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En una resolución (000593 del 19 de junio de 2013) firmada por Juan Camilo Granados, vicepresidente de seguimiento, control y seguridad minera de la Agencia Nacional de Minería, el gobierno definió los 40 proyectos mineros que son prioridad para el país, entre ellos los de la firma canadiense Eco-Oro en que opera en los alrededores del Páramo de Santurbán en Santander.
De los 40 proyectos listados, 24 corresponden a explotación de carbón en La Guajira y Cesar; 7 se refieren a explotación de oro y plata; otros 6 a explotación de sal; uno de hierro, otro de molibdeno y otro más de sulfuros polimetálicos. En total, estos proyectos representan el 80% del dinero que recibe el país por regalías.
Llama la atención la inclusión en el listado de la polémica empresa canadiense Eco-Oro, antes conocida como Grey Star. ¿Se trata de una resolución que refleja el respaldo del gobierno a estos proyectos? Según Juan Camilo Granados, de la Agencia Nacional Minera, el concepto detrás de esta resolución es que “desde la oficina de Bogotá se tenga y se tomen las decisiones sobre el proyecto, bien sea por problemas sociales, ambientales o la importancia de las regalías que aportan”.
Aclaró que la mayoría de proyectos de carbón incluidos en el listado ya están en fase de explotación. En cambio, la mayoría de los relacionados con oro apenas se encuentran en fase de exploración.
A propósito de la inclusión de la empresa Eco-oro y sus proyectos mineros en Santander, Granados explicó que precisamente lo que se busca con la resolución es que en casos polémicos por su impacto ambiental y social se pueda hacer seguimiento con un grupo de especialistas.
“La clasificación de interés nacional no es que esté avalando o justificando que ese proyecto tenemos que ejecutarlo. Si ese proyecto coincide con zonas de páramo nunca va a obtener licencia ambiental”, aclaró Granados.
De acuerdo con la resolución, para que un proyecto minero sea considerado de “interés nacional” debe cumplir con al menos uno de siete criterios: niveles de producción del mineral; capacidad tecnológica, operativa, económica y financiera; producción prioritaria para mercados internacionales; generación de recursos económicos para el Estado; impacto ambiental; impacto socioeconómico; proyectos que aporten volúmenes importantes al desarrollo de la industria.
El funcionario aceptó que la resolución no se concertó con nadie del Ministerio de Ambiente pero aclaró que no se pretende quitar ninguna competencia de vigilancia y control a los otros organismos del Estado.