Esta semana se cumplieron tres meses de la entrega de recomendaciones que la Misión para la Transformación del Campo hizo al presidente Juan Manuel Santos. En su diagnóstico, el grupo de expertos confirmó características de un mundo rural colombiano desigual, deforestado y carente aún de los servicios más básicos, como el agua o el alcantarillado.
Las recomendaciones apuntaron a seis ámbitos: derechos sociales, inclusión productiva, competitividad agropecuaria, sostenibilidad ambiental, ordenamiento y desarrollo territorial y reforma institucional. Sobre esto último, liquidar el Instituto Colombiano de Desarrollo Rural (Incoder) era la propuesta principal. Y efectivamente, el 7 de diciembre, horas antes de que se vencieran las facultades especiales que le dio el Plan Nacional de Desarrollo, el presidente Santos decretó la liquidación del Incoder.
Para reemplazarlo, el Gobierno atendió la recomendación de crear la Agencia de Desarrollo Rural y la Agencia Nacional de Tierras. La creación de las agencias debía estar lista en febrero, algo que no se cumplió y que fue prorrogado hasta el próximo lunes. Sin embargo, a sólo días de que venza el plazo, aún hay temas por definir, como por ejemplo, el personal.
Según respondió a un derecho de petición el liquidador, Mauro Palta, quien antes era el secretario general del Incoder, están “en el estudio de los perfiles profesionales y técnicos, cargas laborales y las necesidades de cada una de las agencias, a fin de determinar el número de personas necesario para que entren a operar”. El Incoder tenía 676 cargos cuando se decretó su liquidación, de los cuales 625 estaban provistos. Pero, según dijo a este diario en diciembre pasado el ministro de Agricultura, Aurelio Iragorri, la entidad tenía unos 1.835 contratistas cuyo vínculo laboral vencía el último día de 2015.
Sobre cuántos de los empleados no serán reubicados, Palta dijo que esa “información no se tiene a la fecha, en razón de que se debe esperar la promulgación de los decretos de creación de las plantas de personal de cada una de las agencias y se requiere la expedición de los manuales de funciones y requisitos mínimos de cada uno de los empleos que se crean y de la distribución de los mismos en la estructura para cada agencia”.
Lo cierto es que en el Consejo de Estado ya se empieza a enredar más la creación de las nuevas entidades, pues se encuentran dos demandas de nulidad por inconstitucionalidad a los dos decretos que crearon las agencias, presentadas por personas que han trabajado en el Incoder. Una fue interpuesta en febrero y la otra, hace tres días.
En cuanto a la naturaleza de las entidades, para Yamile Salinas, consultora y experta en temas de tierras, el hecho de que la Agencia de Tierras y la de Renovación del Territorio (la otra entidad creada para atender específicamente las zonas afectadas por el conflicto y coordinar el trabajo de las instancias nacionales con los territorios) tengan directores, mientras la de Desarrollo Rural tiene un presidente, es diciente de que esta última tendrá un enfoque de productividad y fomento a la agroindustria, en vez de atender los compromisos con los derechos de campesinos y comunidades étnicas.
“Hace pensar que será una agencia más fuerte que las otras dos, que tendrá recursos más significativos y que está privilegiando el modelo de desarrollo con enfoque productivo del Plan Nacional de Desarrollo”. Asegura que “los sectores rurales sienten que el modelo de desarrollo agroindustrial, de productos para la exportación, de asociación con pequeños productores, que son quienes asumen el riesgo y los créditos, no es un modelo que contribuya a la construcción de paz”.
Por demás, para Salinas, tiene que haber garantías para la protección de la información: “cuando se creó el Incoder, se perdieron muchos expedientes. Yo trabajaba para la Procuraduría, que encontró 90.000 expedientes en bolsas negras de basura y otros fueron incendiados. Cuando se creó la UNAT, se pasaron allí los expedientes y sucedió lo mismo. La gran pregunta es: en un país que quiere construir memoria, ¿cómo se garantizará la protección de los expedientes y que las situaciones no se repitan?”.
La Misión para la Transformación del Campo recomendó la liquidación de la entidad creada en 2003, porque “se reconoce ampliamente que la consolidación de cuatro instituciones con tradiciones totalmente diferentes en una sola, el Incoder, terminó por deteriorar cada una de sus partes”. Según ha dicho Juan Camilo Restrepo, miembro de la Misión, el Instituto no sólo estaba cooptado por el paramilitarismo a su llegada como ministro de Agricultura, sino que “se tomaron una serie de entidades y más que fusionarlas lo que se hizo fue implosionarlas en el Incoder, que nunca pudo digerir esa cantidad de funciones”.
Hoy el Incoder, según su liquidador, enfrenta un recorte presupuestal de 20 %, su cuota a la reducción cercana al 43 % en el presupuesto de toda la cartera de Agricultura y Desarrollo Rural. Y, de nuevo, asegura que “acogiéndonos a lo indicado por el señor presidente de la República en materia de austeridad del gasto, las agencias se crearán a costo cero para el presupuesto nacional”.