:format(jpeg)/www.elespectador.comhttp://thumbor-prod-us-east-1.photo.aws.arc.pub/kjBKrQuWtXaTU8TeQoBP_QgyArY=/arc-anglerfish-arc2-prod-elespectador/public/VQWMGSH3A5A67LMP3V3GH7CP3I.jpg)
En un mercado en el que están presentes más de 60 marcas de vehículos, tener 24,2% del pastel, además de sumar en sus haberes una de las plantas más innovadoras, deja a GM Colmotores como el jugador más importante de ese negocio en el país. Por eso, precisamente, cobra más relevancia el anunció que dio a conocer ayer la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) al hacer público un pliego de cargos contra la compañía por restringir el crecimiento de sus competidores o en otras palabras, “la entrada y expansión de otras marcas de vehículos en Colombia”.
De acuerdo con el ente regulador, la fabricante de carros incurrió en “presuntas infracciones al régimen de libre competencia al prohibir a sus concesionarios y a los inversionistas de los mismos constituir sociedades o abrir establecimientos de comercio independientes para distribuir y comercializar vehículos de marcas diferentes a Chevrolet”. Al proceso, además, fueron vinculados seis altos ejecutivos y exejecutivos de la empresa, quienes tendrían injerencia en dicha maniobra comercial.
En esa lista se encuentran Marco Aurelio Pacheco, vicepresidente posventa andina; Carolina Ramírez, gerente de desarrollo de concesionarios; Santiago Chamorro, presidente entre 2008 y 2012; Humberto Gómez, vicepresidente comercial; Jorge Mejía, actual presidente, y Jaime Gómez, presidente de General Motors para Suramérica, quienes “al parecer colaboraron, facilitaron, autorizaron, ejecutaron o toleraron la conducta anticompetitiva objeto del pliego de cargos”.
En la investigación adelantada por el ente regulador se encontraron correos electrónicos y contratos en los cuales la compañía fabricante prohibía a sus socios de negocio, que en este caso eran los dueños de los concesionarios y sus inversionistas, comercializar otras marcas de carros sin su debida autorización. Además se halló lo que sería la evidencia de cancelaciones de contratos entre las dos partes, ensambladora y comercializadores, donde la primera le quitó contratos a los segundos a manera de sanción por haber creado empresas para vender otras marcas distintas a la emblemática del corbatín.
GM Colmotores aseguró que “los concesionarios que hacen parte de la red Chevrolet, son para la comercialización exclusiva de los productos Chevrolet, esto con el objetivo de defender la imagen de la marca”. Ahora, de ser declarados culpables, tanto la empresa como los ejecutivos se enfrentan a multas que para la compañía pueden alcanzar los $64.000 millones y para las personas $1.288 millones.