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Uno de los grandes logros de la Constitución política de 1991 fue fortalecer las bases para alcanzar la estabilidad de precios en Colombia. El control de la inflación es un activo público para la estabilidad macroeconómica envidiado por casi toda Latinoamérica. La historia es clara: sin estabilidad macroeconómica no es posible generar procesos de desarrollo económico de largo plazo.
La inflación (el aumento generalizado en el nivel de precios de la economía) no es un asunto menor. Cuando la inflación es baja y estable no es ningún problema: la gente se acostumbra y puede cubrirse. Sin embargo, cuando se dispara o es muy inestable, los asalariados y los retirados pierden, dado que sus remuneraciones se ajustan de forma anual. Pierde en general cualquier agente económico que tenga efectivo, porque cada vez podrá adquirir menos bienes y servicios.
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El único período de hiperinflación en Colombia se presentó durante la Guerra de los Mil Días, cuando llegó a un máximo de casi 400 %. Esta fue estabilizada en menos de tres años mediante la Ley 33 de 1903 de reforma monetaria. La guerra profundizó el declive de unas finanzas públicas desajustadas, situación que ya había obligado antes a financiar al Gobierno con emisión monetaria directa hacia finales del siglo XIX.
El episodio generó en Colombia, y en la naciente tecnocracia, un temor colectivo basado en evidencia hacia la emisión para financiar directamente (sin títulos de deuda) los déficits fiscales y un consenso político y técnico hacia la estabilización monetaria.
Después del proceso de institucionalización del gobierno de Rafael Reyes, en 1923 durante el gobierno de Ospina, la Misión Kemmerer (comitiva de expertos que hizo propuestas de reformas fiscales y monetarias a varios gobiernos de Latinoamérica) creó e institucionalizó el Banco de la República como una entidad público-privada con el objetivo de proveer circulante a la economía y estabilizar las tasas nominales de cambio.
Entre los años 40 y 70, la naturaleza del Banco fue cambiando y la política fiscal comenzó a dominar a la política monetaria, imponiendo competencias para asignar crédito sectorial con especial énfasis en el fomento económico, creándose así la Junta Monetaria.
En 1973 se nacionalizó definitivamente el Banco de la República. Sin embargo, la arquitectura institucional continuó generando un permanente sesgo inflacionario que tendió a dificultar los procesos de estabilización. El debate sobre la autonomía se hacía cada vez más fuerte, evidenciando la necesidad de independizar el Banco del Gobierno, retirar la función de asignar créditos sectoriales y, por supuesto, ajustar las finanzas públicas para apoyar la estabilización macroeconómica.
Así, durante buena parte del siglo XX, Colombia presentó algunos picos inflacionarios en un rango entre el 30 % y el 45 % anual. Las subidas inflacionarias siempre fueron causadas por alguna inconsistencia entre las políticas fiscal, salarial o cambiaria. En el libro Economía esencial de Colombia, Eduardo Lora lo explica magistralmente. No obstante, tales alzas fueron mucho menores que las de países vecinos (tal vez, por la institucionalidad que dejó el miedo colectivo justificado hacia los excesos en el financiamiento directo al Gobierno).
Los bancos centrales históricamente no han sido instituciones autónomas. En países emergentes esto sembró la base de financiamiento directo al Gobierno mediante emisión monetaria como consecuencia de situaciones fiscales desordenadas. A finales de las décadas de los 70 y 80 inició un movimiento internacional que buscaba darles autonomía a los bancos centrales. En Colombia, la independencia llegó con la Constitución política de 1991, dada una alineación de economía política internacional y local con la búsqueda de la estabilidad de precios.
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La Constitución desvinculó el Banco del financiamiento fiscal directo (salvo con votación unánime de la junta) y lo concentró en su objetivo central, que es la estabilidad macroeconómica y financiera. La junta quedó conformada por siete miembros, de los cuales dos son el ministro de Hacienda y el gerente, y los cinco restantes son nombrados por el presidente de la República por períodos de máximo doce años, dos miembros cada dos años (aunque quedó una falla en el mecanismo para el caso en que los codirectores renuncien).
La inflación se redujo paulatinamente desde 1990. El Banco usó su autonomía e instrumentos durante la crisis de 1998 y poco tiempo después adoptó la estrategia de inflación objetivo, en la cual el principal activo de la estabilidad de precios es la confianza de la sociedad en el manejo monetario, soportada en un equipo técnico de alto nivel. El Banco probó su gran valor tanto en la crisis de 2008 como en la crisis actual, en la que ha mantenido los medios de pago y la estabilidad financiera del país.
Debemos tener muy presente que el activo público de la estabilidad monetaria en Colombia, regalo de la Constituyente de 1991 y de un proceso histórico de más de un siglo, es un elemento que todos los colombianos y hacedores de política económica debemos proteger.
* Profesor de la Facultad de Ciencias Económicas e investigador del Centro de Investigaciones para el Desarrollo (CID) de la U. Nacional.