El ministro de Minas y Energía, Tomás González, hizo ayer un anuncio para reiterar que el país, por ahora, no entrará en un apagón o racionamiento. Por lo menos no a mediano plazo, si no se vuelve a presentar un incidente como el de Guatapé (Medellín), donde un incendio en el cuarto de máquinas dejó por fuera esa hidroeléctrica, o como la avería en una de las turbinas de Zona Franca Celsia, la segunda térmica del país.
El jefe de la cartera aprovechó para anunciar que entregarán incentivos económicos para estimular el ahorro de energía. “La idea es que se les pueda pagar, darles un incentivo a aquellas personas que ahorren energía y que cumplan unas metas de ahorro, que lo sientan en menor valor de su factura, en menores tarifas”, dijo González.
Mientras el Gobierno analiza la mejor opción para mantener iluminado el país durante lo que resta de la sequía —los más optimistas esperan que termine a finales de este mes y otros creen que se podría extender hasta mitad de año—, expertos del sector empiezan a poner sobre la mesa medidas utilizadas durante el apagón de los noventa, que no se pensó que tuvieran que volver a utilizarse.
El exministro de Minas y Energía Amylkar Acosta, por ejemplo, propuso adelantar 60 minutos la hora oficial del país y establecer un “pico y placa” para incentivar el ahorro. Aunque esa idea no ha sido aprobada ni descartada por el Gobierno, sí despertó el escepticismo sobre los llamados a la calma que hasta ahora se han hecho desde el Ejecutivo.
Uno de los sectores que manifestaron su preocupación fue la Asociación Nacional de Empresarios (Andi), que le exigió al Gobierno exponer con tiempo las decisiones que tomará sobre el sistema eléctrico, al menos con tres semanas de antelación, para poder adaptar su aparato productivo a la nueva dinámica.
Consultado por El Espectador, Marco Aurelio Vera Díaz, gerente de negocios de energía de Incauca Providencia y exgerente de energía y gas de Andesco, manifestó que “esa medida ayuda, pero es insuficiente. Habría que evaluar si funciona en Bogotá igual que en la región Caribe”. Asimismo señaló que no es descabellado pensar en unos incentivos para reducir el consumo, encareciendo las tarifas en las horas pico, y estimular el uso en las horas valle, lo que se conoce como aplanar la curva de potencia.
Adelantar una hora el reloj
El 2 de mayo de 1992 sólo tuvo 23 horas. Por primera y única vez, el reloj pasó de las 00:00 a la 1:00 a.m. en un segundo, cuando el entonces ministro de Comercio Exterior, Juan Manuel Santos, se encargó de adelantar una hora los dos relojes oficiales, compuestos de celsio y berilio, que se encontraban en la sede del Instituto Colombiano de Normas Técnicas (Icontec).
El proyecto de adelantar una hora el reloj oficial fue presentado por Santos, quien lo propuso ante el entonces presidente, César Gaviria, y al Congreso, y fue decretado por el superintendente de Industria y Comercio, Jorge Orlando Montealegre, a quien le correspondió emitir la resolución con la que se pretendía aprovechar 60 minutos más de la luz día y de ese modo reducir el consumo de energía, ante la crisis que trajo el fenómeno de El Niño.
A la fuerte sequía se sumaron la huelga de los empleados de la Corporación Eléctrica de la Costa Atlántica (Corelca) y la falta de mantenimiento en las termoeléctricas Termobarranquilla, Termocartagena y la subestación de ISA en Chinú, que no trabajaban a su máxima capacidad por lo poco rentable que sería repararlas.
Además había pocas posibilidades de ampliar la oferta de energía, con las demoras en la construcción de las termoeléctricas de Rionegro y Guavio, esta última con sobrecostos que alcanzaban los US$630.000 millones y que llevaba once años de construcción.
Ante la situación, el entonces ministro de Minas y Energías, Juan Camilo Restrepo, promovió el racionamiento de energía, que comenzó el 2 de marzo de 1992, cuando los niveles de los embalses en todo el país no llegaban al 30% de su capacidad. Hoy están en un nivel cercano al 50%.
El apagón consistió en la suspensión del servicio de energía desde la 5 p.m. hasta las 9 p.m., para disminuir el consumo en 5% y así poder controlar la crisis. Pero dos meses después fue necesario implementar la medida de Santos, con la que además se redujeron los cortes a dos horas, entre las siete y nueve de la noche.
Los primeros días hubo confusión en la implementación de la nueva hora, especialmente en bancos, aeropuertos y terminales. Inconformismo que permanecía nueve meses después, cuando el Gobierno revocó la medida y volvió a la hora normal, al disminuir paulatinamente los apagones y darse una mejora significativa de las condiciones de los embalses con el regreso de las lluvias.
A pesar de que, en comunicado, la Superintendencia de Industria estimara que la medida había cumplido los objetivos de “permitir el ahorro de energía al prolongar la posibilidad de utilizar la luz solar, y además mejorar las condiciones de seguridad de los ciudadanos al regresar a casa”, alcaldes y gobernadores, como los de Tuluá y Medellín, Santander y Atlántico cuestionaron la medida al considerar que la mayoría de los ciudadanos exigían que se volviera a la hora antigua, ante la negativa de campesinos de cambiar su horario habitual y toda clase de controversias que trajo el cambio del horario, que para muchos iba en contra de la propia naturaleza humana.