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Luego de un año de investigar el proyecto hidroeléctrico de Ituango (Hidroituango), la Contraloría General profirió 28 imputaciones a personas y contratistas por su presunta responsabilidad en la contingencia de 2018. Ese año, la obra sufrió el taponamiento de uno de los túneles de desviación y originó una emergencia social y ambiental sin precedentes, además de millonarias pérdidas.
De acuerdo con Carlos Felipe Córdoba, contralor general, “las fallas en la hidroeléctrica son el resultado de una cadena de errores desde la planeación, diseño y ejecución”. Estos errores han tenido, a juicio de la entidad, tres grandes consecuencias: que el proyecto no está generando energía eléctrica, que ya estaba contratada para 2018 y por lo cual habría un lucro cesante de $1,1 billones.
Ha habido un desmesurado aumento de costos en toda la obra, que pasó de costar los $6 billones que se proyectaron inicialmente a $13 billones; es sobre estos números que se estima el daño fiscal por $2,9 billones. Y, por último, pero no menos importante, la generación de la contingencia de 2018, que terminó por alterar totalmente el modo de vida de los municipios más cercanos a la presa, como Puerto Valdivia, entre otros.
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La Contraloría dividió las responsabilidades fiscales del proyecto en cuatro categorías: los miembros de la junta directiva de la Sociedad Hidroituango, los gerentes de EPM y del proyecto hidroeléctrico, los alcaldes y gobernadores de entonces, y, por último, los contratistas encargados de las construcciones principales, como también a los interventores que debían vigilar la ejecución correcta de la obra.
Responsables individuales
Se le imputaron cargos fiscales a Aníbal Gaviria, exalcalde de Medellín (2012 - 2015) y a Luis Alfredo Ramos, exgobernador de Antioquia (2008-2011) por conducta omisiva en relación con el control de tutelas sobre el proyecto.
Al también exgobernador Sergio Fajardo (2012-2016) y al exalcalde Alonso Salazar (2008 y 2011) se les imputa por acciones y decisiones que habrían llevado a la pérdida de valor neto del proyecto, pues hacían parte de la junta directiva de Hidroituango. Juan Esteban Calle Restrepo, representante legal de EPM, también está entre los señalados.
La Contraloría explicó que las acciones u omisiones presuntamente generadoras de daño patrimonial se ocasionaron entre el 2008 y el 2015, por lo que eximen de responsabilidad a Federico Gutiérrez, quién inició su alcaldía en 2016.
Este es el listado completo de los imputados:
Cabe decir que el órgano de control decidió archivar las diligencias de Jorge Londoño de La Cuesta, exgerente de EPM, y quien no actuó con culpa grave, según la Contraloría; Jesús Jaramillo, secretario privado del departamento de Antioquia; Gestión y Auditoría Especializada (auditor de costos), Sebastián Álvarez, gerente de proyectos de Antioquia; Wilson Chinchilla, miembro de la junta directiva de EPM que no participó en la toma de decisiones, y Hugo Mora, miembro de junta directiva que no actuó con culpa grave.
Los consorcios vinculados
Consorcio CCCI Ituango, constructores de las obras principales
A Construções e Comercio Camargo Correa S.A., Constructora Conconcreto S.A. y Coninsa Ramon H S.A., la Contraloría les imputó presuntas conductas como atrasos sistemáticos en la construcción de obras, defectos de construcción en la GAD (Galería Auxiliar de Desviación) y aumento de valores del Contrato CT- 2012-00036.
Consorcio Túneles Ituango Fs, constructores de túneles de desviación
A Ferrovial Agroman Chile S.A. y Sainc Ingenieros Constructores S.A. se les imputa presuntas conductas de atrasos sistemáticos en la construcción de obras de desviación y el aumento del valor del contrato.
Consorcio Ingetec-Sedic, interventor
A Ingenieros Consultores Civiles y Eléctricos S.A – Ingetec y Sedic S.A. se les imputa las presuntas conductas de ausencia de seguimiento al contrato de obras principales en relación con la construcción de la GAD y el plan de aceleración como tal.
Consorcio Generación Ituango, diseñador y asesor
A Integral S.A.S, Integral Ingeniería de Supervisión S.A.S., se les imputa las presuntas conductas de asesoría deficiente, precaria modificación en diseños para incorporación GAD y omisiones de las advertencias del Board de expertos.
¿Cómo llegamos a esto?
La Contraloría ha elaborado una especie de línea de tiempo que, según la entidad, explica los problemas fiscales, pero también los errores que llevaron a la emergencia de 2018, que estuvo cerca de originar una de las peores tragedias en la historia del país
Para la Contraloría todo empieza en 2008, cuando se “comienza a advertir la falta de diligencia de los contratistas que tienen a su cargo el diseño”. Entre 2008 y 2009, se arrancó con la construcción de las vías de acceso al proyecto, pero se hace sin que haya diseños definitivos y se modifica su trazado, dice el ente de control; al mismo tiempo, se modificó la altura de la presa, lo que retrasa la construcción.
Entre 2010 y 2011 se realizó la subasta para encontrar el constructor del proyecto. Firmas de China, Corea, Brasil y Colombia muestran su interés de participar en la obra. Pero el proceso se suspendió y se terminó escogiendo a EPM con contratación directa. Al mismo tiempo, se hicieron modificaciones al contrato, que, dice la Contraloría, “liberan de responsabilidad a EPM y modifican la distribución de riesgos en perjuicio de Hidroituango”.
Para 2011 se dio inicio a la construcción de los túneles de desviación sin que existieran las vías de acceso y “se hace necesario adoptar planes de contingencia, aceleración o recuperación de tiempos que incrementan sensiblemente los costos”, argumenta la Contraloría. Problemas con los equipos del contratista de los túneles lleva a la suspensión de los trabajos.
En 2013, y hasta 2015, la Contraloría encontró fallas en la desviación del río Cauca, la arteria principal para darle vida al proyecto. Al final, esta operación, crítica para todas las obras, no se pudo realizar como estaba prevista y fue cedida al contratista de obras principales.
La estructura del proyecto es modificada sustancialmente dado que “EPM no contrató las compuertas a tiempo”. El ente de control advirtió que algunas características que estaban calificadas como inmodificables fueron “cambiadas abruptamente para la construcción de obras, como el tercer túnel de desviación (GAD)”, que fue el que colapsó en 2018 y ocasionó la emergencia que terminó por impedir la entrada en funcionamiento del proyecto.
¿Qué viene ahora?
La Contraloría explicó que los imputados podrán ejercer su derecho a la defensa y posteriormente comenzará un periodo probatorio en el que se analizarán las pruebas pertinentes. Luego se proferirá el fallo de responsabilidad fiscal correspondiente.
El fallo de la Contraloría se proferirá en año y medio. Con estos tiempos, la decisión saldría a mediados de 2022, coincidiendo en pleno con el próximo ciclo electoral del país.
En medio de todo este escenario continúan las acciones legales que Daniel Quintero, alcalde de Medellín, y cabeza de EPM, decidió emprender contra los contratistas involucrados en el proyecto. Estas acciones buscan $9,9 billones. Hay que recordar que el inicio de estas medidas causó la renuncia masiva de la junta directiva de esta organización; el nuevo cuerpo directivo votó a favor de continuar con este proceso.
De acuerdo con el vicecontralor, Julián Mauricio Ruiz, “hay una conciliación programada para diciembre entre EPM y los constructores, de la cual no hacemos parte. Si de esa conciliación logramos demostrar que el detrimento patrimonial se ha resarcido, pues esto tendrá consecuencias en el proceso”.
Entre finales de 2018 y 2038, se supone que Hidroituango proveería casi tres millones de kilovatios/hora, un compromiso que, a todas luces, no se podrá cumplir totalmente. La no entrada en operación del proyecto, argumenta la Contraloría, lo ha desvalorizado.
Según Ruiz, la Universidad Nacional, que ha asesorado toda la investigación de la Contraloría, “corrió el modelo financiero a un tiempo muy lejano y el proyecto seguía presentando números en rojo o valor presente neto negativo”. El funcionario no explicó qué horizonte de tiempo se utilizó para esta modelación.
Este viernes en la tarde se reunirá la junta directiva de EPM para evaluar la situación, por pedido del alcalde Quintero.
Las reacciones
A través de un comunicado, Sergio Fajardo explicó que “la Contraloría me vincula a la investigación para explicar el control y seguimiento realizado a las personas que delegué ante la junta directiva de Hidroeléctrica Ituango. Para realizar el control y seguimiento a la función delegada, sosteníamos reuniones periódicas, a fin de discutir y analizar el cronograma de trabajo y los costos financieros. En estas reuniones, no revisamos decisiones técnicas de construcción porque correspondían exclusivamente a EPM”.
Y agregó: “Desde 2011 EPM asumió el contrato de construcción, mantenimiento y operación (BOOMT) de la Hidroeléctrica Ituango. A partir de esta decisión, la junta directiva de la Hidroeléctrica Ituango ejerció una labor exclusiva de supervisión, vigilancia y control del cronograma de trabajos y de costos financieros del mencionado contrato. La junta no tomaba decisiones técnicas de construcción ya que eso correspondía a EPM, quien ha estado a cargo de las decisiones técnicas y su implementación”.
Por su parte, Luis Alfredo Ramos aseguró que “siempre he estado listo a responder, con total claridad y transparencia, los requerimientos de la Contraloría relacionados con Hidroituango durante la gestión que me correspondió en condición de gobernador de Antioquia, periodo 2008-2011, precisando que nunca fui miembro de la junta directiva de esa sociedad ni participé en las decisiones de planeación y ejecución de la obra”.