Crearán fondo para financiar proyectos productivos e infraestructura agroindustrial

Se alimentará con capital privado y, según Francisco Solano, presidente del Banco Agrario, buscaría los recursos para desarrollar las zonas francas para el agro.

Las esperanzas del Gobierno para los próximos tres años en relación con el sector agropecuario están puestas en el plan Colombia Siembra, que busca aumentar en un millón de hectáreas el área sembrada del país con productos como maíz y soya. Para eso es vital el proyecto de ley de Zonas de Interés de Desarrollo Rural Económico y Social (Zidres), que está a la espera de sanción presidencial, pues la creación de zonas francas para la agroindustria puede acelerar la explotación de áreas como la Altillanura.

En entrevista con este diario, Francisco Solano, presidente del Banco Agrario, habló del fondo de capital privado que el Gobierno está a punto de lanzar con el fin de conseguir financiación para proyectos productivos e infraestructura, una herramienta que les vendría muy bien a los interesados en las Zidres y en la que entidades como la CAF han manifestado que quieren participar. Se refirió, además, a las críticas que desde el Congreso se hicieron a los retrasos en el programa de vivienda rural que ejecuta el banco, entidad que estima, para 2015, $450.000 millones de utilidades.

¿Con qué cifras cerró el banco 2015?

Cerramos con cerca de $11,7 billones en saldo total de cartera, un crecimiento superior al 20% frente al mismo período del año anterior. La cartera agropecuaria cierra con cerca de $8,2 billones y logramos poner al banco a punto, sobre todo en temas tecnológicos, pues hoy 55% de las transacciones se hacen por canales virtuales. Implementamos el seguro agropecuario, que es un antes y un después para el sector, y lo mantenemos para cultivos de arroz, maíz, papa y algodón. Trabajamos para que a partir de 2016 podamos tener nuevos cultivos y productos, principalmente café, plátano y banano. Está también el cumplimento del Fonsa (Fondo de Solidaridad Agropecuario, el programa de alivio de deudas ante problemas climatológicos, sanitarios o de orden público), que era uno de los grandes acuerdos del Gobierno. El 94% de las operaciones estaban en el banco y dimos un cumplimiento de 100%. Esa gestión de cartera mejoró el índice de cartera vencida. El año pasado, el que teníamos en junio era cercano al 8,9%, y vamos a cerrar con 6,77%.

¿El fenómeno de El Niño no ha afectado los índices de cartera?

Ha tenido impacto, pero hemos hecho gestión y no ha sido significativo. Hemos ofrecido las alternativas a las personas que así lo han necesitado; lo importante es que se acerquen al banco antes de que estén en problemas.

Van a lanzar un fondo de capital privado. ¿Cuál es el propósito?

Es el vehículo con el que se podrá cofinanciar el desarrollo rural y los proyectos no banqueables. Es muy importante como mecanismo alterno de financiación. Funciona para financiar proyectos agroindustriales o de infraestructura rural en los que tanto el banco como la fiduciaria consideren prudente participar. Se debe hacer de común acuerdo con el gestor (Star Crop, de origen británico), que es el que busca los inversionistas internacionales que vienen a apoyar los proyectos. Empezaremos en cacao y palma, pero estamos abiertos a todo tipo de productos. La agroindustria que necesitará de grandes inversiones está muy interesada en esta herramienta, más aún con la aprobación de la ley de Zidres, el proyecto de trabajo que se tiene en la Altillanura y la nueva frontera agrícola, de la mano del plan Colombia Siembra. Estamos esperando que nos aprueben el reglamento y que con esto podamos avanzar. Está radicado en la Superfinanciera y puede demorar más o menos dos meses.

¿Ya hay interesados?

Hay muchos interesados, la tarea de buscarlos es del gestor. Eso se maneja en Londres, Nueva York, y Singapur, que son los grandes centros inversionistas. Hay interés por la palma, el cacao, forestales, y hemos visto que la banca multilateral está muy interesada. CAF e IFC han manifestado su interés directo, y con lo que hemos visto en países similares a Colombia, como Perú, Argentina, Uruguay y Brasil, estamos seguros de que la afluencia de capitales será muy alta, además, porque el sector rural suele ser riesgoso, pero también muy rentable.

¿Cómo explica los atrasos que se han señalado sobre el programa de vivienda rural?

El programa ha venido construyendo sobre lo construido. Desde 2011 se implementó un cambio importante en el programa básicamente en la forma de ejecutar los proyectos. Antes, los proyectos se asignaban directamente a los alcaldes, que hacían una unión temporal con los constructores; eso tenía ventajas y desventajas. Entre otras cosas, se perdía un poco el control y se podía incurrir en siniestros. Se llegó a una siniestralidad superior al 50% entre 2007 y 2009. En el informe que hizo la Contraloría fueron claros en hacer observaciones antes y después de 2010-2011. Las medidas que se tomaron después de ese período garantizaron los recursos y se organizó un esquema muy robusto para la transparencia, pero esos procesos llevaron a otros más demorados en la ejecución. Se necesita manejo con las entidades y el Ministerio, que por sus tiempos normales requiere decretos, procesos, términos, que lo han hecho mas lento. Estamos desatrasando los proyectos que estaban pendientes y terminamos 2015 con 73.000 viviendas entregadas; eso es cerca del 70% de lo que se ha hecho en vivienda urbana. Nosotros no hacemos bloques de edificios con 3.000 viviendas, sino casitas dispersas, y en el primer semestre de 2016 estaremos entregando las primeras 100.000 viviendas rurales.

En el debate de control político en la Comisión Quinta de la Cámara decían que el retraso del programa era cercano al 47%.

Hicimos la adjudicación para 14.000 viviendas con el nuevo modelo, y el retraso que se tuvo en 2015 obedece al tema de la firma del decreto 1934 de 2015, que debían firmar cinco ministerios, lo cual se tomó su tiempo, casi un año en todo el proceso de ajustes, trámites, revisiones, firmas, para que finalmente estuviera listo a finales de septiembre. Entre octubre y noviembre ajustamos todos los temas y adjudicamos los recursos. Con los recursos previos a 2015 llevamos avance físico cercano al 70-72%, y con respecto a 2015 ejecutamos más del 99%, cambiando el esquema y el tipo de vivienda (el nuevo modelo establece, por ejemplo, que las casas tengan tres habitaciones y no dos).

¿Qué significa que el banco salga de la Comisión Nacional de Crédito a partir de la reforma que se hizo a la institucionalidad del sector?

Es un tema que evita que el banco sea juez y parte. Se hace para que tenga mejor proceso de gobierno, básicamente porque era un banco usuario del sistema nacional de crédito agropecuario, es decir, ponía las reglas y usaba los sistemas. La medida nos deja tranquilos y nos obliga a que cada vez trabajemos más articuladamente con el Ministerio para sacar adelante los proyectos y, por supuesto, para que la Comisión haga propuestas que sean fácilmente implementadas en la banca de primer piso, porque muchas veces pueden tener buenas intenciones que en sí no son plasmables por un banco.

¿Y qué significa que Finagro tenga más facultades?

Está muy bien. Los dos grandes frentes en los que va a trabajar Finagro son los temas de gestión del riesgo, donde ya estaba funcionando, administra el fondo de riesgos agropecuarios; también tenemos el esquema de coberturas y futuros, que es un tema interesante que la Bolsa viene trabajando con Finagro. Finalmente, Finagro es un enlace entre los subsidios y la banca de primer piso. Entre más facultades tenga nos agiliza y facilita los procesos, no sólo a nosotros sino a todos los bancos.

¿Ya hubo nombramiento del vicepresidente ejecutivo?

Eso se nos dilató, pero esperamos tenerlo en los dos primeros meses del año.

 

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