Para muchas cosas, 1,5 centímetros son una longitud insignificante. Para el Gobierno, sin embargo, es una de las cartas de presentación a la hora de defender Más Familias en Acción (MFA), la estrategia que busca dar impulso a los colombianos en situación de pobreza con apoyos en dinero, pero también con algunos condicionantes. Cada uno de los 2,6 millones de hogares a los que llega la transferencia debe llevar a los menores de edad al médico y al colegio, cuidados que han resultado en mejoras como 1,5 centímetros más de estatura en los niños atendidos por MFA.
Como incluso lo reconoce Tatyana Orozco, directora del Departamento para la Prosperidad Social (DPS), entidad con $3,5 billones de presupuesto este año y encargada de entregar los recursos de MFA, el programa no ha estado exento de críticas. Han sido en parte personajes del mundo empresarial quienes no han visto con tan buenos ojos las transferencias monetarias, pues, dicen, fomentan la pereza. Más recientemente, el Banco Interamericano de Desarrollo publicó un informe en el que entrega recomendaciones y lecciones aprendidas tras más de 10 años de existencia de MFA.
Más Familias en Acción ha crecido cerca de nueve veces en los últimos 14 años, al pasar de unas 320.000 familias atendidas en 2002 a los más de 2,6 millones de hoy, que reciben entre $100.000 y $200.000 al mes. El estudio del investigador Roberto Angulo, publicado por el BID, dice que ejecutar el programa ha sido el resultado de una especie de prueba y error, que ha supuesto gran capacidad operativa y la participación de distintos sectores, como autoridades nacionales, locales, entes de control, sector privado y la comunidad, para cubrir los más de mil municipios de Colombia.
De entrada señala que los retos provienen de las brechas entre los centros urbanos y las zonas rurales apartadas, en las que, según el censo nacional agropecuario, la pobreza en todas sus dimensiones ronda hoy el 45 %, frente a un promedio nacional que es cercano al 21 %. Los lugares más apartados generalmente coinciden con ser los más pobres, de más difícil acceso y con mayor debilidad de la presencia institucional, dice el informe. Eso implicó brechas en la capacidad operativa de los municipios para ejecutar MFA, que fueron resueltas con la estandarización y el depósito de toda la información en un solo sistema (SIFA).
Por ejemplo, ¿cómo verifican que un niño efectivamente va al médico o al colegio? “La verificación de asistencia escolar es realizada por los rectores de cada institución con una clave que les da acceso al SIFA, garantizando así que el registro sea más seguro, oportuno y estandarizado, en contraste con la verificación manual”, señala Angulo. Otro de los desafíos ha estado en los desembolsos, de los cuales por lo general la madre es la titular: desde giros, apertura de cuentas bancarias y los monederos electrónicos, todo ha sido a punta de prueba y error.
La bancarización trajo problemas que se ha intentado resolver con iniciativas como la que reportó El Espectador hace unos meses, llamada Lista, tabletas a través de las cuales se hacen capacitaciones para la inclusión financiera. Presentarse ante el funcionario de un banco o sacar plata de un cajero, por ejemplo, puede ser un enredo para muchas personas, lo que las expone a ser engañadas por criminales. Los dispositivos se entregaron a las madres líderes de MFA, como Yamile Hidalgo, en el Valle del Cauca, quien montó su propia empresa y aseguró que fomenta una cultura de ahorro en sus hijos. Según el DPS, el programa se retomará pronto.
“Sabemos muy bien que la superación de la pobreza multidimensional exige la coordinación y articulación de MFA con otros programas sociales. Por esta razón, adicional al SIFA, el DPS cuenta hoy con la Llave Maestra, un sistema de información que permite identificar los diferentes programas sociales en los cuales han participado las familias”, dijo Tatyana Orozco. Sobre la integración intersectorial, aseguró que buscan “la ampliación permanente de la oferta de otras instituciones del Estado, para llegar con un paquete integral de superación de la pobreza a nuestras familias”.
Las transferencias monetarias condicionadas han sido también criticadas por no resolver los problemas de fondo. Para la exministra de Agricultura Cecilia López, autora de la Ley de Economía del Cuidado, MFA “condena a las mujeres, que se están educando incluso más que los hombres, a reforzar su papel de ser las únicas responsables de la salud y educación de sus hijos, cuando eso es responsabilidad de la pareja”. López añadió que este tipo de subsidios desestimulan la participación al mercado laboral, al tiempo que son una estrategia más barata para los gobiernos que resolver los problemas de fondo, como las coberturas universales de educación, salud de calidad y trabajo decente.
El DPS, por su parte, defiende MFA, con argumentos como que, con las ayudas institucionales, 692.000 personas superaron la pobreza en 2015 y 727.000 la pobreza extrema. La OCDE, al hablar de una reforma tributaria estructural en Colombia, recomendó subir el IVA, sin que eso implique afectar a los más pobres, pues iría atado a incrementar las transferencias condicionadas a los de menos recursos. Lo que es poco una materia de debate, como lo dice el estudio publicado por el BID, es la importancia de integrar a las personas que salen de la pobreza en estrategias para la generación de ingresos para que, al estar en una clase media vulnerable, no recaigan.