La deuda de los economistas

Profesionales de esta área que han dirigido el país durante los últimos treinta años tienen una promesa social por cumplir con Colombia.

Según el coeficiente Gini, Colombia presenta uno de los mayores grados de desigualdad del mundo. / Archivo

Así como en los últimos treinta años los presidentes de Colombia han concluido su labor con resultados poco satisfactorios en el frente social, una generación importante de economistas, comenzando por los ministros de Hacienda, copartícipes de los gobiernos que ha habido entre 1970 y 2014, ha desempeñado su papel con un balance muy pobre en lo que se refiere a combatir la inequidad que afecta a gran parte de la población.

Si bien es cierto que nadie discute que ha habido una gestión ortodoxa y bastante seria para evitar períodos de hiperinflación, crisis cambiarias o cesación de pagos, tal como ha ocurrido en otras naciones, es evidente que es muy largo el trecho que hay que recorrer para alcanzar niveles de crecimiento y de desarrollo lo suficientemente altos como para salir definitivamente del subdesarrollo.

Sin excepción alguna, nuestros ministros de Hacienda e integrantes del equipo económico de diferentes gobiernos, pertenecientes a la generación a la que se hace referencia, suelen sacar pecho con la conquista de índices de crecimiento precarios, porque lo hacen dentro de un clima de equilibrio macroeconómico, sin detenerse a mirar ciertos sectores claves y sin examinar con seriedad las políticas que garanticen una mejor redistribución del ingreso, así tengan que afectar a importantes grupos de presión.

Parece que se conformaran con acatar los lineamientos trazados por el Fondo Monetario, el Banco Mundial, el BID y la banca multilateral, trasplantando modelos foráneos, puestos en ejecución en países muy diferentes al nuestro. Da la sensación de que nuestros funcionarios no quisieran indisponerse con tales instituciones, porque, en la mayoría de los casos, una vez terminan sus funciones en Colombia, aspiran a ocupar un alto cargo en los mencionados organismos.

Tal como ocurre hoy con la anunciada reforma de impuestos, que seguramente terminará en un maquillaje mal hecho de nuestro regresivo régimen tributario, en los programas de ajuste diseñados en Colombia nuestros economistas se ciñen, por lo general, a los instrumentos tradicionales para llevar a cabo un ajuste: incremento en los gravámenes, control del gasto público, modificación de aranceles y restricción o expansión de la masa monetaria. En la mayoría de los casos ha faltado audacia, versatilidad y pragmatismo para enfrentar con decisión los grandes problemas nacionales de carácter estructural.

Lo más triste de todo es que muchos de esos economistas que han fracasado en su gestión como ministros de Hacienda o como jefes de otras carteras del sector económico siguen sentando cátedra en medios de comunicación, en seminarios y conferencias, tratando de imponer lo que el país debe hacer en adelante, cuando lo cierto es que no fueron capaces de actuar con determinación cuando tuvieron la oportunidad de hacerlo. ¿No será el momento para que se retiren a los cuarteles de invierno y les permitan progresar a las nuevas generaciones?

La verdad es que la generación de economistas nacidos entre los años cuarenta y cincuenta del siglo pasado tiene contraída una deuda social con el país. Así lo perciben las nuevas generaciones de egresados de las principales universidades. Por ejemplo, para miles de jóvenes y analistas que le hacen un seguimiento al acontecer económico nacional, es desconcertante ver, por ejemplo, cómo en los ocho años de los dos gobiernos de Uribe Vélez se acudió a políticas que premiaron en exceso con exenciones tributarias billonarias a los grandes capitales, mientras se castigó con dureza a los asalariados, recortándoles el recargo nocturno y olvidando a los pensionados. ¿Cuántos años llevamos escuchando que por fin se va a combatir la evasión de los terratenientes y detentadores de las grandes fortunas en Colombia? Amanecerá y veremos.

A propósito de los jubilados que hay en Colombia, el actual gobierno sostiene que no hay plata para que se subsidie el ocho por ciento del aporte a la salud que deben pagar 1’400.000 pensionados. Por lo tanto, tendrán que seguir aportando el doce por ciento para poder seguir recibiendo un servicio de salud de pésima calidad. No solo se afectan sus ingresos en comparación con lo que recibían cuando eran empleados, sino que, para colmo de males, tan solo se les reajusta la mesada en el equivalente al índice de precios al consumidor, es decir, por debajo del reajuste que reciben las personas con salario mínimo. Entre tanto, numerosos empresarios de la hotelería y el turismo continúan recibiendo como premio exención de impuestos por 25 años para que remodelen una casa vieja y la conviertan en un hotel boutique.

Es verdad que la ortodoxia y el continuismo en ocasiones son importantes, pero hay casos en que se convierten en tan solo un paliativo en el sendero que conduce a salvar una economía enferma de inequidad e injusticia como la nuestra, que requiere como nunca antes de una cirugía de fondo que le garantice a Colombia enfrentar con éxito los grandes retos que demanda una sociedad moderna, donde conceptos como la investigación, la competitividad y la tecnología de punta están a la orden del día.

Es lamentable observar los resultados de recientes estudios de organismos internacionales que demuestran que, según el coeficiente Gini, Colombia presenta uno de los mayores grados de desigualdad del mundo. Esta es la prueba reina de lo afirmado en este artículo: en los últimos treinta años es muy poco lo que se ha hecho para evitar que unas cuantas personas o empresas ostenten la mayor parte de los ingresos y de la riqueza de nuestro país. Se pueden contar con los dedos de la mano las naciones en que un ejecutivo gane, por ejemplo, $30 millones mensuales, mientras que un obrero raso solo devenga $600.000, es decir, lo que vale una botella de whisky sello azul en la Zona Rosa. Algo más, en todo un año de trabajo el obrero no alcanza a devengar ni la cuarta parte de lo que recibe el ejecutivo cada treinta días.

La brecha de la que hablaba Alfonso López Michelsen se ha mantenido en las últimas tres décadas. Nadie discute que persiste una escandalosa concentración de la riqueza y del ingreso y que son contundentes e irrebatibles los fracasos en los programas de redistribución y en el desarrollo de planes orientados a mejorar la calidad de los servicios de salud y de la educación, para mencionar tan solo dos áreas importantes en las que estamos en crisis.

Lástima que esta élite de economistas que se ha equivocado en muchas de sus políticas, pero que también ha tenido algunos aciertos, no haya sido objeto de un riguroso escrutinio público, para que la ciudadanía pueda sopesar con objetividad sus logros y fracasos, tal como ocurre en países de Europa. Dicha falta de análisis hace que se presenten casos en que el funcionario o asesor que diseñó una reforma tributaria, sea la misma persona que lidere una contrarreforma, o quien fue gestor de un plan de desarrollo pase, por obra de la famosa silla giratoria, al sector privado y desde allí, sin ningún escrúpulo, destruya su propia criatura.

*Ex editor económico de El Espectador