De $19 billones de recursos públicos “embolatados” se recupera 0,07%

La Auditoría General de la República trabaja en una plataforma para, casi en tiempo real, dar pistas a las contralorías sobre posibles carruseles o desvío de recursos.

Felipe Córdoba lleva cinco meses a la cabeza de la Auditoría General de la República (AGR), el ente que vigila las contralorías. En lo que la AGR llama “tiempo récord”, él y su equipo entregaron un informe sobre 2014 y 2015 acerca del destino de los recursos de los entes territoriales. La novedad, según cuenta Córdoba en entrevista con este diario, fue no sólo saber con certeza de cuánto eran los presupuestos, sino la detección de mallas empresariales y tendencias, como una excesiva contratación con sindicatos, que prenden las alarmas para que las contralorías investiguen más a fondo. La idea de la AGR es hacer estos informes mensualmente y ponerlos en la web y una aplicación móvil para que las contralorías y los ciudadanos consulten.

¿Cuál fue el propósito del estudio?

Llevamos cinco meses en la Auditoría y cuando empezamos nos propusimos un esquema que nos diga qué pasa con la fuente y el uso de los recursos. En Colombia hay más de mil municipios y 32 departamentos, y no sabíamos a ciencia cierta cuál era su presupuesto en 2015. Nos tocó concejo por concejo, asamblea por asamblea, ver cuál era el presupuesto de cada uno de esos entes territoriales. Se encontró que eran más de $120 billones, y necesitábamos saber cuánto era para la salud, para educación, alimentación, infraestructura y a quién le llegan esos recursos, ver si hay buenos o malos ejecutores, ver cuánto no se invierte y queda en el sistema financiero, que son alrededor de $3 billones. También, poder establecer si hay una presunta desviación de recursos, para luego poder tener un componente de control al control de la contratación. Poder ver también qué mallas empresariales de concentración contractual hay. Quiénes tienen esas mallas empresariales o mal llamados carruseles de contratación.

¿Qué encontraron en el estudio?

Se ha contratado en el sector salud territorial más que todo con sindicatos. Hay ejemplos en el Cauca y Valle del Cauca. Vemos que se crean instituciones como el IDEA en Antioquia, el Fondecun y el Instituto de Desarrollo del Meta para que esos institutos, que tienen otros manuales de contratación, puedan hacer contrataciones directas. Los departamentos o municipios envían los recursos a dichas entidades para que contraten de esta manera y no tengan que hacer el tránsito normal de la contratación pública. Eso genera riesgos. Es importante que a raíz de este estudio sean la Procuraduría, la Fiscalía y la Contraloría quienes empiecen a ampliar la lupa. Podemos ver que hay varias mallas empresariales que se especializan en contratar, pero que no son especialistas en eso que están contratando, empresas que su razón social dice que pertenecen al sector artístico y terminan haciendo vías. Es importante que estos riesgos los vigilen los contralores, pero si antes no sabíamos cuál era el monto que tenían en su departamento, cómo lo íbamos a vigilar.

¿De hablar de mallas empresariales a hablar de un carrusel cuánto hay?

Somos muy prudentes, porque nosotros hemos observado riesgos. De ahí para adelante hay que ampliar la lupa. Estas son pistas para verificar qué sucede. Esas mallas y esa concentración nos van indicando qué sucede. Hay que revisar cuántos de esos contratistas de uniones temporales no han cumplido con sus contratos y cuánto se repite el incumplimiento, para que las Supersociedades y la Superintendencia de Industria y Comercio tomen cartas en el asunto y que las contralorías, si llegan a incumplir, recuperen rápidamente el recurso público.

¿Qué instancia de diálogo hay con esas entidades que deben tomar cartas en el asunto? ¿Ya hay investigaciones en curso?

El informe es nuevo, salió en diciembre. Estamos esperando que con base en ese informe se tomen las acciones correspondientes, es un informe de cooperación interinstitucional, buscamos que rápidamente se mueva en el Estado.

¿Cómo garantizar que esas entidades del Estado pondrán atención sobre lo que dice la Auditoría?

Le haremos seguimiento al tema. Tenemos que hacerlo, para eso está también la Comisión Nacional de Moralización que creó el estatuto anticorrupción del que hacemos parte todos los entes de control del estado y desde allí se puede verificar y hacer seguimiento a estos temas.

El estudio se hizo entre un año no electoral y otro electoral. ¿Qué encontraron?

En 2015 se incrementó en un 63% la contratación directa. ¿Por qué se dispara si tenemos un año electoral? Pero además, ¿cuáles son los riesgos que se tienen de que sea solo contratación directa, que sea a dedo, que no se democratice el tema y que no tengamos la capacidad de llegar a implementar los mecanismos de contratación que tienen la idoneidad?

A nivel territorial, ¿el aparato de las contralorías está en capacidad de recoger toda esa información y procesarla?

Este año estamos planteando con el contralor general de la República la creación de un proyecto de acto legislativo para cambiar el modelo de control fiscal del país, buscamos tener herramientas para el año 2016. Hoy andamos con herramientas del 2000 y el control fiscal lo ven póstumo, que llega tarde.

¿Que el cambio de modelo sea cuál?

Nuestra idea es que sea una entidad la que investigue y otra la que juzgue, que se especialicen en investigar y hacer la auditoría y que sea otro ente jurisdiccional, un tribunal de cuentas, el que rápidamente juzgue y recupere el recurso público, porque hoy las cifras son extremadamente tristes, tenemos 17.000 procesos de responsabilidad fiscal por $19 billones y una recuperación del 0,0 7%. Hay que cambiar.

¿Cuándo estará esa propuesta?

Trabajamos para radicarlo lo antes posible.

¿En qué herramientas tecnológicas se apoyan para que esta información esté disponible?

Se ha creado el SIA observa o el SIA contraloría o el SIA misional dentro de la rendición de la cuenta electrónica. Para que fuera mensual la volvimos electrónica y para tener la información en línea y que rápidamente se pueda utilizar.

Hubo críticas al momento de su elección porque usted trabajó en la Contraloría (con la excontralora Sandra Morelli) y ahora entraría a vigilarla.

Para ese tema uno se declara impedido, la Constitución y la ley son muy claras, uno se declara impedido y quedan otras personas vigilando. Me declaré impedido en los temas que había conocido y en lo que tenía relación, pero no en todo se tiene que declarar uno impedido. El contralor (Edgardo) Maya es nuevo, y como contralor uno lo puede vigilar. Con todos los temas de la doctora Sandra Morelli me declaré impedido. Para ese tema la misma Procuraduría General de la Nación designó a la auditora auxiliar, Ángela Murcia.