'El derecho a la vida está primero'

El bloqueo de las vías a causa del paro cafetero ha generado preocupación en la entidad por la escasez de comida en municipios aledaños y las dificultades para prestar efectivamente servicios médicos.

José Armando Otálora, defensor del pueblo. /Archivo
José Armando Otálora, defensor del pueblo. /Archivo

El defensor del pueblo, José Armando Otálora, expresó la preocupación que existe al interior de la institución por los desórdenes y problemas que se han generado a partir del paro cafetero, refiriéndose enfáticamente a lo que concierne con el transporte de alimentos y la movilidad de las misiones médicas que atienden casos de vida o muerte.

Las manifestaciones que iniciaron la semana pasada, en las cuales los cafeteros claman al Gobierno para que establezca un precio de sustentación de la carga de café y eleve los auxilios económicos a este gremio, afectados por la revaluación del peso y la crisis del mercado internacional, han afectado a aquellos que han visto sus vías de ingreso bloqueadas.

Hasta el momento, los cinco departamentos que más han sido afectados por los bloqueos son Cauca, Nariño, Huila, Tolima y Risaralda, sin olvidar el resto del país porque los bloqueos se realizan en importantes corredores viales. Asimismo Otálora manifestó que "se está atentando contra la vida y los derechos humanos de la población, ya que los bloqueos siguen impidiendo el paso de ambulancias, alimentos, medicamentos esenciales, misiones médicas, organismos de socorro y misiones humanitarias".

La Defensoría del Pueblo también aseguró que estos bloqueos a las vías pueden traer sanciones judiciales porque "el derecho a la vida y a la salud está por encima de todo". Y agregó Otálora que "si se logra individualizar a las personas, que podrían ser los líderes que impulsan los bloqueos, se tomarán medidas para que sean judicializadas y asuman sus responsabilidades por las vidas de personas que se puedan perder o poner en riesgo".

Sin embargo, el propio defensor del pueblo aseguró que respeta el derecho a la protesta y entiende como legítimas las peticiones de los caficultores, y que además, la entidad está atenta contra cualquier denuncia de abuso de autoridad o violación de derechos humanos por parte de las autoridades. "Hasta el momento no se ha recibido ninguna denuncia oficial, pero estamos atentos a recibir las pruebas y evidencias que nos quieren hacer llegar algunas víctimas que participan en el paro", puntualizó Otálora.

El paro cumple nueve días. A esto se suma el paro de camioneros, quienes piden que bajen los precios del combustible y de los peajes, que se acerca a su cuarto día de duración. El Gobierno ha adelantado negociaciones con algunos de los líderes de los dos paros. No obstante, no se han llegado a acuerdos. La situación es tal que el ministro del Interior, Fernando Carrillo, confirmó que el presidente Santos lo envió junto con los ministros de Hacienda, Mauricio Cárdenas, Trabajo, Rafael Pardo, y Defensa, Juan Carlos Pinzón para atender la situación.

Carrillo se refirió a la situación y dijo que "el Gobierno ha insistido en la injusticia que representa el bloqueo de vías" y ha alertado sobre una posible crisis humanitaria. Los cafeteros, afectados desde hace varios años por una crisis económica que ha llevado a muchos de ellos a la quiebra, continúan con los bloqueos y rechazan que, en su criterio, el Gobierno no está dialogando con los verdaderos representantes del gremio sino consigo mismo, haciendo referencia a los cafeteros que no se han levantado de la mesa de negociación.

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