COLUMNA DE OPINIÓN

¿Es viable el financiamiento sin derechos humanos?

Noticias destacadas de Economía

El fuerte impacto de la crisis económica derivada del COVID-19 desató una serie de noticias frente a las inversiones en infraestructura que se realizarán en la región y en Colombia. El 2020 comenzó con varias decisiones económicas que reajustaron los planes de inversión de los países latinoamericanos, por ejemplo el Banco Mundial acaba de aprobar para Colombia un préstamo por US$500 millones para fomentar el desarrollo de infraestructura resiliente y sostenible en respuesta a la crisis, infraestructura a través del financiamiento a alianzas público-privadas (APP). Justamente en tiempos en que el Estado ha visto reajustado su alcance presupuestal, los privados entran a cumplir un rol más fuerte.

Colombia ha comenzado a utilizar modelos de operación con actores privados tales como el project finance con el fin de consolidar una estrategia efectiva para la construcción de infraestructura energética o vial. A comienzos de año se anunció el proyecto de energía renovable no convencional: Parque Solar Bosques de los Llanos 1, a cargo de Trina Solar Energy España, sucursal de una compañía de origen chino, el cual concretó su cierre financiero mediante el modelo de project finance por un valor de $45.000 millones. Las carreteras 4G también han sido estructuradas mediante el modelo de project finance.

Desde Ambiente y Sociedad encontramos que estas figuras cobran especial interés y relevancia ahora que la mayoría de megaproyectos en el país comienzan a pensarse y a establecer responsabilidades a futuros de aproximadamente 30 años. Cada una de estas megaobras dura décadas en su ejecución por lo cual sus impactos socioambientales tienen una vigencia más allá de la construcción. Entonces ¿Cuáles son las responsabilidades de los actores empresariales y de financiamiento que participan? Esta pregunta nos llevó a profundizar sobre la relación entre el project finance y los derechos humanos.

Uno de los principales conflictos que encontramos fue la concentración de estos proyectos en grupos empresariales determinados, lo cual se explica por su músculo económico. En el caso de las carreteras 4G, 9 de los 30 proyectos viales que se adelantan en Colombia están en cabeza de un solo grupo empresarial. Otra característica es que hay cambios de empresas y de actores en dichos megaproyectos como en la Vía al Llano o la Ruta del Sol. (Consulte la investigación aquí).

En la investigación buscamos aclarar quiénes son los actores que hacen parte del modelo de project finance, es decir quiénes realizan la estructuración financiera de estos megaproyectos, e identificamos los siguientes:

  • La entidad estatal.
  • La empresa que ejecuta la obra. Ésta, a su vez, está conformada por unos socios determinados que dan el 30% del capital de la obra.
  • Las entidades financieras, quienes aportan el 70% del capital de la obra.
  • La empresa constructora o de operación y mantenimiento que ejecuta las acciones concretas frente al proyecto.

Entender las relaciones que se dan en cada megaproyecto permite determinar quién y cómo se es responsable de los posibles impactos sociales y ambientales derivados de una obra que, como se dijo anteriormente, se puede extender a varias décadas. Queda claro que ya no es únicamente el Estado el responsable sino que cuando aparecen estos modelos mixtos o sólo privados para suplir una función estatal, la rentabilidad tendría que venir acompañada de un marco claro que establezca la responsabilidad.

De igual manera tendrían responsabilidad las agencias crediticias que invierten su dinero para desarrollar los proyectos. Por ejemplo, frente a las 4G, quienes tienen un mayor rol en el financiamiento son la banca local y externa (banca china es uno de los casos), Bancos Multilaterales y de desarrollo, Fondos Privados (donde participan inversionistas Institucionales como las administradoras de riesgos y de pensiones) y la Financiera de Desarrollo Nacional. En particular la banca multilateral como el Banco Mundial y el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) han tenido un rol fundamental no solo en el financiamiento, también en la estructuración de los marcos normativos que rigen estos proyectos.

(Consulte esta investigación aquí)

(Si quiere conocer más de las inversiones de la banca en Colombia, consulte este geoportal)

Dado su importante rol, instituciones financieras internacionales que tienen la capacidad de tomar decisiones sobre el desarrollo de los megaproyectos como el Banco Mundial o el BID disponen de sus Políticas de Salvaguarda, las cuales son un conjunto de normas que permiten identificar, evitar y minimizar el daño a las personas y el ambiente. Los bancos exigen que los prestatarios (gobiernos y empresas) aborden los riesgos ambientales y sociales como condición para recibir el apoyo financiero, además brindan a las comunidades la posibilidad de exigir el respeto por sus derechos por medio de sus mecanismos de rendición de cuentas. Ambiente y Sociedad, junto con organizaciones de la sociedad civil de la región, hemos solicitado que se establezcan mejores políticas de salvaguarda y que las instituciones financieras internacionales también asuman la responsabilidad por los impactos de los proyectos que financia (Consulte la campaña Bancos, megaproyectos y conflictos aquí).

Respecto del marco nacional no resultan claras las responsabilidades empresariales y financieras frente a las violaciones de derechos humanos. La Ley 1882 de 2018, por ejemplo, estableció que así se incurriera en una nulidad absoluta en el contrato, las entidades financieras recibirán de la entidad estatal los gastos ejecutados en el megaproyecto. Esto casi que exoneró a las entidades financieras para exigir la debida diligencia a la empresa que lo ejecuta. Cobra relevancia en la medida en que la ley prevé la acción de step in en la cual los financiadores podrán continuar con la ejecución del contrato hasta su terminación directamente o a través de terceros. Asimismo, en la actualidad el Plan Nacional de Acción de Empresas y Derechos Humanos se encuentra detenido en su trámite gubernamental y no se ve un horizonte claro para una política nacional en materia de empresas y derechos humanos.

En un país donde su rentabilidad depende de ejecuciones a futuro, se necesita un mayor compromiso en derechos humanos y ambientales. El Estado siempre será el claro responsable de todas las vulneraciones de derechos que se presentan en los megaproyectos, pero no por eso se debe olvidar quiénes son los otros actores que cumplen un importante rol en las políticas de desarrollo de un país. Así́ ocurre con las instituciones financieras internacionales, cuyo rol en la ejecución de los proyectos no se reduce solo a los préstamos y los términos financieros, sino también al impacto social y ambiental. Es importante que tanto las instituciones financieras y las empresas mejoren sus mecanismos de rendición de cuentas, la transparencia en el desarrollo de los proyectos y el acceso a la información. Igualmente, es necesario que la sociedad civil conozca que en los megaproyectos existen muchas más entidades a quienes exigirles responsabilidad frente a los conflictos socioambientales que pudieran ocurrir.

*Este texto hace parte de una serie de entregas dentro de una alianza editorial entre la Organización Ambiente y Sociedad y El Espectador sobre los megaproyectos de infraestructura en Colombia. Laura Montaño es abogada y David Cruz es sociólogo, los dos investigadores de dicha ONG.

Comparte en redes: