La ineficiencia, la demora, la falta de previsión. Así se podría leer la cuenta de cobro que el Estado colombiano le pasó a la concesión Bogotá-Girardot, en manos de Álvarez y Collins, después de que dos tribunales de arbitramento fallaran en favor del primero y condenaran al segundo a pagar casi $80.000 millones por no cumplir con todos los compromisos asumidos cuando se quedaron con el contrato.
“Hubo demoras e ineficiencias. Dejaron la compra de predios para el final. Por eso hay una condena para compensar por $22.000 millones en daño a la Nación”, reveló Luis Fernando Andrade, presidente de la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI). Y, con papeles en mano, agregó: “Hubo obras que no se hicieron, como la variante a Boquerón, que valió $32.000 millones. O por hacer tarde las obras, el efecto de eso es de $10.000 millones”. El caso es que, en este primer escenario, Álvarez y Collins deberá pagarle al Estado $79.146 millones. Y los intereses empezaron a correr ayer.
El otro capítulo de esta historia tiene que ver con un segundo fallo, también de un tribunal de arbitramento, en el cual “se le condena al contratista a terminar unas obras avaluadas en $290.000 millones”, como detalló el funcionario. Sin embargo, esa era la cifra valorada cuando comenzó el proceso. Hoy se tiene un avance del 40% en las obras y por eso, explica, con el departamento jurídico de la ANI, se considera que el 60% que hace falta alcanza unos $121.000 millones.
De acuerdo con la constructora Collins, como aparece en sus documentos públicos, dentro de sus proyectos en ejecución está Bogotá-Girardot. El objeto del contrato es la ejecución de las obras de construcción y rehabilitación, operación y mantenimiento del proyecto vial Bosa-Granada-Girardot. La firma Collins asegura haber construido siete puentes (Los Guayabos, Quebrada Seca, La Yucala, La Naranjala, Aguablanca, Paguey y Magdalena), 35.000 metros de dobles calzadas y unos 23.000 metros rehabilitados. También hace un inventario de los alcances del contrato así: 270 kilómetros de calzadas, cinco intersecciones, 17 puentes vehiculares, 21 puentes peatonales, pasos urbanos y semiurbanos y operación y mantenimiento.
Este contrato ya cumplió con su ingreso esperado y ahora debe entrar en el proceso de reversión a la Nación. Por eso, ahora más que nunca, “deben hacerse los pagos a la Nación y terminarse las obras”, dijo Andrade. El Espectador contactó a la constructora Collins, intentó comunicarse con la representante legal de la concesión, Luz Mélida Gamboa, pero al cierre de esta edición no había obtenido respuesta. Jurídicamente, lo que podrían hacer es interponer un recurso de anulación contra los dos fallos del tribunal de arbitramento. Sin embargo, primero deben pagar y luego entrar en el proceso.
“Esta decisión es muy importante porque es un precedente en la relación entre contratista y Estado. Unos años atrás, siempre que había un incumplimiento, demandaban al Estado y ganaban. En este caso no. Nos podemos defender. Ya la regla no es que el Estado pierde. Ahora el Estado gana. Estamos defendiendo los intereses de todos los colombianos”, recalcó Andrade.
Y en eso tiene razón. Tras preguntarle por esta posición al presidente de la Cámara Colombiana de la Infraestructura, Juan Martín Caicedo Ferrer, el ejecutivo fue enfático en que esta decisión debe verse como un punto de quiebre entre el Estado y los constructores. Como algo positivo. Pero también como un ejemplo de “que el contratista debe cumplir con todo lo que se compromete”.