Gobierno pone lupa a 2.500 títulos mineros

El nuevo esquema de fiscalización es el proyecto más grande y ambicioso adelantado en el sector, con más de $300.000 millones comprometidos.

Por buen camino avanza la fiscalización integral a los 9.500 títulos mineros existentes en el país, advirtió la Agencia Nacional de Minería (ANM).

Un informe revelado este martes indica que en un primer corte y tras completar la visita a 2.500 títulos mineros, en 23 departamentos del país, se encontró que el 78% presenta algún tipo de hallazgo o irregularidad.

En esta primera fase la autoridad minera requerirá a los titulares para el cumplimiento de los compromisos contractuales, de manera tal que en el siguiente ciclo de visitas se verifique el acatamiento efectivo de todas sus obligaciones. Si para entonces persisten los hallazgos, se procederá con las sanciones a que haya lugar, dice el informe de prensa de la autoridad minera.

El informe destaca que el nuevo esquema de fiscalización es quizás el proyecto más grande y ambicioso que se haya adelantado en el sector, con más de 300.000 millones de pesos comprometidos (para dos años), un equipo interdisciplinario de más de 700 profesionales involucrados en la revisión integral del 100% de los títulos mineros y el respaldo de dos grandes consorcios con amplio reconocimiento internacional cuyo gerenciamiento está en manos de Fonade.

El enfoque de esta nueva fiscalización, a diferencia del anterior, es completo e integral (cobija aspectos económicos, ambientales, técnicos, jurídicos y de seguridad minera) y permitirá fiscalizar la totalidad de los más de nueve mil títulos en todo el país así como de todos los futuros contratos que se firmen, precisa el estudio.

“La nueva fiscalización va por buen camino; su ejecución garantizará el pleno cumplimiento de los contratos mineros; fortalece la actuación de la Agencia como autoridad del sector y lleva a los privados a tomar las acciones del caso”, lo que según la presidente de la ANM, María Constanza García Botero, “en últimas, redundará en una minería responsable, en un control efectivo sobre la actividad y en mayores recursos para el país”.

Con limitados recursos y poco personal, la fiscalización en Colombia presentaba grandes deficiencias en su alcance así como en el conocimiento obtenido sobre el estado de la minería en el país.

Resultados

Los resultados presentados en este primer corte de nueva fiscalización corresponden a más de 2.500 títulos de pequeña y mediana minería, donde se concentra el 99.5% de los títulos otorgados en el país.

Dice el informe que un título minero genera en promedio 28 empleos (40% directos, 60% indirectos). Esto implica que el empleo total estimado de la actividad minera de pequeña y mediana escala en Colombia se aproxima a los 300 mil, es decir, un 1,3% del empleo nacional total. La minería genera el 11% del ingreso nacional.

Los costos de inversión y operación minera en Colombia, en promedio, por título minero, ascienden a 1.8 millones de dólares por año.

De los títulos en fase de exploración, el 60% de ellos se encuentra en la primera fase del proceso (exploración geológica de superficie); solamente el 10% de los títulos en exploración se encuentra en la última etapa de fase de viabilidad técnica y económica (previo a la explotación), dice el informe de prensa.

En agosto del presente año, una vez concluido el primer ciclo con todos los títulos revisados, la Agencia Nacional de Minería contará con una información más en detalle sobre aspectos tales como: producción y reservas mineras, proyecciones de producción, cumplimiento de licencias y permisos ambientales, pago de regalías y contraprestaciones económicas.

García Botero reiteró la importancia de esta nueva fiscalización, dado que la Agencia tendrá un mejor desempeño en su labor de control debido a que “podremos pronunciarnos en el momento debido frente al desarrollo de la actividad minera y requerir el cumplimiento según las condiciones de operación minera, así como imponer las sanciones a que haya lugar; contar con un mayor control en los reportes de producción de minerales y, por tanto, en el pago de contraprestaciones económicas”, agregó.