Empresas de EE.UU., afectadas por fallos de cortes corruptas

El Congreso estadounidense busca fórmulas para frenar ejecución de sentencias extranjeras.

Los abogados de los demandantes son, ante todo, innovadores; su último ardid para lograr importantes cobranzas incluye una nueva y abusiva forma de litigar que funciona de la siguiente manera: los abogados de los demandantes entablan demandas civiles en el exterior, con el fin de asegurar el pago de grandes sumas derivadas de sentencias en contra de corporaciones estadounidenses emitidas por corruptas cortes extranjeras. Luego, los abogados buscan cobrar dichas sentencias en los Estados Unidos, amparándose bajo normas estadounidenses liberales que favorecen el reconocimiento de sentencias extranjeras, en lo que bien podría denominarse como un ‘turismo judicial’.

Los ejemplos abundan. En estos últimos años las cortes nicaragüenses han emitido sentencias por miles de millones de dólares en contra de compañías estadounidenses, bajo una ley nacional especialmente diseñada para limitar su defensa.

Aunque las cortes de los Estados Unidos se han negado a ejecutar las sentencias de las cortes nicaragüenses, alegando violaciones al debido proceso, la posibilidad de su ejecución cuelga como una espada de Damocles sobre la cabeza de estas empresas, lo que da lugar a mucha incertidumbre y desalienta tanto las inversiones como las contrataciones, e incluso genera considerables costos legales.

En 2003 Chevron Corporation fue enjuiciada en Ecuador por daños ambientales supuestamente causados por las operaciones petroleras de Texaco que cesaron hace más de una década. La demanda fue entablada a pesar de que Texaco, adquirida por Chevron en 2001, había concluido sus operaciones en Ecuador en 1992 y había resuelto con el gobierno de Ecuador todo reclamo pendiente relacionado con limpieza ambiental en 1994.

Aun así, en febrero de 2011, un juez ecuatoriano ordenó a Chevron pagar US$8.600 millones en indemnizaciones y, de manera increíble, el mismo juez ordenó incrementar esta suma a US$18.600 millones porque la compañía se habría negado a presentar sus disculpas públicas en un plazo de 15 días tras ser emitida la sentencia. Es el monto más alto ordenado en una sentencia emitida por una corte extranjera en contra de una compañía de EE.UU.

Dado que Chevron no posee activos en Ecuador, los abogados de los demandantes se han embarcado en una especie de ‘turismo judicial’ y han diseñado un plan para cobrar la sentencia en cualquier lugar en el que Chevron tenga negocios.

El primer destino ha sido Estados Unidos. Con pruebas fehacientes de que la sentencia ecuatoriana es el producto de un fraude, Chevron logró ganar un mandato judicial de una corte federal en Nueva York, la que entre otras cosas evitaba el cobro de la sentencia en los Estados Unidos. Dicha orden fue invalidada por una corte superior y el caso está al momento ante la Corte Suprema.

Con esta nueva táctica, los abogados de los demandantes podrían establecer un desafortunado precedente que podría llevar a la quiebra a cientos de compañías que mantienen operaciones en el exterior, además de socavar nuestra economía y subvertir el Estado de derecho. Por lo tanto, ¿qué es lo que se debe hacer para evitarlo?

En primer lugar, se requiere una legislación federal para eliminar la mescolanza de leyes estatales inconsistentes, permisivas y contradictorias que rigen para el reconocimiento de sentencias extranjeras. Los Estados tienen normas diferentes, pero la mayoría de ellas muestran gran deferencia hacia las cortes extranjeras y muchas se basan en normas jurídicas que datan de hace más de un siglo, antes de la era moderna del comercio global, la proliferación de juicios y la justicia como botín.

Necesitamos una sola ley federal que sea clara, uniforme y moderna; una ley que reconozca las sentencias extranjeras sólo cuando hayan sido obtenidas de manera justa, razonable y legal.

En primer lugar, en 2010 el Congreso de manera efectiva enfrentó una nueva forma de búsqueda internacional de foro conveniente, conocida como ‘turismo de libelo’. Los demandantes lograban sentencias favorables en juicios por difamación, entablados en contra de autores estadounidenses y emitidas por cortes extranjeras y luego buscaban que éstas fueran reconocidas en los Estados Unidos.

De manera unánime el Congreso aprobó una ley que permite a los demandados provenientes de los Estados Unidos impedir la ejecución de sentencias internacionales por difamación que no cumplan con los requisitos de libertad de expresión establecidos en la Primera Enmienda. El Congreso ahora debería enfrentar el tema del ‘turismo judicial’ de la misma manera.

Segundo, la Corte Suprema debería tratar el caso de Chevron y ordenar que cuando exista evidencia de que una sentencia emitida por una corte extranjera haya sido obtenida a través de fraude y corrupción, la víctima de la mal habida sentencia, de manera preventiva, tenga derecho a impedir el reconocimiento y la ejecución de la misma ante las cortes de EE.UU. La Cámara presentó una petición amicus curiae urgiendo a la Corte Suprema a proceder de esa manera; las compañías estadounidenses no deberían tener que esperar durante años perseguidas por el fantasma de una sentencia de varios miles de millones de dólares sin posibilidad alguna de cuestionarla de manera preventiva ante las cortes.

Una sentencia favorable de la Corte Suprema enviaría un mensaje a los abogados de los demandantes para que eliminen esta abusiva táctica de su libreto.

Las cortes deberían continuar respetando y exigiendo el cumplimiento de las decisiones de las cortes extranjeras en los casos apropiados. Sin embargo, la Corte Suprema y el Congreso deben asegurar que los jueces tengan las herramientas necesarias para proteger a las empresas estadounidenses de los abogados de los demandantes que se aprovechan injustamente de la hospitalidad legal de EE.UU. Esto es lo que sería conveniente para los negocios, la economía y para la gente de este país.

 

*Presidente y CEO de la Cámara de Comercio Americana.

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