Fondos de pensiones pueden invertir más en proyectos de infraestructura

Habrá más recursos para ejecutar proyectos de infraestructura vial. / Invias

El Gobierno informó que se amplía la capacidad de financiación de los proyectos de infraestructura por parte de los fondos de pensiones y de las compañías aseguradoras de vida.

Con la expedición del Decreto 1385 del 22 de junio de 2015 se ajusta el régimen de inversiones de estos inversionistas institucionales, permitiendo la inversión en fondos de capital privado que inviertan en activos de infraestructura emitidos por entidades vinculadas a la administradora, por medio de un vehículo de inversión que garantice la independencia en la toma de decisiones y proteja los intereses de los afiliados.

Explica el informe de prensa que los principales puntos contenidos en el decreto son:

Permite la inversión en activos de infraestructura emitidos por matriz de la AFP o sus filiales a través de Fondos de Capital Privado de Infraestructura, siempre que se garantice la independencia del vehículo de inversión y una adecuada diversificación de inversionistas en el Fondos de Capital Privado.

Se exige que el vehículo de inversión cuente con un gestor y comité de inversiones independientes de la administradora. Así mismo, al menos la mitad de los recursos del Fondos de Capital Privado deben provenir de inversionistas no vinculados a la AFP para garantizar la confluencia de diversos intereses para la selección de los activos del fondo. También se requiere una decisión por parte del órgano de más alto nivel de la administradora (su Junta Directiva), como condición para llevar a cabo esta inversión.

Se equipara el requisito de calificación mínimo para los activos de emisores locales que han sido colocados en los mercados internacionales, al mismo nivel exigido para los emisores extranjeros (grado de inversión).

En caso de contar con una calificación interna para este tipo de emisiones, les aplicará el mismo nivel exigido para las emisiones locales (grado de inversión en escala local).

Con este decreto se complementan las medidas establecidas por medio del decreto 816 de 2014 y se facilita la materialización de una demanda potencial de $8.4 billones para financiar proyectos de infraestructura por parte de los principales administradores de recursos del país.