El no para la tierra

El análisis de los investigadores del Observatorio de Restitución de Tierras da cuenta de los retos y tensiones que se han puesto de manifiesto tras los resultados del plebiscito de cara a la cuestión de redistribuir la tierra.

Del resultado de las discusiones depende que el punto agrario de La Habana no corra la suerte de La Reforma Agraria que Carlos Lleras intentó hacer en 1961 y en 1968. Archivo particular
Del resultado de las discusiones depende que el punto agrario de La Habana no corra la suerte de La Reforma Agraria que Carlos Lleras intentó hacer en 1961 y en 1968. Archivo particular

El punto primero del acuerdo logrado en La Habana apunta justamente a modificar substancialmente las tradicionales estructuras rurales y agrícolas que, además de ser poco productivas, son la causa directa de la pobreza y de la enorme desigualdad que caracteriza a la sociedad colombiana. Estas transformaciones toman décadas y van más allá de una política agraria (que, de hecho, tampoco existe en el país) y además no son fáciles de realizar, dado su alto costo político. De la reforma rural integral se dijo que con ella se saldaba una deuda de más de 50 años con el campo colombiano. Pero con los resultados del plebiscito, la contundencia que se necesitaba para llevar a cabo transformaciones estructurales y reales en el sector agrícola se nos está yendo entre los dedos como un puñado de arena.

Al tiempo que se convocan marchas presionando por alcanzar un acuerdo definitivo con las Farc, algunos promotores del No marchan lentamente para presentar sus objeciones y sugerencias al acuerdo firmado en La Habana el 26 de septiembre. Hasta ahora, dos posiciones del No han resaltado: la propuesta de Uribe y el Centro Democrático y la de la excandidata presidencial por el Partido Conservador Marta Lucía Ramírez. Ambas propuestas merecen una discusión, a diferencia de una tercera que reniega totalmente del contenido del punto agrario del acuerdo y que fue lanzada prematuramente por Luis Alfredo Ramos, también del Centro Democrático.

Bloqueos velados

Jon Elster escribía en 2009 una afirmación sugerente sobre los costos políticos que significa redistribuir y restituir la tierra. Parafraseándolo, gozaban de alta legitimidad y respaldo aquellos programas de distribución o restitución de tierras que atacaban esa propiedad que fue alcanzada por medios “ilegítimos e injustos”. Puede decirse entonces que es legítimo quitarle la tierra al criminal. Y esto es, a grandes rasgos, lo que promueve tanto el acuerdo como la propuesta de Ramírez y el Centro Democrático al hacer explícito el deber de las Farc de entregar propiedades para la reparación. En otro escenario, aquellos esfuerzos por distribuir la tierra que se considera que fue adquirida legítimamente tienen altos costos políticos; dicho de otro modo, es ilegítimo quitarle al propietario de buena fe.

En esta discusión sobre la legitimidad de la propiedad, el Estado tiene altas restricciones para distinguir entre esa propiedad de buena y de mala fe. El desempeño de la distribución de bienes provenientes de la extinción del dominio a narcos es un buen ejemplo de cómo, ni siquiera en esos casos abiertamente ilegales, el Estado no está en capacidad de distribuir. Todo programa de distribución o restitución de tierras suele involucrar este riesgo que hace inviable, por falta de apoyos políticos y sociales, toda distribución y/o restitución.

La propuesta de Uribe de imponer una “presunción de buena fe no desvirtuable” a favor de propietarios y poseedores “honestos” involucra este riesgo. En últimas, representa un bloqueo velado, no explícito, pero contundente a todo intento redistributivo o restitutivo de la propiedad. Y es la reiteración de la agenda de sectores afines al uribismo de cuestionar la exigencia de buena fe exenta de culpa para los opositores dentro del proceso de restitución.

El diablo está en los detalles de las reformas

Los bloqueos a los programas de distribución de tierras no sólo han sido exitosos impidiendo la expedición de leyes de reforma agraria o la adopción de acuerdos como los de La Habana. Sin oponerse a que se incluya la distribución de tierras en los acuerdos, aún habría instrumentos ligados a las minucias legales, los conceptos jurídicos y huecos legales de la ley para bloquear de plano una distribución de la propiedad.

De este modo, el diablo está en los detalles. Peter Dorner describió desde 1992 cómo la ausencia de criterios claros sobre la recuperación de tierras en las leyes de reforma agraria latinoamericanas se convertían en litigios prolongados, retrasos e inacción estatal. Así, la preocupación de detractores como Ramírez y el Centro Democrático de establecer criterios claros sobre lo que se entiende por inexplotación de la propiedad o incumplimiento de su función social y ecológica no es de balde y, si se conduce bien, esta discusión puede contribuir a hacer viable y rápida la reforma rural integral. Sin embargo, el mismo Dorner advierte de cómo la forma en que se definan conceptos de ese estilo en las leyes puede hacer inoperantes los programas de redistribución.

La modificación de los acuerdos debe apuntar a que la reforma rural integral sea efectiva y rápida, al tiempo que concilia la protección de la propiedad legítima sin que se dé pie a que las modificaciones conlleven la plena obstaculización de la distribución de la tierra en Colombia. Del resultado de estas discusiones depende que el punto agrario de La Habana no corra la suerte de la Reforma Agraria que Carlos Lleras intentó hacer en 1961 y en 1968, que fue rápidamente reversada por el Pacto de Chicoral en 1972 y sus escuetas pero contundentes reformas a las leyes.

¿La seguridad jurídica de quién?

Que el acuerdo de La Habana atacaba la propiedad privada ha sido una afirmación insistente del uribismo. En esa misma línea, su propuesta pide “respetar el derecho a la legítima propiedad privada”. Si uno considera que dotar de títulos a aquellos que no han reunido todos los requisitos legales para hacerse propietario es garantizar la legítima propiedad privada, entonces eso es justamente lo que busca el acuerdo de La Habana mediante la titulación de tierras en su punto 1.1.5, que trata de la formalización masiva de la pequeña y mediana propiedad rural.

La discusión de este punto denota una diferencia de perspectiva: entre la privatización de seguridad que algunos propietarios en Colombia se proveyeron, incluso recurriendo a ejércitos privados, y la seguridad jurídica como bien público, es decir, que sea mediante las instituciones y los mecanismos legales que se hacen efectivos por la formalización de la propiedad.

También es discutible que los mecanismos que alimentan el fondo de tierras contemplado en La Habana signifiquen una amenaza a la propiedad. Esos mecanismos reiteran formas jurídicas que ya existen en la Constitución o en la Ley 160, por mencionar algunos. En sus textos, la reforma rural integral es tan amenazante para la propiedad privada como lo puede ser la Constitución o la Ley 160. Por esto, carece de sentido la petición del uribismo de precisar competencias, el alcance e instancias procesales de la extinción administrativa de dominio. Todo eso ya lo precisan la Ley 160 y su reglamentación.

Mejorar acuerdos o impulsar su propia agenda

Preocupaciones de algunos de los promotores del No por figuras incluidas en el acuerdo de La Habana, que en buena medida simplemente reiteran lo contemplado en nuestras normas legales y constitucionales, hacen dudar de sus propósitos y de los alcances de las conversaciones que sostienen el Gobierno y un sector del No.

Las críticas y observaciones del uribismo o de Marta Lucía Ramírez ya no se dirigen solamente a lo pactado a La Habana sino al estado actual de nuestra legislación sobre tierras. Un caso paradigmático es la mención, tanto de Ramírez como de Uribe, de las zonas de reserva campesina. Alegando que esta figura produce discriminación entre campesinos o que no deben considerarse una nueva entidad territorial autónoma, los detractores no se sujetan al texto de los acuerdos para introducirles mejoras, sino que utilizan el escenario para promover su propia agenda y revertir las pocas normas que hacen viable una distribución de la propiedad en Colombia.

Que un actor político promueva su agenda no sorprende a nadie. Pero esta es una de las razones por que las discusiones de los acuerdos deben trascender el escenario de concertación entre promotores del No y el Gobierno, de cara a culminar exitosamente un acuerdo. Esos otros escenarios que evalúen los argumentos de estos actores resultan necesarios. Este es el caso del Seminario Internacional Tierra y Paz Territorial, que tendrá lugar los días 26 y 27 de octubre y aquí se puede obtener mayor información de este evento e inscribirse.

Link de inscripciones: http://eventos.urosario.edu.co/seminario-internacional-tierra-y-paz-territorial/

* Investigadores del Observatorio de Restitución de Tierras.

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