El rastro perdido de una mina de dinero

La interminable pelea judicial de un guajiro que dice ser uno de los herederos del Cerrejón zona centro, que hoy deja millonarias utilidades en pocas manos.

Pedro Ávila, reclamante de los predios del Cerrejón zona centro. /Gustavo Torrijos
Pedro Ávila, reclamante de los predios del Cerrejón zona centro. /Gustavo Torrijos

Hace 17 años, Pedro Ávila Durán, un vecino de Valledupar sin diplomas académicos pero sí una larga historia familiar en la región, emprendió una cruzada personal de inusitados alcances: probar que las decisiones que permitieron el usufructo para un grupo de particulares por la explotación de minas carboníferas en la región del Cerrejón Central en La Guajira, fueron producto de un fraude. Hoy tiene 73 años y no se da por vencido en una pelea que desde 2011 ha vuelto a activar en la Fiscalía.

La historia comienza con su tatarabuelo Antonio Maya Daza, quien acreditando títulos adquiridos desde la corona española y legalizados por Simón Bolívar, logró a finales del siglo XIX que el predio denominado Cerrejón Central fuera declarado propiedad privada. No obstante, cuando Antonio Maya murió, sus herederos se radicaron en Codazzi (Cesar) y dejaron abandonadas sus tierras. Varias décadas después, cuando el hallazgo de carbón volvió atractivo el predio, surgió la controversia.

Según Pedro Ávila, ese hecho se dio cuando un grupo autodenominado Comunidad El Cerrejón, logró en 1947 que le formalizaran derechos de propiedad sobre el predio. En concreto, entre septiembre y octubre de ese año, el ciudadano Gratiniano Gómez concretó ese reconocimiento aportando un acta de organización de la comunidad. Sin embargo, Pedro Ávila sostiene hoy que la notaría en la que se patentó esa primera escritura ni existía en esa época ni ha sido creada aún.

Además, según sus pesquisas legales, no existen documentos que acrediten que Francisco Robles oficiara como notario único de Riohacha en octubre de 1947, cuando se protocolizó la Comunidad del Cerrejón. Con un detalle adicional: el número de cédula que aparece firmando el solicitante Gratiniano Gómez no era el suyo. Corresponde a una persona nacida en Medellín, como lo ratificó la Registraduría Nacional del Estado Civil en respuesta a un derecho de petición de Ávila.

De igual modo, el denunciante constató que la cédula aportada por Gratiniano Gómez fue expedida en 1954, es decir, siete años después de la creación de la comunidad. Finalmente, sobre el mismo documento, Pedro Ávila demostró que la mayoría de nombres que aparecieron como integrantes de la comunidad no corresponden a los números de sus cédulas de ciudadanía. En otras palabras, que existió una suplantación de identidades para constituir una escritura falsa.

La segunda parte de la pelea que Pedro Ávila libra en la Fiscalía tiene que ver con una demanda contra la Nación y dos sentencias que otorgaron a la Comunidad del Cerrejón yacimientos de petróleo, carbón y demás sustancias minerales, con excepción de esmeraldas, oro, plata, platino y cobre. Legalmente las dos sentencias existen: la primera del Tribunal Superior de Santa Marta de abril de 1951 y la segunda de la Corte Suprema de Justicia de octubre de 1953. Pero Pedro Ávila tiene reparos.

Sostiene que así como hay dudas sobre la identidad de Gratiniano Gómez, tampoco existe plena prueba de su demanda a través de un abogado. En consecuencia, que los fallos de primera y segunda instancia también hicieron parte del montaje. Una aseveración que sustenta en virtud de sus averiguaciones a través de la búsqueda de documentos públicos y de certificaciones legales que prueban que no existe un papel que demuestre que se presentó el trámite de la segunda instancia.

Al menos en 2003, el Tribunal Superior de Santa Marta certificó que, previa revisión del legajo del proceso en referencia, “no se halló el cuadernillo de segunda instancia” y “tampoco se encontró constancia de su ejecutoria”. La Corte Suprema, el mismo año, contestó que revisados sus archivos “no se encontró en libros radicadores o en expedientes correspondientes a 1951 el documento requerido”, es decir, copia de la consulta del Tribunal de Santa Marta a la Corte por el caso Cerrejón.

Por eso, el denunciante Pedro Ávila pidió a la Fiscalía que al menos indague si existió el fallo de la desaparecida Sala de Negocios Generales de la Corte Suprema, fechado en octubre de 1953. La Comunidad del Cerrejón, en carta remitida al Tribunal de Santa Marta por este pleito, aseguró que esa sentencia sí existió, pero que por causas que se ignoran y “deben ser objeto de investigación”, el cuadernillo “se extravió y no ha sido posible localizarlo”.

A través de sus voceros, la “Comunidad del Cerrejón” agregó que esta situación ha servido de soporte para que Ávila y otros “quieran sacar provecho injustificado de la pérdida, extravío o hurto de ese expediente”, sobre todo para alegar que la providencia del Tribunal de Santa Marta no está ejecutoriada. En su defensa aporta una Gaceta Judicial de 1953, donde en su criterio se prueba que sí hubo sentencia de segunda instancia y lo demás son interpretaciones “malintencionadas y absurdas.

Pero los argumentos del denunciante no se limitan a falsas identidades o al tema de la sentencia que no aparece. Papeles en mano afirma que después de ese supuesto fallo, el trámite para acreditar la propiedad de la Comunidad del Cerrejón quedó amañado. Por ejemplo, que el Decreto 0224 de 1958, a través del cual el Gobierno autorizó celebrar contratos mineros con la Comunidad del Cerrejón, se sustentó precisamente invocando la providencia de la Corte Suprema de Justicia de 1953.

Veinte años después, en agosto de 1977, una resolución del Ministerio de Minas y Energía volvió a basarse en esa decisión de la Corte para ratificar la propiedad privada del subsuelo del predio El Cerrejón Central, que por motivos de fuerza mayor la Comunidad no había podido asumir para la explotación económica de los yacimientos. Sin embargo, este último documento también es hoy objeto de cuestionamientos por parte de Pedro Ávila, quien sostiene que también está plagado de inconsistencias.

Por ejemplo, que el abogado que apareció en 1977 para defender los derechos de la Comunidad del Cerrejón, en representación del desaparecido Instituto de Fomento Industrial (IFI), ya no trabajaba para esa entidad. En concreto, probó que Juan Carrasquilla sí fue apoderado del IFI, pero entre febrero de 1967 y octubre de 1973. Además, el gerente del IFI, Alejandro Uribe, también citado en el documento como el funcionario que otorgó el poder, dejó de trabajar en la entidad en 1972.

Con una perla más: esa resolución de 1977 que le dio blindaje al registro minero de propiedad privada a la Comunidad del Cerrejón, tiene otro vacío: Nunca fue notificada ni ejecutoriada. En apoyo de sus argumentos, Ávila esgrime un oficio expedido en 2007 por el subdirector de Fiscalización y Ordenamiento minero de la época, Edward Franco, quien dejó claro que nunca se allegó al caso específico una constancia de la ejecutoria del reconocimiento de la propiedad privada.

Por estas razones, en 2008 Ávila le pidió al Ministerio de Minas revocar la resolución de 1977. La respuesta fue negativa, pero descubrió otros detalles que, en su criterio, demuestran cómo el montaje siguió adelante. En principio, que el Ministerio admitió en su respuesta que el 11 de octubre de 1995 el jefe de la División Legal puso en conocimiento de sus superiores la pérdida del expediente de reconocimiento de propiedad privada a la comunidad, por lo cual ordenó su reconstrucción.

El Ministerio, entonces en cabeza de Hernán Martínez, negó la revocatoria de la resolución de 1977, argumentando que el expediente fue “oportunamente reconstruido”, pero Ávila lo pone en duda. Admite que, efectivamente, el 25 de octubre de ese mismo 1995, es decir, 14 días después de la advertencia, se ordenó la reconstrucción del expediente, pero primero no lo realizó un funcionario con facultades para hacerlo y no existe un documento que demuestre que la orden se cumplió.

En respuesta a un derecho de petición, la Oficina Jurídica del Ministerio respondió que realmente “no existe ninguna resolución que declare reconstruido el expediente” y tampoco acto administrativo alguno que declare esa reconstrucción. A pesar de que el Ministerio admitió que una cosa muy distinta es declarar algo y otra ordenarlo, en su opinión, la reconstrucción del expediente que blindó la propiedad privada en el Cerrejón se dio porque está amparada por la presunción de legalidad.

Desde entonces, Ávila no cesa en su brega. La primera acción penal la instauró en Santa Marta y la precluyeron. Después lo hizo en Riohacha y tampoco prosperó. A sus recurrentes derechos de petición, el Tribunal de Santa Marta o la Corte Suprema le siguen respondiendo que lo que busca no se encuentra. Incluso en 2007, el entonces presidente de la Corte, César Julio Valencia, dejó entrever que posiblemente las copias que quiere se quemaron en el Palacio de Justicia.

Él se limita a repetir que algún día va a demostrar que los derechos de 75 familias, entre ellas la suya, no fueron respetados. En cambio, que el más reciente informe de gestión de la Comunidad del Cerrejón, fechado en marzo de 2011, señala que por reparto de regalías recibió $397 millones por acción. Según Ávila, utilidades que crecen año tras año a través de 163 acciones que se reparten entre cuatro familias que en los años 90 compraron el predio a los 95 particulares cuyas cédulas no correspondían a sus nombres.

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@CamiloSeguraA

 

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