Factor Group, bajo la lupa de la Fiscalía

La sociedad de corretaje de crédito y compraventa de cartera fue liquidada por incumplir las condiciones de su reorganización.

El pasado 18 de marzo llegó a la Superintendencia de Sociedades un reporte del promotor del proceso de reorganización de la sociedad de corretaje de crédito y de compraventa de cartera Factor Group Colombia S.A. (señalada por captación masiva y no autorizada de recursos del público), informando que pese a los esfuerzos no era posible cumplir con las obligaciones que la firma tenía con los fondos de pensiones y con los sistemas de seguridad social. “La sociedad no está en capacidad de atender obligaciones vencidas”, asegura el documento.

A esto se suma, según el auto de la Superintendencia de Sociedades, que “las cuentas bancarias y comerciales tienen órdenes de embargo” y que existe la “imposibilidad de seguir ejecutando su objeto social debido a la suspensión decretada por Superfinanciera, el Plan de Desmonte decretado por la Supersociedades y la desconfianza de sus clientes”. Todo llevó a que Factor Group Colombia S.A., cuyo representante legal era David Wigoda Rinzler, fuera liquidada. Además, a este proceso se suma una denuncia.

Tras la liquidación, el exrepresentante legal de la firma, Wigoda Rinzler, deberá entregarle en los próximos 20 días al liquidador de Factor Group, Luis Fernando Alvarado, los libros de contabilidad y los demás documentos asociados al negocio.

Días antes de que se anunciara la liquidación, la Superintendencia de Sociedades envió a la Fiscalía General de la Nación un documento denunciando que “presuntamente, el vendedor (Factor Group), no obstante conocer el siniestro de las operaciones realizadas con la venta de los activos de derechos de contenido económico al descuento”, que estaban a cargo de Álvaro Mesa, Nora Ramírez, Jorge Vélez, Élida Castaño y Juan Diego Fajardo; E.T. Maquinaria Pesada S.A.S.; Leyla María Guzmán; José Luis Botero y Unión Mutua, “continuó vendiendo a los inversionistas estas operaciones”.

De acuerdo con el documento puesto en conocimiento de la Fiscalía, lo anterior podría constituirse en “delito de estafa y abuso de confianza”. Según la Supersociedades, a uno de los despachos han llegado escritos en los que personas calificadas como compradores piden a la entidad revisar las operaciones de las personas y sociedades nombradas anteriormente.

“De manera general se señala en las peticiones que las aludidas operaciones presentan las mismas características de captación no autorizada de dineros del público. Igualmente se afirma que las transacciones, aparte de ser captaciones, se configurarían como delito de estafa agravada”, asegura un aparte del documento puesto en conocimiento de las autoridades.

 

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