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Un desfase entre las cifras del Gobierno y la primera encuesta Nacional de Víctimas 2013 realizada por la contraloría General sobre el número de víctimas desplazadas por la violencia quedó demostrado en la presentación que hizo el contralor, sobre el tema, ante la Corte Constitucional.
Dice el informe de prensa de la entidad de control que mientras los Consejos de Nacionales de Política Económica y Social (CONPES) reportaban 3,8 millones de víctimas, la encuesta encontró 5,6 millones, al tiempo que los reportes actuales del sistema del gobierno hablan de 6 millones de personas desplazadas por la violencia y un millón de personas afectadas por otros hechos victimizantes.
El contralor General, Edgardo Maya Villazón, indicó que la encuesta indica también que, según los cálculos más conservadores, el despojo de tierras en el país se estima en 7,7 millones de hectáreas, lo que significa un incremento de 435 mil hectáreas de despojo en tres años si se compara con la medición que realizó en 2010 la Comisión de Seguimiento a la Política de Desplazamiento.
Consideró que para garantizar la verdad, la justicia y la reparación de las víctimas, es necesario que el diagnóstico se ajuste a parámetros de medición más próximos a la realidad. Sin duda, las proyecciones y expectativas establecidas en un comienzo en los CONPES deben ser reorientadas.
Dice el informe de prensa que esto implica, en términos concretos, la búsqueda de nuevas fuentes de financiamiento para la correcta implementación de la Ley 1448 de 2011, lo que subraya la importancia de la eficiente utilización de los recursos asignados, agregó Maya Villazón.
Explica el informe de prensa que los resultados del muestreo se obtuvieron con un alcance nacional, para seis regiones y 11 principales ciudades receptoras de población desplazada. En total se aplicaron 10.761 encuestas en 417 municipios, en donde se encuentra el 95% de la población víctima del conflicto, de los cuales, 9.101 fueron hogares con personas desplazadas inscritas en el RUV (Registro Único de Víctimas) y 1.660 hogares con personas desplazadas No inscritas en el Registro.
Los resultados de la encuesta presentados por el contralor Maya Villazón muestran las brechas socioeconómicas que afectan a la población víctima del desplazamiento forzado en Colombia. Describe la gravísima situación socioeconómica en la cual se encuentran la mayoría de las víctimas del desplazamiento forzado en Colombia (medida en términos de pobreza, marginalidad, vulnerabilidad, déficits educativos y habitacionales, barreras de acceso a los servicios de salud, entre otros).
El contralor señaló que se advierte un proceso de empobrecimiento masivo y sistemático que es necesario enfrentar activamente, sin restarle importancia a la necesidad de fortalecer las garantías de los derechos a la verdad y a la justicia que las víctimas reclaman.
Según el sondeo de la entidad de control de las finanzas públicas, el cumplimiento del goce de los derechos de la población víctima en situación de desplazamiento, es todavía precario, lo que no significa que la gestión del gobierno sea negativa.
“Por el contrario, los esfuerzos hechos por las instituciones encargadas de adelantar la política han sido enormes, lo que sucede es que, el conflicto no ha terminado, las víctimas son más de lo que el gobierno previó en 2011 y las metas que se definieron inicialmente fueron estrechas, sobre la base de una política de mínimos”, indicó el contralor Maya Villazón.
El comunicado de la contraloría General resalta que la población víctima del desplazamiento en estado de indigencia es del 35,5%, mientras que los datos para Colombia, según el DANE, revelan que en el país este mismo dato es del 9,1%. Por su parte, la población desplazada menor o igual a la línea de pobreza llega al 80%, mientras que para toda la población de Colombia es de 30,6%. “Las brechas creadas por el desplazamiento y el despojo son enormes y generan un alto grado de desigualdad en el 11,9% de la población”, resaltó el contralor Maya Villazón.