Análisis

El paro nacional y la búsqueda de seguridades económicas

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¿Son los subsidios focalizados una renta básica? ¿Podríamos aspirar a implementar este sistema en Colombia? ¿Qué otras alternativas existen para enfrentar la crisis? Una discusión acerca de ideas como ingreso básico universal y trabajo garantizado en el peor contexto económico de la historia moderna.

Una de las principales disputas de los movimientos sociales hoy es eliminar la inseguridad económica, justo cuando el país está pasando por su peor crisis en la materia, causada por la pandemia. El paro programado para este 21 de octubre, que incluye a la minga indígena, seguramente tendrá una nueva fecha en noviembre para conmemorar un año de las masivas movilizaciones del ya popular 21N.

Dentro de las consignas de las movilizaciones está la de la renta básica, en un escenario de desempleo que ronda el 15 % para agosto y de desempleo juvenil en el que uno de cada tres jóvenes menores de 28 años no tiene trabajo.

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La renta básica, sin embargo, tiene para cada sector político diferentes versiones y matices.

Para algunos sectores, por ejemplo, la renta básica se reduce a la expansión de programas de transferencias condicionadas como Familias en Acción, aunque la condicionalidad riña con la definición misma de renta básica, que no tiene condicionalidades.

Así lo expone uno de los pioneros en temas de renta básica, el profesor belga Philippe Van Parijs, quien habla del Ingreso Básico Universal (IBU), entendido como un ingreso para todos los ciudadanos de una nación sin condicionalidad alguna. El principal argumento de Van Parijs es que la única forma de conseguir una auténtica libertad para tomar decisiones es tener un respaldo económico que costee las necesidades básicas de un ser humano.

En este sentido, un programa de transferencia de recursos condicionado a la pertenencia a un sistema de clasificación como el Sisbén, o que exija determinadas, características no es un IBU. Durante la pandemia se consolidó el programa de Ingreso Solidario que, aunque no exige las mismas condiciones de Familias en Acción, viene con otros requisitos. Hay otras propuestas que se promocionan como IBU en el legislativo, pero que distan mucho de serlo.

Un verdadero IBU llegaría a otros sectores, como la llamada población sánduche que, como se ha expuesto en este diario, no sólo ha sufrido muchísimo como consecuencia de la pandemia, sino que nadie la tuvo en cuenta a la hora de la respuesta por la crisis del COVID-19. Los vendedores informales, dueños de pequeños negocios, peluqueras, panaderos, etc. podrían beneficiarse de esta medida mientras se grava a los más ricos con impuestos redistributivos, como argumenta el profesor Van Parijs, para que el temor al aumento de la desigualdad no sea un problema.

Analicemos ahora, en detalle, un elemento problemático que trae consigo la renta básica: el riesgo de desarticulación del Estado de bienestar en los países donde todavía es fuerte. Si se garantiza una renta universal es posible que muchos derechos sociales prestados públicamente y de obligatorio cumplimiento para el Estado, como la salud y la educación, se conviertan en mercancías que se compran en el mercado y de los que debe encargarse cada persona. Colombia no entra en este caso, pues múltiples derechos sociales ya han sido mercantilizados sin necesidad de la existencia de renta básica. En cambio, un ambicioso programa de renta básica podría ir en esa dirección y justificaría la disminución en la provisión de muchos derechos sociales por el costo del programa.

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En este escenario aparecen alternativas adicionales, que muy poco se han discutido en el país, como los programas de trabajo garantizado (TG), propuestos por la profesora Pavlina Tcherneva, de Bard College, en su último libro “The Case for a Job Guarantee”.

El TG surge de la idea del Estado como empleador de última instancia en el que, tomando en cuenta las necesidades locales, las comunidades (estados federales) pueden financiar diferentes tipos de trabajo asociados al cuidado, a la protección del medio ambiente y a la promoción de la cultura. Un programa de TG podría darles hoy empleo a los miles de artistas que se han quedado en el limbo por la pandemia y que podrían promover las artes en escenarios locales, por ejemplo.

Desde el punto de vista macroeconómico, el TG, a diferencia del IBU, no tendría efectos inflacionarios, pues puede estar sujeto a impuestos y, por lo mismo, tendría mejores resultados redistributivos que éste porque los efectos inflacionarios del IBU pueden ocasionar la pérdida de su efectividad.

Además, el TG permite mantener los beneficios del Estado de bienestar en materia de derechos sociales y funciona como un recurso para quienes no logran insertarse en el mercado privado o en posiciones permanentes en el sector público. Finalmente, el TG permite aportar a las necesidades de las comunidades y a su articulación con los territorios. Algunos ejemplos documentados son el “Plan Jefes y Jefas de Hogar” en Argentina o un programa lanzado en medio de la pandemia para pequeños agricultores en la India, mencionado por la profesora Tcherneva, que logró que la tasa del desempleo del sector llegará al 7,26 %, un nivel menor al existente antes de la crisis.

Al final, tanto en el caso del IBU como del TG surge la pregunta de cómo pagarlos. Sin embargo, dado que el gasto sería en pesos, y que muchos de estos trabajos no requieren de costosos bienes de capital, es posible financiarlos con formas alternativas de pensar la macroeconomía y con visiones más heterodoxas de las funciones del banco central, como las que ya se han presentado antes en este diario, cuando se planteó una visión de la política monetaria en una perspectiva amplia.

* Profesor de la Escuela de Economía de la Universidad Nacional de Colombia.

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