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La Contraloría General de la República encontró posibles detrimentos patrimoniales por $35.941 millones en el marco de la fiscalización a los recursos de la Ley de Víctimas a lo largo de siete años (2012 a 2019) y en medio de 32 auditorías, 48 actuaciones especiales y 153 ejercicios de seguimiento a nivel territorial.
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Según el contralor delegado para el Posconflicto, Juan Carlos Gualdrón, por años han identificado riesgos y cuellos de botella en sus labores de vigilancia y seguimiento en el uso los recursos públicos destinados a la restitución de derechos y reparación de las víctimas.
En dicho periodo, por ejemplo, se realizó una auditoria financiera a la Unidad de Atención y Reparación Integral a Víctimas, en la cual se establecieron 11 hallazgos administrativos, de los cuales 2 tienen incidencia disciplinaria.
Pero, además, la entidad de control advirtió que Ley de Víctimas está desfinanciada. Los decretos leyes étnicos, por ejemplo, se encuentran desfinanciados y hay más de 483 sujetos étnicos, de los cuales solo el 10 % ha sido reparado.
La Contraloría calcula que hasta el año 2030 el Gobierno Nacional debe invertir unos $357,4 billones para más de 9 millones de colombianos incluidos en el Registro Nacional de Víctimas. Las mayores inversiones están relacionadas con los temas de vivienda y alimentación, ambas por un monto de más de $20 billones.
“Medidas como indemnización administrativa y colectiva, requieren un valor de $48,7 billones. Para cubrir esta medida en 10 años, la inversión anual debería estar alrededor de $4,8 billones. Por monto le sigue la medida de vivienda con $26 billones, alimentación con $24,8 billones (15,5 %) y retornos y reubicaciones con $20,5 billones (13 %)”, detalló la Contraloría.
Pero no son las únicas deficiencias encontradas. Por un lado, la UARIV asigna un 7 % ($3.366 millones en 2019) de los recursos disponibles para garantizar la estabilización de los pueblos étnicos retornados, pero no se ejecutan en su totalidad. Por otro, 421 sujetos étnicos se encontraban pendientes de indemnización colectiva que se calculó en $120.000 millones. Finalmente, solo el 10 % de los sujetos de reparación colectiva étnicos se encontraba en etapa de implementación y ninguno de ellos había terminado su proceso, una política para la cual se requieren $1,6 billones.
Entre 2020 y lo corrido de 2021, se cuentan una auditoría de cumplimiento sobre indemnización administrativa, que estableció 18 hallazgos administrativos, de los cuales 10 tienen incidencia disciplinaria y 1 es de carácter fiscal, con un presunto daño patrimonial calculado de $7,4 millones, y otra de cumplimiento sobre subsidios de vivienda rural entregados por el Banco Agrario de Colombia (BAC), que estableció 23 hallazgos administrativos, de los cuales 20 tienen presunta incidencia disciplinaria y 11alcance fiscal, determinándose un daño patrimonial por un total de $5.531 millones. Por este último se solicitó la apertura de seis indagaciones preliminares.
También se están adelantando ejercicios de auditoría en la Unidad Administrativa Especial para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas y una actuación especial a Fonvivienda sobre la legalización de los Subsidios del Programa Bolsas Anteriores.
Para el segundo semestre, se tiene programada una auditoría de cumplimiento que abordará las temáticas relacionadas al Fondo de Reparación a Víctimas y la aplicación de otras medidas.
Así mismo, para la vigencia 2020 se realizó seguimiento a 80 municipios PDET y durante la presente vigencia se espera visitar estos mismos municipios y adicionalmente realizar seguimiento sobre 35 municipios nuevos.
El informe se conoció en el marco de la conmemoración del Día nacional de la memoria y la solidaridad con las víctimas del conflicto armado.