El costo de la inclusión

Para cerrar las brechas, los expertos dicen que es necesaria una inversión anual adicional igual al 0,6% del PIB durante 20 años.

Para la infraestructura social en el campo se propone un fondo multisectorial.

En Pasto, la Misión para la Transformación del Campo o Misión Rural le entregó ayer al presidente Juan Manuel Santos el documento “Derechos sociales para la inclusión social de la población rural”. Este es un insumo para el informe final que le presentará la Misión al primer mandatario en el segundo semestre de este año y que tiene como aspiración servir de hoja de ruta para la formulación de políticas públicas incluyentes y preocupadas por el campo con miras a los próximos 20 años.

El informe entrega recomendaciones sobre nutrición, educación, salud, vivienda, agua y saneamiento, protección y cuidados sociales, y resalta la importancia de complementar la inclusión social con la productiva. Los lineamientos surgen tras detectar que en educación, por ejemplo, al ritmo de hoy, habrá universalidad de educación preescolar en 2025, pero sólo habría cobertura de educación superior de 38% en 2035 al paso que vamos.

Las brechas más grandes, según la Misión, están en habitabilidad y nutrición. Por eso sugiere que haya ajustes en las fuentes de financiación actuales. Propone asignaciones adicionales del presupuesto general de la Nación a programas como Más Familias en Acción. “Esta inversión adicional se proyecta en 20% de los recursos totales anuales necesarios”. Por otro lado, “la inversión asociada a vivienda se financiará en su gran mayoría con el aumento de 20% a 40% de los recursos destinados a vivienda de interés social específicos para vivienda rural”. Sugiere además la creación de un fondo para financiar el desarrollo de infraestructura social, proyectos e innovación, con “estructura y destinación multisectorial (...) que puede complementarse con los recursos de libre disponibilidad del SGP (Sistema General de Participaciones), el sistema de regalías, recursos propios de los municipios y departamentos y otras fuentes”.

En general, la Misión se basa en las proyecciones de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal) y dice que “los costos para cerrar la brecha de bienes de interés social en las zonas rurales, acelerando las tendencias actuales necesarias, suman en educación, vivienda, agua, saneamiento básico, primera infancia y adulto mayor $2,9 billones anuales adicionales en promedio” durante 2016 y 2020, frente a 2014, y “aumentan hasta 2035 a $6,1 billones anuales”. En resumen, según la Misión, eso significa una inversión promedio anual igual al 0,6% del PIB 2014, durante los próximos 20 años.

“Una de las cosas que hace la Misión Rural es calcular los costos de su propuesta de política de mediano y largo plazo, las rutas”, dijo Cecilia López, miembro del Consejo Directivo de la Misión. Propuesta que “el Gobierno tiene que ver si acepta o no”, recordó.

A partir de las recomendaciones preliminares que fueron publicadas el pasado martes, Oxfam expresó su preocupación respecto a que en el documento se propongan alternativas laborales para la mujer rural, pero que nada al respecto esté contenido en el Plan Nacional de Desarrollo que se está debatiendo. Cecilia López enfatizó en que, más aún, la Misión propone un esquema de economía del cuidado en el que esta deja de recaer sobre la mujer y “pasa a ser responsabilidad del Estado y el mercado”. López recordó que lo que propone la comisión de expertos tiene proyección de mediano y largo plazo.

Oxfam resaltó como positiva la propuesta de seguridad alimentaria, pero, adjunto a los programas que fomenten la generación de capacidades productivas para autoconsumo y la provisión de mercados locales y nacionales, ve como necesaria una “propuesta de regulación del mercado para evitar los impactos de los TLC en el campo”. Frente a esto, López recordó que el foco de las recomendaciones es la inclusión productiva, que falta discutir en el seno de la Misión, pero que tiene como propósito “que la política económica tenga objetivos sociales y la política social tenga objetivos productivos”.

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