Quizá usted conoce a algún damnificado por causa de la Upac (Unidad de Poder Adquisitivo Constante), que a finales de la década de los 90 golpeó a los deudores de este sistema por un alza desmesurada de las tasas de interés en vivienda que hizo que las obligaciones de los morosos se dispararan y muchos perdieran sus casas.
Quince años después de este descalabro financiero, que agudizó la crisis de la banca en el país llevándose por delante a varios bancos comerciales y corporaciones de ahorro y vivienda como por ejemplo el Banco Granahorrar, le llegó el turno al Banco de la República, ya que el Consejo de Estado negó la nulidad del laudo que falló en contra del Emisor y lo obliga a pagar más de $1.044 millones a Seguros Generales Suramericana S.A. –antes Suramericana de Seguros S.A.– y Allianz Seguros S.A. –antes Aseguradora Colseguros S.A.–, que según la entidad debían asumir la responsabilidad que se le endosó al Banco en el caso de la Upac.
A juicio del Banco Central, en el contrato de seguros se pactó una cláusula según la cual las aseguradoras indemnizarían al Banco respecto de su responsabilidad derivada de la prestación de servicios bancarios, lo que debía incluir su función de fijar la metodología para determinar los valores de la Upac.
La situación generada por las decisiones del Banco llevó a varias demandas contra entidades financieras relacionadas con el tema Upac, en los que el banco fue llamado en garantía y por tanto pretendía que fuera cubierto por las aseguradoras.
Sin embargo, las aseguradoras se negaron a los pagos, pues estimaron que dicha cláusula no incluía la posible responsabilidad que le fuera atribuible al Banco de la República en su ejercicio de reglamentación, que fue lo que hizo con el tema de las tasas y cobros.
El Consejo de Estado confirmó que su Sección Tercera, Subsección C, negó la nulidad del fallo, pues consideró que lo que el Banco de la República pretendía era controvertir su inconformidad con el monto de la condena, lo cual no es procedente dentro del recurso de anulación.
Fuentes cercanas al tema en el Emisor confirmaron que la junta directiva del Banco Central se encuentra analizando el fallo del alto tribunal.
La Sala confirmó que aparte de pagarles a las aseguradoras, el Emisor es obligado a pagar los gastos del proceso, que corresponden a $25 millones.