El líquido de la discordia

Un nuevo episodio de tensión entre pobladores locales y multinacionales petroleras se está presentando en los Llanos Orientales.

Esta vez, el enfrentamiento entre trabajadores y empleadores es en el corregimiento de Barranca de Upía, Meta, donde, desde el pasado viernes, empleados de Petrominerales y pobladores de las veredas aledañas a los bloques petroleros Corcel y Guatiquia se han enfrentado a la multinacional canadiense.

Patricia Rivas, presidenta de la junta de acción comunal de la vereda Las Moras, lugar donde se han presentado las protestas, advirtió que la situación se da porque Petrominerales no ha cumplido con los parámetros legales para adelantar la explotación petrolera. “No ha habido un buen manejo del plan de impacto ambiental. La gente que trabaja en la empresa está en malas condiciones laborales y, además, no ha generado trabajo local porque todos los empleados los traen desde otros lados”, explicó.

Por otra parte, la líder local ha denunciado que la Policía Antimotines los agredió cuando adelantaban una protesta pacífica y que incluso saquearon las casas de las fincas, “aporrearon a la gente y, como si fuera poco, los dirigentes de la empresa nos han incumplido con las reuniones para discutir el problema. Hay una situación muy caótica, muchos heridos y esto se va a complicar más”, sostuvo Rivas.

Por su parte, la multinacional Petrominerales emitió un comunicado de prensa en el que afirma que debido a las “alteraciones de orden público no hemos podido reanudar operaciones en nuestros Bloques Corcel y Guatiquia. Debido a esto, un total de 30.000 barriles de petróleo por día han tenido que ser suspendidos”. También se han mostrado “optimistas” de que pronto se restablecerá el orden público en la zona y se podrá reanudar la actividad productora. “Representantes de Petrominerales planean participar en las reuniones organizadas por el Gobierno colombiano el próximo 13 de septiembre”, informó la compañía.

El senador del Polo Democrático, Jorge Enrique Robledo, insistió en que la situación que se ha venido presentando en Barranca de Upía es muy similar a la que hace algunas semanas se dio con Pacific Rubiales en Puerto Gaitán. “Las razones son las mismas que las de Puerto Gaitán: daños ambientales, deterioro de la economía local, destrucción de las vías, tercerización laboral, salarios de hambre, persecución sindical, etcétera”, dijo el senador.

Incluso, para Robledo lo que hay es una grave crisis social producida por la fiebre petrolera aprovechada por las multinacionales. “Los campos petroleros se convirtieron en una especie de enclaves coloniales y el Gobierno ha alcahueteado estos atropellos. La respuesta del Estado no debe ser la de tratar a los manifestantes como criminales”, señaló.

Temas relacionados