Familias sin recursos en España luchan por su hogar en un bloque ocupado

El bloque, rodeado de otros edificios nuevos apenas habitados, fue ocupado en marzo por la Plataforma de Afectados por la Hipoteca.

"El desalojo está paralizado", anunciaba este miércoles entre lágrimas la chilena Doris Pérez, quien desde marzo vive en un edificio ocupado en Salt, en el noreste de España, junto a una quincena de otras familias sin recursos que escaparon a la expulsión.

Apoyadas por cientos de activistas que pasaron la noche en el edificio, Doris Pérez, chilena de 51 años, y sus vecinos, conocieron a primera hora que el Tribunal de Justicia europeo había aplazado cautelarmente el desalojo del bloque, convertido en símbolo de la lucha antidesahucios.

Divorciada y con una discapacidad visual del 84% que le impide trabajar, Doris llegó en marzo al inmueble con su hija menor de 18 años y dos nietos de 11 y 8, al haber sido expulsada de su casa en 2010 por no poder pagar la hipoteca.

"No me quedó otra alternativa que venir aquí", explica ella, cuyo único ingreso es una pensión de invalidez de 350 euros.

El bloque, rodeado de otros edificios nuevos apenas habitados, fue ocupado en marzo por la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH) después de estar tres años vacío.

En él entraron 43 personas, 21 menores, de diferentes nacionalidades pero con un rasgo en común: "las habían desahuciado y nadie les había dado una segunda oportunidad", denuncia la PAH.

"Es lo mejor que me ha pasado en mi vida", asegura la chilena.

"Somos quince familias, pero en el fondo somos una sola. Las puertas siempre están abiertas y nos ayudamos entre todos", asegura Bouchra Zannouti, marroquí embarazada de seis meses, instalada en el bloque junto a su marido desempleado y su hijo de siete años.

La vida dentro del bloque confirma la buena sintonía: comparten la comida cuando hace falta, cultivan juntos hortalizas, cuidan unas gallinas que tienen en el corral y los niños se ayudan a hacer los deberes.

"En los otros bloques donde vivía, no conocía al vecino. Aquí es diferente, estoy muy a gusto", dice orgulloso Jonathan Llamas, de 15 años, acompañado de su madre y su hermano menor.

Sin embargo, una resolución judicial había decretado su desalojo este miércoles tras la denuncia presentada por la propietaria del inmueble, la Sareb, el conocido como banco malo, creado tras el rescate del sector bancario para reunir sus activos inmobiliarios tóxicos.

La entidad, que actualmente tiene 49.000 viviendas vacías en España, recibió el edificio del banco nacionalizado Marenostrum.

La amenaza movilizó a la PAH, creada en 2009, que aloja a casi 700 personas en bloques ocupados como el de Salt y hasta el momento ha conseguido detener más de 800 desahucios en España.

Con el país en recesión y un desempleo galopante, la sociedad se ha indignado al ver como muchos españoles endeudados durante el "boom inmobiliario" eran expulsados de sus viviendas al no poder hacer frente a sus hipotecas o alquileres.

Animados por consignas como "Gente sin casa y casas sin gente", centenares de personas fueron llegando desde la víspera para evitar el desalojo del bloque, equipados con sacos de dormir para pasar la noche y luciendo camisetas verdes con el lema "Stop desahucios".

"Venimos a apoyar. Vamos a ser desahuciados y a lo mejor luego también necesitamos su apoyo", explicaba Johanan Marín, desempleado de 28 años llegado de Badia, cerca de Barcelona, que se había instalado en el garaje de su inmueble junto a su pareja.

Tras una noche casi en vela, los vecinos del bloque de Salt amanecieron con buenas noticias: el tribunal europeo había escuchado el recurso de su abogado y suspendía el desalojo hasta al menos el 29 de octubre, pidiendo al gobierno español que acredite qué medidas ha tomado para proteger a los afectados.

"Esta medida nos abre jurídicamente la puerta a corregir la indecencia judicial de los tribunales españoles", celebró el abogado de las familias, Manel Benet, mientras ellas se fundían en sentidos abrazos en medio de la alegría colectiva.

Pero pese al éxtasis, saben que su batalla aun no ha terminado.

"Estamos luchando por un derecho que aparece en la Constitución, el derecho a una vivienda digna. Y en eso seguiremos", advierte Pérez, antes de explicar a su hija y sus nietos que, de momento, podrán seguir en su nuevo hogar.

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