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Los titulares este mes en Brasil han estado repletos de alegatos de corrupción que involucran a la compañía Petrobras, que es propiedad del Estado, y a la coalición de centro izquierda del Partido de los Trabajadores (PT), que lidera la presidenta Dilma Rousseff.
Sin embargo, aunque ha recibido menos atención, otro escándalo es el que involucra al sistema de trenes de São Paulo, que también está llegando a una etapa de importantes revelaciones. En este caso, los contratistas internacionales y el principal partido de oposición, el PSDB, están bajo la lupa.
A principios de este mes, la policía imputó a 33 personas y congeló más de US$223 millones en activos de seis compañías, entre ellas cinco empresas extranjeras, como Siemens, de Alemania, y Alstom, de Francia. Esto ha avergonzado al PSDB, que ha administrado durante 20 años el estado de São Paulo.
La Corte Suprema de Justicia también está considerando si inicia un juicio contra dos políticos de oposición, entre ellos José Aníbal, del PSDB, por este caso, en el que los contratistas están acusados de tener un cartel para ganar las licitaciones de construcción, con la cooperación de los políticos.
“Un grupo de compañías, entre ellas Siemens y Alstom, se juntaron y formaron un consorcio para ganar una licitación internacional para la construcción de cinco líneas del metro de São Paulo, con la intención de reducir la competencia, en una actividad que se configura como un cartel”, dijo el fiscal general en una petición a la Corte Suprema.
La supuesta manipulación de las licitaciones para construir el sistema de metro subterráneo de São Paulo y sus líneas CPTM, que están sobre el suelo, es vergonzosa para el PSDB, cuyo candidato, Aécio Neves, estuvo cerca de ganar las elecciones contra Rousseff en octubre.
Neves atacó varias veces a Rousseff y a su partido por el escándalo de Petrobras, en el que muchos políticos, entre ellos ministros, supuestamente colaboraron con las compañías de construcción para recibir comisiones de los contratos de Petrobras.
El escándalo se ha convertido en una crisis para la compañía más grande de Brasil, que está siendo investigada por la Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos, y está poniendo a prueba a Rousseff, que se resiste a las peticiones para pedirle la renuncia a su amiga Maria das Graças Foster, la jefa de Petrobras.
Sin embargo, según los analistas, el escándalo de los trenes de São Paulo, que supuestamente involucra a los gobiernos del PSDB durante los últimos años, de 1998 a 2013, muestra que la corrupción en los contratos públicos es un problema brasileño y no sólo de un partido político.
“Las condiciones en Brasil han sido favorables para los carteles”, dijo Carlos Ari Sundfelt, de FGV, una institución académica de São Paulo.
La policía no ha nombrado a los 33 individuos y las compañías que han sido imputados en el caso del cartel del metro.
No obstante, el caso salió a la luz por primera vez luego de que la agencia antimonopolio de Brasil, el Cade, le ofreciera a Siemens ventajas si cooperaba con las investigaciones.