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La adjudicación de uno de los mayores procesos de contratación de este gobierno, el de los 10.000 centros rurales conectados a internet, estaba programada para el viernes pasado. Sin embargo, se ha aplazado tres veces: la primera, con el fin de dar tiempo para revisar los informes de la evaluación que se hizo a los oferentes; la segunda, para terminar de revisar y dar respuesta a las observaciones al informe de evaluación, y finalmente, este martes 1.° de diciembre, para resolver una recusación que calentó los ánimos durante la audiencia.
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El motivo de la controversia es que el apoderado de uno de los proponentes (Unión Temporal SES Inred, conformada por SES Telecomunicaciones de Colombia y Red de Ingeniería), el abogado Camilo Valencia, presta servicios de asesoría jurídica a la ministra TIC, Karen Abudinen, en el marco de un contrato con vigencia hasta el 31 de diciembre de este año.
Por esa razón, la Red Nacional de Veedurías Ciudadanas Bien Común recusó a la ministra y a Adriana Meza, secretaria general del Mintic y representante legal del Fontic, entidad que adelanta el proceso de los 10.000 centros rurales conectados y con la cual Valencia firmó el contrato de asesoría jurídica para la ministra Abudinen.
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“Teniendo pleno conocimiento [de] estos hechos y de su intervención ni la ministra ni su secretaria general manifestaron impedimentos ni conflictos de interés muy a pesar que su asesor externo hacía parte de uno de los proponentes de la licitación más importante del Ministerio en los últimos años y por la billonaria cuantía del proceso”, dice la recusación. El presupuesto del proceso es de $2,1 billones y busca conectar a internet 10.000 centros, principalmente escuelas rurales, durante 10 años.
Además de que acepten los impedimentos y se aparten del proceso, la Red de Veedurías les solicita a las funcionarias que se declare “la nulidad de todo lo actuado desde el momento de las calificaciones técnicas, financieras, jurídicas realizadas a los proponentes que participan en el proceso licitatorio mencionado para proteger los principios de la contratación pública”.
Pese a que este martes la audiencia de adjudicación fue suspendida y que se reanudará una vez se resuelva la recusación presentada, más temprano, en la mañana, los representantes del Mintic habían dado una respuesta a la observación sobre el posible caso de conflicto de interés. Sandra Orjuela, subdirectora de Gestión Contractual del Ministerio, explicó que en uno de los parágrafos del contrato de prestación de servicios del señor Valencia quedó especificado que quedaban excluidos de este los servicios de asesoría jurídica en contratación administrativa, incluyendo los procesos de selección de contratistas para la provisión de servicios TIC.
Además, dejó claro que el señor Valencia presta servicios para la oficina de asesoría jurídica, la cual no adelanta procesos de selección (tampoco fue evaluadora en el proceso), pues esa es una competencia de la Secretaría General. El señor Valencia, no obstante, suscribió el contrato con la secretaria general, Adriana Meza. En suma, según la respuesta dada en la mañana por el Mintic, el señor Valencia no desempeñó ninguna actividad en la estructuración del proyecto de licitación actual y, a la luz de los pliegos de este, tampoco ha incurrido en un conflicto de interés (no fue asesor o consultor en la estructuración del proceso ni en estudios contratados para este, entre otras funciones).
A su turno, Valencia calificó de ridículas las acusaciones que pretendan sugerir que él ejerció influencia sobre el proceso. Además, dijo que los señalamientos en su contra son “oportunistas”, en referencia al oferente Red Iris, que reclamó claridad sobre lo ocurrido teniendo en cuenta, sobre todo, que Valencia fue uno de los mayores críticos frente a la oferta de Red Iris (que, finalmente, no cumplió con ciertos requisitos para su habilitación dentro del proceso). Valencia añadió, finalmente, que el pliego de la licitación definía claramente lo que era un conflicto de interés, en el que, asegura, no incurrió.
Los otros nueve proponentes tuvieron la oportunidad de referirse a esta controversia. Mientras algunos estuvieron de acuerdo en que “habla muy mal” del proceso el hecho de que un asesor de la ministra sea apoderado de uno de los proponentes, otros prefirieron mantenerse neutrales o no opinar sobre el tema.
La recusación, en el caso de la ministra, en caso de que ella la rechace, pasaría a ser revisada por el consejo de ministros, por lo que podría inferirse que la adjudicación de la conectividad de 10.000 escuelas rurales no ocurrirá tan pronto como se esperaba.
Sobre otra de las observaciones que hicieron las veedurías, acerca de la presunta participación de un integrante del proponente Conexo TIC (Energía Integral Andina) en un caso de corrupción que está siendo investigado, el Mintic respondió que la cartera debe respetar el debido proceso y que prima la presunción de inocencia.