Después de muertos seguían celebrando contratos, la práctica que destapó la Contraloría

Gustavo Torrijos - El Espectador

“Contratistas camuflados”, ese es el calificativo que otorgó a estas personas el contralor general de la república, Felipe Córdoba, al conocer los resultados que dan cuenta de una malla de 13.000 contratistas que han celebrado acuerdos irregulares con entidades territoriales. Se estima que la suma de todos alcanza recursos por $60 billones.

“Estos contratistas aparecen camuflados detrás de Consorcios, Uniones Temporales y como personas naturales”, detalló la contraloría.

Dentro de los principales casos encontrados, destaca el de las personas que después de muertas aparecen celebrando negocios con la administración pública. También hay quienes pese a estar inhabilitados por causas fiscales o disciplinarias “obtuvieron jugosos contratos”.

Dentro de este listado, también figuran los “contratistas que hacen de todo”, es decir, personas que en un documento figuran como prestadores de servicios de adquisición de maquinaria, pero en otros como dotación de calzado; provisión de refrigerios estudiantiles y hasta celebración de reinados de belleza.

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Incluso se encontró que una misma persona aparecía como la encargada de suministrar cajas fúnebres e insumos agrícolas y, al tiempo, en otro contrato se registra como el prestador de un servicio de adecuar estaciones de policía.

“Hay una persona a la que le aparecen contratos por mercados, compra de gallinas, mantenimiento de instrumentos de cuerda, instalación de parques y alimentación escolar. Un caso donde solo cabe preguntarse: ¿es posible que pueda hacer todo eso al tiempo?”, comunicó la contraloría.

Para el contralor, esto no es más que una demostración de que la administración en el país no conoce, o ignora, el perfil básico de sus contratistas y no tiene en cuenta sus antecedentes. “En numerosos casos la experiencia y la calidad de los integrantes de esas mallas brillan por su ausencia”, detalló.

Con este hallazgo, Córdoba hizo un llamado de atención para tener claro que los contratistas solo deben dedicarse a lo que es su experticia, “no se trata de contratar por contratar, porque se pierde la plata y los proyectos quedan mal”.

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La Contraloría anunció que ha pedido colaboración con otras entidades como la Registraduría, Procuraduría, Fiscalía, Superintendencia de Industria y Comercio y la Superintendencia de Sociedades para seguir adelantando esta investigación.

Vale la pena resaltar que este hallazgo, según Córdoba, se logró gracias al trabajo que durante dos meses ha venido adelantando OCÉANO, la central de información contractual, donde se depuraron 8 millones de registros, de los cuales, han logrado analizar la mitad, 4,5 millones otorgados por la administración pública entre los años 2016 y 2018.