Empresas: ayudan a crearlas, pero qué martirio cerrarlas

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Mientras crear una sociedad puede tardar un día y costar menos de $300.000, cerrarla puede tardar varios meses y costar millones en trámites dispendiosos y en asesoría legal. ¿Cómo soportará el Estado la ola de insolvencias por el COVID-19?

El Gobierno colombiano ha tomado al emprendimiento y la creación de empresas como uno de los pilares de su política económica. El problema es que las cifras demuestran que al crear un negocio hay más probabilidades de fracasar que de triunfar: de acuerdo con Confecámaras, solo el 40 % sobreviven después de cinco años. Pero aunque cierren en la práctica, en el papel siguen existiendo ¿Por qué?

La respuesta a esta pregunta se puede encontrar al ver la lista de pasos para cerrar una sociedad en Colombia: convocar la asamblea de accionistas para declarar la liquidación y nombrar el liquidador, registrar el acta en la Cámara de Comercio, pagar un aviso en medio de alta circulación avisando de la liquidación, pagar todos los impuestos pendientes, cancelar el pasivo interno y externo de la compañía, cancelar el RUT y el NIT en la DIAN (que requiere varios pasos y trámites), cancelar los registros de los impuestos municipales, pagar las obligaciones laborales de los trabajadores, saldar las obligaciones a favor de terceros, cancelar el registro mercantil de la sociedad y de los establecimientos de comercio (que requiere varios pasos y trámites), cancelar los demás registros públicos a los que haya lugar (de inversión extranjera, de arrendadores, hotelero, minero, etc.), adjudicar marcas y patentes (y otros derechos de propiedad intelectual), liquidar correctamente el patrimonio y adjudicar los remanentes a los accionistas.

Si tan solo leer la lista cansa es porque este es un proceso claramente dispendioso y caro. También es paradójico, pues las sociedades que quieran cerrar deben renovar su matrícula mercantil (como los que quieren cerrar su empresa después de julio de 2020), y varios trámites en la Cámara de Comercio tienen costos (como el registro de acta de liquidación). Por esto, mientras abrir una empresa en el país puede tardar un día (en Bogotá puede tardar cuatro horas) y costar menos de $300.000, cerrar una sociedad puede tardar meses y millones de pesos en trámites y servicios legales.

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Los costos de asesoramiento no son en teoría obligatorios, pero debido a la dificultad de los trámites, es complicado cerrar una sociedad en Colombia sin contratar a un abogado y un contador (si la empresa no tenía). Además, los errores en este proceso tienen repercusiones, pues si la sociedad no se cierra bien, por ejemplo con problemas de balance financiero, esto puede representar problemas en la DIAN y con otras autoridades. Entonces, para muchos lo mejor es dejar esto en manos expertas, pero lamentablemente no todos los empresarios tienen el músculo financiero para hacerlo, sobre todo para aquellos que quebraron.

Por todo esto, para muchos lo más fácil es dejar de renovar la matrícula mercantil, no pagar impuestos y olvidar que existe el negocio. De hecho, ni siquiera la Supersociedades sabe cuántas empresas no están operativas. Y el problema es que en esta emergencia, provocada por la pandemia, se requiere más que nunca un proceso eficiente para cerrar empresas.

De hecho, según Confecámaras este año (hasta el 3 de julio de 2020) renovaron su matrícula mercantil alrededor del 90 % de los registros que se renovaron en 2019: 656.343 corresponde a personas naturales, 282.259 a personas jurídicas y 801.777 a establecimientos de comercio. Y 50.912 empresas han cancelado su matrícula.

La gran disolución

El pasado 18 de agosto el Gobierno reveló el Decreto 1068 de 2020 del Ministerio de Comercio, que reglamenta el proceso de depuración de las sociedades no operativas (empresas que no están desarrollando su objeto social y pueden ser consideradas sociedades fachadas).

Con la nueva norma la Superintendencia de Sociedades podrá iniciar el proceso para declarar la disolución de las sociedades supervisadas (casi todas) que no cumplan durante tres años consecutivos con la renovación de la matrícula mercantil o el envío de la información financiera (a la Supersociedades). Y dado que el Decreto fija el 2019 como el año base, en 2021 podría darse una depuración masiva de sociedades no operativas.

El Decreto nació con la intención de saber cuántas sociedades no operativas hay en el país, y para impedir que empresas de papel sean usadas para actividades ilícitas. Entonces la norma no está propiamente encaminada a simplificar el proceso de cierre de empresas. Sin embargo, alguien podría pensar: si dentro de dos años el Gobierno hará esta depuración, por qué molestarse en cerrar la empresa y sufrir todos los trámites y costos.

Édgar Iván León, profesor de la Universidad Sergio Arboleda y socio de KMJ Legal, comenta que “no conviene mucho esperar: en caso de que el Gobierno ordene la disolución de la sociedad, hay que comenzar a generar registros, hay que ir a la DIAN y hay que pagar las multas o sanciones”.

León agrega que “no cree que el Decreto sea suficiente para solucionar el problema de la burocracia en los procesos de cierre de sociedades. Hace falta una verdadera labor de reingeniería que se traduzca en normas eficientes que faciliten esta gestión al empresario. Es necesaria una ley que modifique la normativa vigente en materia comercial. Por ejemplo, definitivamente se debe hacer reducción de trámites ante las diferentes entidades involucradas: DIAN, Cámaras de Comercio y Superintendencias, principalmente”.

La pandemia de insolvencias

No necesariamente todas las empresas cerrarán definitivamente (entrar directamente en liquidación), pues siempre podrán declararse en insolvencia y entrar en reorganización: con este recurso legal se puede intentar llegar a un acuerdo de pago con sus acreedores y así tener la oportunidad de salvar sus negocios (pero si no hay acuerdo o se incumplen los pagos acordados, se liquida la sociedad).

La Supersociedades no sabe cuántas empresas se acogerán a la ley de insolvencia por causa de los efectos de la pandemia. Pero sus estudios económicos advierten que una caída del 1,9 % del PIB colombiano implicaría que 2.600 sociedades estarían en riesgo de insolvencia. Y una caída del 7,7 % del PIB (una caída congruente según las proyecciones del Banco de la República) significaría que 5.600 sociedades estarían en riesgo de insolvencia.

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Por esto, la entidad invita a los empresarios golpeados por la pandemia a acudir primero a las ayudas que brinda el Gobierno, como las que inyectan liquidez (el subsidio a la nómina), así como alivios en materia de impuestos, créditos y garantías, con el fin de que las empresas no tengan que llegar a un procedimiento de insolvencia.

Sin embargo, “previendo la posibilidad de que se incremente el número de solicitudes a procesos de insolvencia, esperamos que las empresas puedan acudir en primera instancia a los mecanismos de reorganización que promovimos en conjunto con el Gobierno nacional, que crean un ecosistema que contribuye a preservar la empresa y el empleo, sin descuidar el crédito. De esta forma, el Gobierno nacional expidió los Decretos Ley 560 y 772 de 2020 y el Decreto 842 de 2020, los cuales establecen mecanismos especiales transitorios para hacerle frente a esta crisis”, explicó el Superintendente de Sociedades, Juan Pablo Liévano.

En el Decreto 560 se crearon herramientas extrajudiciales de negociación expeditas, mecanismos extraordinarios de salvamento para proteger la empresa, el empleo y el crédito; se establecieron beneficios tributarios y se suspendieron algunas normas y obligaciones legales.

Por su parte, el Decreto 772 creó un régimen especial para pequeñas insolvencias, dirigido a empresas cuyos activos sean inferiores o iguales a 5.000 salarios mínimos legales mensuales vigentes, con el fin de tener un proceso de reorganización abreviado y un proceso de liquidación simplificado, que atienda las necesidades de las micro y pequeñas empresas. La norma hace énfasis en la resolución de conflictos a través de la conciliación, para la pronta recuperación de la empresa y el empleo, y facilite el pago a los acreedores en el caso de empresas inviables.

Asimismo, el pasado 27 de agosto la Supersociedades hizo el lanzamiento oficial del Módulo de Insolvencia (MI), un sistema de formulario electrónico e inteligencia artificial para la admisión y el manejo de procesos de insolvencia. La herramienta permitirá validar a través de un sistema de reconocimiento biométrico a los principales actores del proceso por parte de las empresas (representante legal, contador, revisor fiscal y apoderado) para la realización del trámite en línea de la solicitud de insolvencia.

“El MI nos permite fortalecer nuestra capacidad operativa y responder rápidamente a los desafíos que nos plantea la coyuntura del COVID-19, con el fin de agilizar los procesos y trámites de insolvencia para que las empresas puedan llegar a un acuerdo de reorganización con sus deudores que los lleve a su recuperación”, indicó Liévano durante el lanzamiento de la herramienta.

La Supersociedades explica que el Módulo de Insolvencia contará por ahora solo con el formato electrónico para la solicitud de admisión de Negociación de Emergencia de Acuerdos de Reorganización (NEAR); pero en futuros desarrollos y fases, todas las solicitudes de admisión a insolvencia serán tramitadas a través de formatos electrónicos.

El efecto en el emprendimiento

Gran parte de las políticas del Gobierno están enfocadas a reducir los costos de entrada, para impulsar la creación de empresas y reducir la formalización empresarial. Una muestra de ello es la alianza que firmó la DIAN con la Cámara de Comercio de Bogotá para crear una empresa en menos de cuatro horas, medidas que incluyen el asesoramiento legal para la construcción de los estatutos y otros trámites requeridos para abrir una sociedad. Sin embargo, pocas veces se contemplan los costos de salida en las políticas de emprendimiento. Por esto, en Colombia es muy caro y engorroso equivocarse o fracasar empresarialmente.

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Mauricio Toro, representante a la Cámara por el Partido Verde, explica que “el desarrollo de nuevas tecnologías implica una iteración: en donde los emprendedores y los empresarios deben tener la posibilidad de formalizarse, intentarlo y, en caso de que no funcione, poder liquidar rápidamente sin que esto incluya un trámite tortuoso ni una mala reputación para los socios, que muchas liquidan porque no dio el negocio y no porque deben plata. Entonces, estas restricciones generan barreras no solo a la formalización, sino también a la innovación, y eso es muy grave. Colombia debe facilitar el proceso de liquidación empresarial. Yo creo que antes hemos retrocedido en esta materia en los últimos años”.

En efecto, Bill Gates, Walt Disney y muchos emprendedores mundialmente reconocidos tuvieron empresas fallidas (y las cerraron) antes de encontrar el negocio con el que triunfaron. Es, en realidad, un proceso de ensayo y error, de aprendizaje, que debe ser lo más eficiente y menos burocrático posible. Entonces, aunque suene irónico y contradictorio, facilitar el cierre de empresas también ayuda al emprendimiento.

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