El creciente malestar por las decisiones en EPM

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Exfuncionarios, empresarios y sindicalistas llaman la atención por lo que, dicen, son malas prácticas de gobierno corporativo impulsadas desde la Alcaldía de Medellín. Entidades financieras locales e internacionales suspendieron temporalmente sus relaciones comerciales con la empresa.

Las réplicas y el malestar por lo sucedido en EPM continúan hasta hoy, en medio de los reemplazos para la junta directiva de la empresa, que comenzaron a ser anunciados desde el pasado viernes por el alcalde de Medellín, Daniel Quintero.

Vale la pena recordar que el pasado 10 de agosto el alcalde de Medellín, Daniel Quintero, anunció que EPM iniciaría acciones legales contra los constructores, diseñadores, interventores y aseguradores de Hidroituango por presuntos errores de diseño que desencadenaron una emergencia nacional en 2018. Días más tarde la mayoría de los miembros de la Junta Directiva renunciaron, argumentando que no habían sido parte de la decisión, lo que desató una oleada de cuestionamientos y acusaciones de todos los frentes.

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El malestar por la decisión de Quintero, y la renuncia de la junta directiva, cobija a antiguos empleados de EPM y académicos, quienes no ven con buenos ojos lo que está sucediendo en la empresa.

Uno de ellos es David Suárez Tamayo, profesor de derecho de Eafit y exsecretario general de EPM, quien afirma que “los grandes temas de EPM no se están tratando al interior de la empresa, sino con las personas que el alcalde y el gerente trajeron. Entre ellos, varios vicepresidentes que llegaron de Bogotá, que son cercanos al alcalde, y con varios asesores externos”.

De acuerdo con Suárez Tamayo, esto implica que se están desplazando y desconociendo a los empleados de trayectoria y con peso dentro de la organización. “EPM se había caracterizado por tener una Junta que tenía un contrapeso fundamental. Nadie se la había pasado por la faja, se daba el debate, pero con esta administración ni eso”, aseguró.

Federico Restrepo, exgerente de EPM, asegura que siente preocupación y tristeza por lo que está viviendo la empresa y califica las acciones del alcalde como irresponsables: “Se minó la confianza y reputación, lo cual tiene implicaciones desde las calificadoras de riesgo hasta intangibles como el prestigio de poder elegir siempre los mejores profesionales para los distintos cargos de la empresa”.

En ese mismo sentido, Suárez Tamayo asegura que “habrá desprestigio con contratistas, internacionalmente a EPM lo miran muy bien y ahora tendrá consecuencias y generará un impacto comercial muy tenaz”.

Oswaldo Gómez, uno de los miembros salientes de la junta directiva de EPM, asegura que “desde que comenzó la pandemia han contratado un montón de gente, son como fantasmas de nómina en cargos muy importantes, nunca han ido al edificio, ni conocen a los subalternos”. Gómez agrega que “funcionarios me han contado que les han dicho que vayan pensando para dónde se van a ir o que si aceptan una degradación de cargo, eso me parece muy grave”.

Gómez es enfático en decir que “EPM está en un estado de ingobernabilidad, esa empresa está al garete, así digan que está al frente el gerente y que el alcalde lo está acompañando. Desde la estructura de gobierno corporativo está al garete y no es sencillo desde el punto de vista que eso significa para los acreedores, para los bancos, para las entidades de regulación”.

El jueves de la semana pasada, la calificadora Fitch Ratings anunció que rebajó la calificación de Empresas Públicas de Medellín (EPM) de ‘BBB’ a ‘BBB-’ y mantuvo el Rating Watch Negativo. De acuerdo con Fitch, la rebaja se debe a la intervención del dueño de EPM, es decir, la ciudad de Medellín, en la gestión de la empresa, “lo que representa un deterioro de los controles de gobierno corporativo en la empresa”. La calificación BBB- está a un escalón de perder el grado de inversión.

De acuerdo con el Sindicato de Profesionales de EPM y Une (Sinpro), la suma de situaciones encabezadas por el alcalde y el gerente han dejado un profundo malestar en gran parte de los trabajadores de la empresa y exfuncionarios de EPM.

Para Nicolás Posada, director del Comité Intergremial de Antioquia, existe preocupación por cómo puede estar el clima organizacional de EPM, pues según él “si se desconoce a la Junta Directiva qué pasará con los empleados”.

Durante este fin de semana, Bruce Mac Master, presidente de la ANDI, emitió un comunicado a la opinión pública en el que llamó a defender a EPM y a la comunidad de empresarios antioqueños, ahora que, según denunció, la administración de Medellín y algunos políticos se han dedicado a atacar su reputación.

A través de su carta, Mac Master manifestó que tomar decisiones a espaldas de la Junta Directiva es una violación a todos los principios de gobierno corporativo “y, peor aún, insinuar que la razón por la cual no se le informó es porque era probable que allí se ‘embolatara’ la decisión”.

Este martes, más de 300 empresarios firmaron una carta en la que expresan preocupación por el rumbo de algunos asuntos en la ciudad, especialmente con el manejo de EPM y Ruta N, que también sufrió un remezón en su junta directiva la semana pasada por decisiones directivas tomadas por Quintero, según dijeron los miembros del cuerpo de gobierno corporativo que renunciaron de esta última entidad.

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También este martes, EPM informó que “en relación con los hechos que llevaron a la disminución de calificación de riesgo, EPM ha recibido notificación de algunas entidades financieras locales e internacionales en cuanto a suspensión temporal de relaciones comerciales”. La compañía explicó que eso “reduce los cupos en operaciones como créditos, coberturas de riesgo cambiario y garantías bancarias”, sin embargo, que, hasta el momento, eso no ha “tenido efecto material en la liquidez y operaciones de EPM”.

En el reporte, dirigido al mercado y la Superintendencia Financiera, EPM indicó que la reducción de la calificación no ha generado “aceleración de obligaciones financieras, el incumplimiento o activación de covenants financieros, ni ha implicado la exigencia de garantías adicionales por los actuales acreedores financieros”. Agregó que desde el 11 de agosto se han atendido una “serie de teleconferencias con acreedores financieros respondiendo inquietudes sobre la situación de gobernanza corporativa”.

* Especial para El Espectador

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