El elefante de la infraestructura de transporte

Difícilmente se soluciona con remiendos un problema de fondo que no se está atacando con un plan maestro de desarrollo.

Colombia tiene décadas de atraso en infraestructura pensada para el transporte. / Hermiso Ruíz

La infraestructura de transporte es uno de los subtemas a discutir en el Congreso Colombiano de Infraestructura. Durante el congreso del año pasado, un estudio de la Comisión de Infraestructura, liderada por el BID y Fedesarrollo, diagnosticó tres causas para el mal estado de nuestra infraestructura: difícil geografía económica, bajos niveles de inversión pública, e instituciones que no estimularon suficientemente la inversión privada.

Sin embargo, Colombia no es el único país con geografía montañosa y centros alejados de las costas -como Suiza-, también hemos derrochado recursos públicos -como la indemnización por la pérdida de Panamá o los recurrentes casos de corrupción-, y a pesar de la apuesta gubernamental por el “santo grial” de las asociaciones público-privadas (APP), los resultados son pobres tras casi tres años de insistencia.

En cambio, nuestra rota institucionalidad, pobre visión y peligroso reduccionismo del transporte a una de sus partes, la infraestructura, son el verdadero elefante blanco del rezago del transporte de Colombia y no son prioritarios en el actual debate.

Aunque las APP faciliten acceso a recursos, mejores capacidades técnicas y adecuada asignación de riesgos, requieren de una contraparte fuerte, reglas limpias y visión clara para alinear los intereses privados a los públicos (y no al revés) que el gobierno no ha presentado. Arriesgadamente, sólo hay una oportunidad para hacer una APP correctamente o existen obras necesarias pero imposibles de desarrollar como APP. Por eso es que métricas primitivas como monto de inversiones y kilómetros contratados se usan para desviar la atención sobre los pobres resultados en movilidad y desarrollo nacional.

Para revertir décadas de deformación y descoordinación de las entidades del trasporte, requerimos un paquete coordinado de reformas de fondo en la institucionalidad y repensar el sector transporte, no sólo en temas relacionados con ejecución, sino también con regulación y planeación de infraestructura y servicios. Esto fue ignorado por el gobierno nacional en su estrategia de APP y reestructuración del INCO en la ANI en 2010-11, difícilmente se solucionará con remiendos, como el proyecto de ley de infraestructura, y no se discutirá en un Congreso de Infraestructura promovido por el gremio de constructores, pero que cuenta con baja participación de especialistas en transporte y logística.

En paralelo con la reforma institucional, Colombia debe desarrollar una visión y estrategia consensuada de sistema nacional de transporte multimodal a largo plazo, que vea más allá de sólo de infraestructura. Usualmente los países pasan por una “era de infraestructura”, después notan que hay una “era de sistemas técnicos” y finalmente reconocen que el transporte es un sistema con implicaciones tanto sociales como técnicas (“era sociotécnica”). En Colombia, seguimos en la era de infraestructura y aún hay cabos sueltos en temas de equidad social, educación, sostenibilidad ambiental y seguridad en transporte. El catálogo de obras de infraestructura, desconectado de un plan maestro de desarrollo coordinado, se apalanca ingenuamente en el vaivén del sector minero energético. Mientras el mundo le apuesta al desarrollo sostenible e inclusivo, Colombia a ser una economía del siglo XIX en el siglo XXI.

Aunque es difícil poner esto una agenda de año electoral, de ignorarlo, seguiremos condenados a décadas de subdesarrollo, no sólo de infraestructura, sino de los demás componentes de un sistema de transporte. En este Congreso de Infraestructura, el llamado al gobierno es a entender el transporte como un sistema más complejo del cual la infraestructura es apenas una de sus partes, a fomentar el diálogo interdisciplinario e intersectorial, y a trabajar por paquetes de políticas que den soluciones sofisticadas a un problema prioritario para Colombia.