EPM: “No se han perdido dineros públicos en inversión en TICSA”

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La empresa se pronunció sobre una auditoría de la Contraloría General de Medellín que arroja que la compañía habría perdido unos US$72,7 millones en dicha inversión.

Empresas Públicas de Medellín (EPM) se refirió este miércoles a una auditoría publicada por la Contraloría General de Medellín relacionada con sus inversiones en Tecnología Intercontinental S.A.P.I. de C.V. (TICSA), una empresa mexicana con más de 30 años de experiencia que brinda soluciones sostenibles en tratamiento y reúso de agua para el sector industrial y municipal. EPM invirtió en TICSA en 2013 mediante el mecanismo de la capitalización.

El documento de la Contraloría, que consta de 40 páginas, indica que EPM, desde su plan original, estimó para TICSA un Valor Presente Neto (VPN) negativo de US$1,9 millones, es decir, que desde el comienzo (según la entidad) era una inversión que se pronosticaba que destruía valor.

Más adelante detalla que “al hacer el seguimiento de los guarismos reales con la proyección original de compra, el VPN arrojó un monto negativo de US$31,5 millones y al sensibilizar el ejercicio con los datos proyectados por EPM desde el 2019, se registraría un VPN negativo de US$-72,7 millones, o sea que la apuesta actual es más pesimista que la contemplada en un principio”, dice la auditoría.

“No se entiende como EPM en el 2019 siguió invirtiendo en TICSA, al aceptar el reembolso de acciones efectuado por los inversionistas originales, cuando es claro que su política de inversión le dicta que no debe invertir capital ni crecer en filiales que generen retornos por debajo de su costo de capital, antes por el contrario, la lógica financiera y los principios de una sana administración, invitan a buscar oportunidades de desinversión para este tipo de filiales que destruyen valor o para aquellas que no presentan mejoras substanciales”, indica el documento.

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La Contraloría de Medellín también afirma que EPM fue reticente a la hora de facilitar ciertos documentos, como el convenio de inversión de 2013 o el acuerdo de salida de los accionistas mexicanos en julio de 2019 y terminó entregándolos de manera extemporánea.

EPM explicó por medio de un comunicado que se han presentado “cambios importantes” desde la llegada de la compañía a México. Afirma que la baja en los precios del petróleo ha afectado la economía de ese país, que el gobierno federal ha disminuido los recursos para atender el plan de aguas y que las expectativas de ofertas al sector privado ha disminuido.

“Adicionalmente, la estabilidad jurídica en México resultó contraria a la lectura realizada por la empresa”, dice EPM, y agrega que los gobiernos municipales en México han hecho un despojo arbitrario de sus plantas en Torreón y Tampico.

“El contrato de prestación de servicios de Tuxtla fue rescindido mediante una actuación que fue declarada nula por la autoridad competente. Y en el caso de la planta de Lerdo, han desconocido el contrato de disponibilidad de aguas”, agregó, refiriéndose a Plantas de Tratamiento de Aguas Residuales (PTAR) que registran elevados niveles de endeudamiento y gastos legales, según la Contraloría de la capital antioqueña.

EPM defendió que ha sido transparente con la información entregada a los organismos de control y vigilancia y en los seguimientos realizados en el Concejo de Medellín, señalando que el caso particular de TICSA ha sido debatido en varias oportunidades por la junta directiva.

Sobre el informe definitivo entregado por la Contraloría de Medellín, destacó que no contempló ningún hallazgo de tipo fiscal. Y aseguró que la inversión en TICSA realizada en 2013 ascendió a $213.000 millones, que se han realizado inversiones adicionales por $78.000 millones y se han recibido de la filial $27.000 millones. En 2021, el valor total de la empresa llega a $330.000 millones, según EPM, sin sumar los recursos en reclamación en proceso judiciales que se adelantan en México.

“Esta diferencia nos permite presentar que en el valor total de la inversión en TICSA no se han perdido dineros públicos, que los cambios en la estabilidad jurídica en México disminuyeron la rentabilidad proyectada y que en todo caso se mantiene la adecuada gestión empresarial acompañada de la defensa de los recursos en los procesos judiciales”, enfatizó la compañía.

De hecho, EPM indicó que se adelantan procesos judiciales que buscan la restitución de derechos de TICSA sobre algunas de sus plantas de tratamiento que fueron despojadas, “lo que obedece al propósito último de mantener protegidos los recursos de todos los ciudadanos de Medellín”.

Añadió que ganó el pleito de la planta del municipio de Torreón (estado de Coahuila), ante la Corte Suprema de Justicia de México, al igual que el pleito de Tuxtla (en Chiapas) ante el Tribunal Superior de Justicia Administrativo. Y concluyó que tiene expectativas de derechos litigiosos por aproximadamente $234.000 millones.

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