El artífice del 4G

Diego Molano se anotó un hit con la subasta 4G. No solo amplió la competencia de la industria móvil sino que le dejó al Estado ingresos superiores a los esperados.

Diego Molano Vega, ministro TIC. /Archivo
Diego Molano Vega, ministro TIC. /Archivo

Hace tres años, cuando se oficializó su nombre como nuevo jefe de la cartera de Tecnologías de la Información y la Comunicaciones (TIC), muchos su nombre confundieron con el saliente director de Familias en Acción (exdirector del Bienestar Familiar). Aclarada la confusión, sobrevino cierta decepción: no era el primer candidato a ocupar el cargo. Porque en un principio, esa distinción estaba reservada para Orlando Ayala, vicepresidente de Mercados emergentes de Microsoft, el colombiano de más alto rango en la multinacional tecnológica, quien prefirió mantenerse en el sector privado. De ahí que pocos le auguraran una buena labor.

Sin embargo, desde el día en que asumió el despacho, Diego Molano Vega se propuso transformar el panorama de las telecomunicaciones en el país. Para ello se trazó un gran objetivo: lograr que los 2,2 millones de conexiones de internet de banda ancha se convirtieran, al cabo de cuatro años, en 8,8 millones. Ese salto supondría la profundización de la industria en el país, con la llegada de más empresas tecnológicas de alto perfil (antes de posesionarse, Hewlett-Packard había anunciado la instalación de un centro de alta tecnología en Medellín que le demandaría una inversión de US$30 millones y generaría 4.000 empleos) y el desarrollo de nuevos negocios digitales.

Y para ello sería necesario que los colombianos se acostumbraran cada vez más a las conexiones inalámbricas. Cabe decir que en esa primera tarea, el país se benefició por el desarrollo y la rápida adopción de dispositivos móviles como teléfonos móviles, tabletas y ultrabooks, además de la penetración instantánea que entre la población tuvieron las aplicaciones móviles como el Blackberry Chat, WhatsApp, Waze o, incluso, Angry Birds. Eso puso al país en la órbita de la industria mundial.

"El consumidor colombiano es muy exigente, siempre demanda lo último en tecnología y compara los resultados con las demás referencias del mercado. Entrar aquí es una gran prueba para cualquier firma de tecnología. Por eso lo escogimos como uno de los cinco países para el lanzamiento de nuestro portafolio", explica Pilar Roa, directora de Relaciones Públicas de LG para Colombia.

Debido a esto, el país pasó de ser un mercado de 42,68 millones de usuarios de telefonía celular en el segundo trimestre de 2010 a 49,06 millones al cierre de 2012, pero también creció la concentración en manos de Claro (antes Comcel), el operador dominante, que cuenta hoy con el 61,9% de participación. En medio de las críticas que esto podía generar, Molano apostó por la transformación del sector al apostarle, a finales de 2011, a la tecnología LTE, conocida en el medio como 4G: un avance técnico en pleno desarrollo con la promesa de ofrecer grandes velocidades de internet y menores tiempos de descarga de contenidos, además de la aparición de otro tipo de servicios públicos como el de telesalud.

Su fórmula fue la subasta de 225 megahertz (MHz) de espectro radioeléctrico (el insumo básico para hacer posible las conexiones inalámbricas) para fortalecer la capacidad técnica de los operadores ya instalados y fomentar la competencia. Fue esta última una de las principales críticas que acompañó el proceso, pues las condiciones redactadas en las versiones previas de los pliegos de participación dejaban por fuera a algunas firmas interesadas. Entonces, se dijo que la asignación había sido redactada para favorecer a los tres operadores ya instalados en el mercado, en especial a Movistar, compañía en la que el ministro se desempeñó como director regional por espacio de ocho años.

Sin embargo, el proceso logró salir adelante en medios de las acusaciones y los debates de control en el Congreso. Como garantía para fomentar la participación de nuevas firmas, el Ministerio TIC condicionó la participación de Claro a la banda de 2.500 MHz, la que supone las inversiones más caras del proceso, y adoptó medidas regulatorias y tarifarias para equilibrar el mercado. Al final, los resultados lo beneficiaron: DirecTV y Avantel se convirtieron en los nuevos operadores del mercado y el Estado, que esperaba ingresar $450.000 millones por la subasta, recibirá $770.530 millones.

Pero algunas de las políticas menos conocidas en el país fueron las que elevaron el perfil de Molano a nivel internacional. Los subsidios concedidos a los operadores que fomenten las conexiones a internet en estratos bajos, la dotación de tabletas y equipos móviles en las escuelas públicas del país, el programa conjunto con DeRemate.com para que las pymes puedan tener su propia tienda de comercio electrónico, los miles de millones destinados para el desarrollo de la industria de aplicaciones móviles y las becas para que miles de jóvenes puedan realizar sus estudios superiores en el sector, entre muchas otras, le merecieron al país el premio a la mejor política pública para el fomento de la tecnología en el Congreso Mundial Móvil celebrado el año pasado en Barcelona, España.

Esa distinción, y el hecho de que una vez entregada la subasta 4G se tripliquen las posibilidades de cumplir su meta de conexiones de banda ancha (según el último reporte, el país contaba en 2012 con 6,6 millones), han convertido al funcionario en uno de los de más alto nivel de las telecomunicaciones mundiales. Se dice que algunos de los principales operadores móviles han considerado su perfil profesional, e incluso que su deseo es llegar a organismos multilaterales como la Unión Internacional de Telecomunicaciones.

La baraja está sobre la mesa de este ingeniero electrónico boyacense graduado de la Universidad Javeriana, con estudios de Economía y Gerencia de Negocios en España y Suiza, y quien ha desempeñado toda su vida laboral en la industria de las telecomunicaciones jugando el papel de consultor, regulador y alto ejecutivo de multinacionales. Molano terminaría su gestión en agosto de 2014, cuando culmine el actual Gobierno, y entonces tendría que someterse al Régimen de Inhabilidades de Incompatibilidades que cobija a los servidores públicos e impide que, una vez dejen el cargo, se enrolen en la nómina de una compañía relacionada con la labor que ejecutaron. Esa pausa obligatoria sería de dos años. Y después, podría elegir la mejor carta.

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