¿Por qué critican la licitación del Canal Uno?

Uno de los miembros del consorcio que ofertó por el Canal Uno tiene menos de dos meses de vida en Colombia. El origen del proceso generó una demanda por inconstitucionalidad que la Corte falló en julio pasado, y, esta semana, una denuncia penal contra el Mintic.

Ángela Mora, directora de la ANTV, y David Luna, ministro TIC. / Mauricio Alvarado

Sólo un proponente se presentó este martes, en las instalaciones de la Autoridad Nacional de Televisión (ANTV), con la intención de quedarse con toda la programación del Canal Uno a partir de mayo de 2017. Al borde de las 3 p. m., hora en que vencía el plazo, en la urna quedó depositada la oferta –cuyo monto no fue revelado- del consorcio formado por una nueva sociedad llamada HMTV Uno y RTI, CM& y NTC (que produce Noticias Uno). Estos dos últimos hoy tienen, cada cual, el 25% de la parrilla de la cadena Uno.

Así las cosas, queda confirmado que el Grupo Sarmiento, uno de los potenciales interesados, no ofertó. Ahora, la Universidad Nacional, que suscribió un contrato con la ANTV, evaluará si la propuesta hecha por la denominada Promesa de Sociedad Futura Plural Comunicaciones SAS llena los requisitos. De entrada, el consorcio se presentó con una póliza de seguro que cumple el mínimo de $10.000 millones estipulado en los pliegos de la licitación y con un cupo de crédito de $45.000 millones, otorgado por Bancolombia.

“Somos tres programadoras colombianas muy conocidas en el medio, RTI, NTC y CM&, y el cuarto (HMTV) es un socio estratégico, una sociedad constituida en Colombia y que tiene larga experiencia en programación. Su casa matriz (Hemisphere) es una compañía con canales en Estados Unidos y en Puerto Rico”, afirmó Eduardo Flórez, apoderado del consorcio y vicepresidente de RTI. Según el registro en la Cámara de Comercio, HMTV fue creada el 20 de septiembre pasado.

De acuerdo con el cronograma, el 30 de noviembre se conocerá el monto propuesto por el consorcio, que, para que haya adjudicación, debe igualar o superar el avalúo que para la licitación hizo la Universidad Nacional. Esa última cifra también se conocería el 30 de noviembre.

Jorge Barón, que hoy tiene otro 25% de la parrilla, no presentó propuesta porque, asegura, no pudo conseguir el cupo de crédito. Al acto de recepción de ofertas, que contó con la presencia de un delegado de la Procuraduría General de la Nación, asistieron los abogados de la programadora de El Show de las Estrellas y de la empresa Programar, principales inconformes con el proceso de licitación.

El primero ha pedido a la ANTV que revise la solicitud de prórroga que hizo y que la entidad negó. El caso se remonta a 2013, cuando Jorge Barón pidió una prórroga de los espacios en televisión por 10 años, pero eso sólo resultó en la ampliación de la concesión por 40 meses (hasta abril de 2017). La razón: según Jorge Barón, la ANTV fundamentó la negativa a la prórroga en que no había estudios técnicos que sustentaran su viabilidad.

“Hoy, según lo ha anunciado públicamente, la ANTV cuenta con los elementos necesarios para abrir licitación, que están contenidos en un nuevo estudio técnico y económico de la Universidad Nacional de Colombia y, por lo tanto, es posible generar un escenario de prórroga de diez años”, dice una comunicación de Jorge Barón.

Programar, por su parte, interpuso denuncia penal contra el ministro TIC, David Luna, y solicitó medidas cautelares ante la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC), con el fin de que se detenga la licitación. Según Mery Janneth Gutiérrez, representante de Programar, entre otras cosas, no es cierto que esa empresa “renunció” a los espacios de TV que tuvo hasta el 2013, y en consecuencia, afirma Gutiérrez, el ministro Luna “mintió” en la respuesta que dio a la Corte Constitucional en la demanda por inconstitucionalidad contra los artículos del Plan Nacional de Desarrollo que permitieron cambiar el modelo del Canal Uno.

La ANTV, al respecto, ha explicado que la prórroga de espacios que pidió Programar no procede, debido a que la adjudicación en su momento se hizo a una unión temporal entre Programar y RTI, no a cada uno por separado. Eduardo Flórez, vicepresidente de esta última compañía, explicó que, para la ampliación por 40 meses que se dio a los concesionarios en 2013, RTI y Programar no se pusieron de acuerdo.

Por otro lado, la programadora pide a la SIC que investigue si el nuevo consorcio incurrió en prácticas restrictivas de la competencia. “Todo el pliego de la licitación estaba dirigido a la conformación del grupo que finalmente se presentó, tanto que a última hora se permitió la inscripción de HMTV en el RUO (registro de potenciales interesados)”, según Gutiérrez. Programar ya había solicitado medidas cautelares ante el Consejo de Estado, asunto sobre el cual, de acuerdo con la abogada, no han recibido respuesta. 

La ANTV recordó durante el acto de este martes que todo el proceso ha tenido el acompañamiento de la Procuraduría General de la Nación. Esa entidad, sin embargo, le hizo al Gobierno algunas advertencias conocidas la semana pasada. “Si la ANTV mantiene la decisión de no revelar el precio de la concesión con el fin de obtener mayores ingresos para el Fondo de Desarrollo de la TV, deberá asegurarse que la información publicada en los documentos del procesos sea suficiente y completa para todos los inscritos en el RUO que estén interesados en presentar una propuesta económica”, precisó un documento de la Procuraduría.

 

 

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