El primero en dar el paso es el banco Colpatria. Ayer su presidente, Santiago Perdomo, anunció a sus clientes de 34 ciudades del país que a partir del 1º de marzo esa entidad ya no cobrará más por el manejo de cuentas de ahorro o corrientes. Es decir, por ejemplo, los $10.200 que el banco estaba deduciendo cada mes anticipadamente por manejar la tarjeta débito, se eliminarán definitivamente.
Un paso importante para sacar del mercado el manejo del dinero efectivo y aumentar la bancarización del país, pues de acuerdo con el mismo Perdomo, si la gente siente que no le cobran por este tipo de servicios, dejará de llevar el dinero en el bolsillo y lo pondrá en el banco. Y el espacio para aplicarlo puede ser amplio. Según cifras de la Asociación Bancaria y de Entidades Financieras de Colombia (Asobancaria), hoy el 76 % de los colombianos tienen algún tipo de producto financiero.
Una cifra nada despreciable, aunque con muchos retos por delante, pues al finalizar el año 2014, a pesar de que se contabilizaron 55,9 millones de cuentas de ahorro, el 54 % de ellas estaban inactivas. La razón, de acuerdo con un estudio de la Superintendencia Financiera de Colombia, es que las principales barreras para que los colombianos ahorren siguen siendo costos asociados al ahorro formal, productos que no se ajustan a las necesidades del consumidor, baja rentabilidad e ingresos insuficientes.
Aunque la decisión de Colpatria es un buen mensaje al resto de bancos del país, en el universo del sector, que son 45’207.023 clientes en 25 entidades financieras, los beneficiados con la medida son apenas 300 mil, pues, a pesar de que los colombianos que tienen cuenta en Colpatria son 2’800.000, el resto tienen tarjeta de crédito, un producto para el que no aplica la medida.
“Esto lo venimos sopesando desde hace mucho tiempo. Incluso, en varios foros he manifestado la necesidad de reducir el uso del efectivo en la economía y siempre hemos visto que la gente dice que lo que queremos son más comisiones para el sistema financiero. Pues no, aquí hay una respuesta a esos colombianos que dicen no, yo no muevo la plata en un banco porque me cobran”, dijo Perdomo.
Justamente, una apreciación que abre el debate de si el resto de entidades financieras deben tomar la misma decisión que Colpatria. Sin embargo, las cifras hablan solas y develan que lo que hay detrás del cobro de comisiones sigue siendo un negocio nada despreciable para los bancos y que la decisión de no cobrar es difícil.
Por ejemplo, si Bancolombia le cobrara a sus 8 millones de clientes con cuentas de ahorro $10.490 anticipadamente cada mes por el manejo de la tarjeta débito, obtendría $83.920 millones mensuales. O, en el caso del Banco de Bogotá, recaudaría $45.900 millones si le dedujera a sus 4’500.000 clientes los $10.200 que cobra por el manejo del plástico.
Los recursos que recaudan cada mes estas entidades por cobrar estas comisiones son altos, dice María Mercedes Cuéllar, expresidenta de Asobancaria. “Creo que son parte del mismo negocio bancario. Ahí está la causa de que se hayan demorado en ir reduciendo las tarifas. De hecho lo han venido haciendo poco a poco, pero me parece que este paso de Colpatria es fundamental”.
Y pesa más aún este argumento, si se tienen en cuenta las cifras de transacciones financieras entre 2013 y 2014, que según la Superfinanciera, crecieron a una tasa de 12 % en el número de operaciones y 7 % en el monto transado.
“Una gran noticia para el país el anuncio hecho por Colpatria. Esto demuestra que sí se puede y comienza la gratuidad que hemos venido exigiendo. El primer banco empieza a rebajar sus tarifas y seguro vendrán los demás. Cinco años de lucha en contra de cobros excesivos y abusos, hoy dan sus frutos; es decir, vale la pena luchar por defender el bolsillo de los colombianos”, asegura el representante a la Cámara David Barguil.
Así las cosas, el reto que queda por delante es que las entidades financieras sopesen sacrificar esos ingresos, ante la posibilidad de que deje de circular en el mercado el dinero en efectivo, precisamente una de las estrategias que, según han manifestado los bancos, serviría para controlar no sólo la informalidad, sino también el lavado de activos.
