gastos que demandan los programas de nutrición a la niñez, los comedores escolares y el transporte escolar”.
“A esto se suma el caso de la Universidad de La Guajira. De acuerdo con su rector, la principal fuente para financiar el costo de las matrículas a los estudiantes son las regalías, y como el departamento no cuenta con recursos, por los recortes, suspendió el pago y esto generó un bloqueo, lo que obligó a la gobernadora a hacer de tripas corazón para girarle una plata a la universidad para que esté sobreaguando”, aseguró.
José Juan Rivera, presidente de la Asociación de Municipios Petroleros de Colombia (Ampet), calificó el anuncio del Gobierno como positivo por considerar que son muchos los municipios y departamentos que han tenido que abandonar la atención de problemas por la falta de recursos, pese a que en su región se extrae la riqueza y se obtiene muy poco a cambio.
“Qué bueno que el Gobierno se diera cuenta de los errores que se cometieron con esa reforma, ya que los recursos se repartieron entre más municipios y para acceder a ellos se centralizó el proceso, lo que hace más difícil obtenerlos”, explicó.
Denunció que no es posible que existan municipios a los que, por la redistribución de las regalías, les correspondan $1.000 y que para poder acceder a esa suma se tenga que desarrollar un proyecto y además que deba ser aprobado por los Órganos Colegiados de Administración y Decisión (OCAD), en los que intervienen muchas personas que no se ponen de acuerdo para aprobar la iniciativa. “Es algo ridículo, que no se ha podido corregir”.
La filosofía del proyecto era buena, pero su aplicabilidad no se puede dar, ya que el al crear más burocracia se disminuyeron los recursos. Además, los entes territoriales no saben cuánto se produce en su jurisdicción y mucho menos cuántos pozos se perforan, señaló.
Si bien hay denuncias sobre el mal uso de las regalías, como es el caso de Puerto Gaitán, el mayor municipio petrolero del país, las autoridades señalan que es casi imposible el acceso a los recursos para atender necesidades básicas insatisfechas que van creciendo con el desplazamiento de personas que buscan emplearse en los campos petroleros.
Entre tanto, el presidente de la Asociación Colombiana del Petróleo, Alejandro Martínez, señaló que el entorno de las regiones se ha venido deteriorando con la sensación de despojo que provocó la reforma a las regalías, pero que ve con buenos ojos esta iniciativa.
Acosta explicó que estos fenómenos de inconformidad y de conflictividad en las zonas de influencia de los campos petroleros están creciendo y que el Gobierno y las empresas trabajan para buscar medidas que afecten la actividad exploratoria del país, que requiere aumentar las reservas petroleras y espantar el fantasma de la importación, ya que hoy la autosuficiencia pasó de 6,9 a 6,6 años.
Recordó que el mejor aliado para erradicar los problemas con las comunidades es la licencia social, una herramienta que no expiden ni el Ministerio del Medio Ambiente ni la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (ANLA), sino el diálogo con las comunidades.
“Estamos trabajando desde el ministerio y con la industria para enfrentar esa conflictividad social. Con tal fin firmamos un convenio con el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo y no vemos camino distinto, para tramitar las diferencias y los desencuentros en las regiones, que el diálogo”, indicó.
En 2013, de los $46 billones recaudados por impuestos de rentas, $13 billones, es decir, el 28%, provinieron del petróleo. A esto se suman regalías y dividendos. Los ingresos que recibe el Estado por concepto de la industria petrolera representan el 31% de los ingresos corrientes de la Nación.
Entes territoriales reclaman
En el acto de sanción de la ley, el presidente Juan Manuel Santos señaló que, antes, el 80% de las regalías iba para los departamentos productores y el 20% restante se destinaba al Fondo Nacional de Regalías, con lo que se atendía a las regiones no productoras de hidrocarburos. Si bien esta posición ha sido atendida a regañadientes, con la disminución de los recursos se encenderán las alarmas el próximo año, cuando termine el año de transición y los departamentos productivos sólo reciban el 20% y el 80% restante se distribuya entre todos los entes territoriales.
Las comunidades ya se están preparando para reclamar por los recursos que se irán a otras partes, donde no tendrán que asumir los problemas ambientales y sociales que generan los procesos de exploración y explotación de hidrocarburos que sí hay en sus territorios.
Departamentos como Meta, Casanare, Arauca y La Guajira, entre otros, ya están reclamando las ayudas del Gobierno Nacional para poder cumplir con los planes de desarrollo afectados por la reducción de los recursos provenientes de regalías.
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@jairochacong