Empresa brasileña afirma que detención de sus ejecutivos por caso Petrobras es "ilegal"

El fraude se estructuró en torno a un "club" de empresas que amañó licitaciones para adjudicarse obras contratadas por la petrolera.

Autoridad brasileña detuvo a varios empresarios de la construcción por negocios en caso de Petrobras.Bloomberg News

La constructora Andrade Gutierrez, la segunda mayor de Brasil, calificó el miércoles de "ilegales" las detenciones el viernes de sus ejecutivos en el marco de una operación policial por el caso de corrupción en Petrobras.

"El grupo Andrade Gutiérrez manifiesta su profunda indignación con la innecesaria y a la vez ilegal prisión de sus ejecutivos Otavio Azevedo y Elton Negrao", señaló un aviso pago de la firma publicada en la prensa local.

El texto también menciona la detención de los exejecutivos de la compañía Paulo Dalmazzo y Antonio Pedro Campello Dias en un operativo en el cual también fue arrestado Marcelo Odebrecht, presidente de la mayor constructora brasileña, que lleva su apellido.

"El grupo reafirma que nunca participó de ningún cartel y que no existen fundamentos objetivos o pruebas concretas que justifiquen esas prisiones", insistió la nota de Andrade Gutiérrez.

La justicia identificó a Azevedo como presidente de la firma, pero la publicación de este miércoles señaló que éste "jamás ejerció la función de presidente de la Constructora Andrade Gutiérrez".

La policía realizó esta fase - la número 14 desde que estalló el escándalo bautizado como 'Petrolao' hace más de un año - para determinar la supuesta participación de los ejecutivos y sus firmas en la trama de corrupción en la petrolera estatal Petrobras, un caso que tiene ramificaciones empresariales y políticas.

Según el procurador Carlos dos Santos Lima, ambas empresas constructoras "capitaneaban un esquema de cártel dentro de Petrobras".

Odebrecht ya manifestó también su rechazo a las detenciones de su presidente y otros ejecutivos.

En esta nueva fase de la operación policial y judicial "Lava Jato" (lavadero de coches, como fue denominada porque en uno de estos locales se lavaba parte del dinero), se investigan delitos de formación de cártel, fraude en licitaciones, corrupción, desvío de fondos públicos y lavado de dinero en una red de corrupción que costó más de 2.000 millones de dólares a la estatal.

El fraude se estructuró en torno a un "club" de empresas que amañó licitaciones para adjudicarse obras contratadas por la petrolera entre 2004 y 2014. Según confesiones de varios investigados, los sobornos eran destinados a financiar partidos políticos y a engrosar fortunas personales de los involucrados.

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