El camino a la red pública

La iniciativa propone que Claro y Movistar regresen toda la infraestructura desplegada en los últimos 20 años y que el Estado la gerencie.

Los senadores Juan Mario Laserna (izq.) y Eugenio Prieto radicaron la propuesta parlamentaria. / Cortesía

Un auténtico pulso de poderes se ha desatado en el sector de las telecomunicaciones por cuenta de la devolución de la infraestructura desplegada a partir de 1994 por Claro y Movistar, los dos principales operadores de telefonía móvil del país. A aquel proceso, motivo de una extensa discusión jurídica en el interior de la Corte Suprema de Justicia y cuya suerte tiene que ser definida por el Ministerio de las TIC, le ha salido un nuevo obstáculo.

Se trata del proyecto de ley 180 de 2014, radicado ayer por los senadores Juan Mario Laserna (conservador) y Eugenio Prieto (liberal) y el cual busca crear, con las redes, antenas y estaciones que serán devueltas, una “red nacional de acceso a servicios móviles” de carácter público y abierto, administrada totalmente por el Estado.

“Tiene como propósito lograr la maximización del bienestar de los usuarios, potenciar la capacidad del Estado de implementar la política sectorial, y captar ingresos relevantes que el Gobierno usará para financiar los programas del Plan Vive Digital y, eventualmente, proyectos de construcción de infraestructura lineal”, explicó Laserna.

Un objetivo clave de la propuesta es cerrar la brecha digital en el país, especialmente entre las zonas rurales y urbanas, regulando las condiciones de precios y de capacidad de red para garantizar el acceso de los usuarios en las zonas más apartadas. Asimismo se pretende que esta nueva red se una a la Red Nacional de Fibra Óptica, la iniciativa que actualmente construye la firma Azteca Telecomunicaciones y que busca conectar con esta tecnología a 753 municipios y 2.000 instituciones públicas (su avance hoy es del 80%).

El proyecto, cuyo curso legislativo apenas comienza, se convertirá en el nuevo dolor de cabeza de un proceso que no ha estado alejado de la polémica. Su génesis fue en 1994, cuando los primeros contratos de telefonía móvil, elaborados bajo el modelo de concesión, incluyeron la cláusula de reversión de la infraestructura. Aunque varias leyes transformaron la normativa del sector con los años, la condición se mantuvo y fue reafirmada por la Corte en la sentencia C-555 de 2013, publicada en febrero de este año.

La decisión, no obstante, deja abierta la posibilidad para que la devolución pueda realizarse a través de un giro de los operadores al Estado y le entrega al Ministerio TIC la potestad de reglamentarlo. Según analistas, la vía más probable de determinarlo será en un tribunal internacional de arbitraje. Pero la iniciativa parlamentaria alteraría ese orden.

“Al final, esa infraestructura es de la Nación, de nosotros, los usuarios que pagamos durante los últimos 20 años una amortización a través de las tarifas. Lo que el Estado debe hacer, que es lo que propone el proyecto, es nombrar un administrador de la red, un operador, que reglamente el libre acceso a los demás y que permita que ese ahorro que hicieron los usuarios se refleje en mejores competencias y en mejor calidad de servicios”, le explicó Prieto a El Espectador.

Este es el más reciente capítulo de una novela que promete crear un auténtico lío jurídico dentro de la industria y que tiene como fondo una infraestructura avaluada en $10 billones.

 

 

 

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