“Hubo un plan para desestabilizar a EPM”: alcalde de Medellín

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Daniel Quintero, quien ayer dio en la Fiscalía una declaración juramentada sobre el caso Hidroituango, asegura que el informe de Advanta se ocultó porque contiene “verdades incómodas”. Se refiere, además, a la posibilidad de que EPM ya no sea operador de energía en la Costa.

Este miércoles el alcalde de Medellín, Daniel Quintero, entregó a la Fiscalía el informe hecho por la firma Advanta sobre la emergencia ocurrida en Hidroituango en 2018. Según el funcionario —que habla sobre el tema en esta entrevista—, ese documento, que endilga responsabilidades alrededor del colapso del túnel de la hidroeléctrica, fue ocultado por la administración anterior.

Ante esto, vale la pena aclarar, los miembros de la junta que renunciaron en agosto pasado afirmaron en las últimas horas no solo que no conocían el informe, sino que este fue contratado por la aseguradora (Mapfre) para su “uso exclusivo”. Las acusaciones de estar ocasionando —o haber ocasionado— graves daños a EPM son mutuas.

¿Qué tiene de nuevo el informe que se ha dado a conocer en los últimos días, con respecto a otros que ya se conocían, como el de Skava y el de la Contraloría?

Es un informe de agosto de 2019, en el período de Federico Gutiérrez, que muestra que tanto los diseñadores, interventores y constructores son responsables por deficiencias en el túnel, la GAD, que es el que termina colapsando. Es el primer informe formal que endilga responsabilidades a los constructores, pero quizá lo más relevante es que estuvo oculto, no se quiso anexar al proceso de conciliación o reparación por parte de las aseguradoras y dentro de la empresa no está ingresado de forma oficial. Es un funcionario, que tiene miedo, quien lo entrega y, cuando lo entrega, dice que este documento fue engavetado para que no procedieran demandas contra contratistas, constructores, diseñadores e interventores, pero también al parecer para no alimentar los procesos que hoy avanzan en los órganos de control. Había muchas verdades incómodas en este documento que no querían que salieran a la luz.

El de Skava y el de la Controlaría también habían señalado las deficiencias en los túneles…

Es importante reconocer quién hace el informe de ahora: Advanta Global Services, que es quizás uno de los peritos más importantes en el mundo en temas de obras de infraestructura y seguros. El informe se hizo con la información que entregó la empresa, ellos viajaron a Colombia y funcionarios de Colombia viajaron a Londres (la firma es londinense), para finalmente tener un informe imparcial, es decir, de ninguna de las partes: ni de EPM ni de Integral (uno de los diseñadores), que también hizo su propio informe. Y, además, se basa en hechos objetivos: por ejemplo, que se redujo el número de tornillos en un 25 %, los tornillos de anclaje que son los que sostienen las montañas en grandes obras; en este caso, sostenían el túnel. También que se redujeron la calidad de las mallas, el espesor de los concretos, que no se pusieron los pisos donde se encontraron fallas; que el túnel se había caído y que no se tomaron medidas en esos puntos; que hubo sobrexcavaciones… Con hechos objetivos muestran que hubo irregularidades en el punto en que se cayó el túnel.

¿El funcionario que dio a conocer el informe podría afrontar sanciones? ¿Se está llevando a cabo una investigación interna?

Nos enteramos porque estos hechos fueron presentados en la junta del pasado lunes (31 de agosto), y la administración de EPM presenta el documento; preguntamos a las aseguradoras para saber si el documento era real y una vez informados de que era real el gerente inició compulsa de copias a los órganos de control, que deben conocer esta información, y también los procesos disciplinarios en el interior de la empresa para saber quiénes tuvieron acceso al documento y quiénes no lo hicieron público, y por qué no entró de forma oficial a la empresa.

¿Cómo le ha ido con la nueva junta? ¿Ya llevaron el asunto de la conciliación a la discusión?

Bien. Y gracias en gran medida a esta información la junta tomó la decisión de avanzar en el proceso de conciliación que eventualmente puede terminar en una demanda a los contratistas. La primera etapa es la conciliación, decirles que creemos que nos deben una plata y si ellos nos la pagan quedamos tranquilos.

¿Por qué se decide llevar este tema a la nueva junta y no a la anterior, a la que renunció?

Se trató de crear un sofisma de distracción en relación con el manejo mío sobre el gobierno corporativo y la junta. Hay tres hechos que demuestran que nunca lo irrespeté: no cambié a los miembros de junta cuando llegué porque leí el gobierno corporativo y decía que solo podía cambiar 3 miembros de 9, pero cuando llegué ya habían renunciado unos miembros; lo único que pude fue completar los cupos y eso permitió que algunos miembros, incluso con más de 14 años en la junta, se mantuvieran. Fue un ejercicio de respeto de gobierno corporativo. Segundo: se habló de que nos habíamos saltado el objeto social: ya son públicas las actas que muestran que es la empresa, incluso la misma junta, la que hace ajustes y hace solicitud al alcalde de que haga una presentación del proyecto en relación con el objeto social al Concejo de la ciudad. Esa es otra mentira que queda revelada. Y lo tercero es que es el alcalde quien demanda a los constructores: es el gerente en función a sus atribuciones quien hace la demanda. Lo respaldo porque lo hace, además, en el marco de la ley.

Federico Gutiérrez dijo que “en su momento” se decidió demandar a los contratistas de EPM. ¿Eso fue así? ¿Antes de la conciliación se había tomado alguna acción legal?

No había demanda contra constructores. Había un borrador contra diseñadores, pero esta demanda resultaba insuficiente porque Integral (el diseñador) es el que menos recursos económicos tiene en toda la ecuación. Entonces, si se avanzaba solo con los diseñadores, no íbamos a recuperar los recursos. Lo que trae de nuevo este informe es que los constructores también son responsables. Eso, de forma solidaria, nos permitirá recuperar más recursos, que son públicos, de la ciudadanía.

Después de ver toda esta información, para usted ¿qué pasó en Hidroituango y, por tanto, qué posición defenderán en la conciliación?

En Hidroituango colapsó el tercer túnel, que no hacía parte de los diseños iniciales. Hay que recordar que, si no se hubieran cambiado los diseños, hoy estaría generando energía. Si antes de cerrar los dos túneles iniciales hubieran, como estaba planeado, terminado la presa y la casa de máquinas, incluso el colapso no hubiera evitado que hoy estuviéramos generando energía y no se hubiera generado el desastre ambiental que hubo. Fue una suma de múltiples errores que se acumularon y crearon la tormenta perfecta. Serán las autoridades las que determinarán si caben responsabilidades individuales, que creo que las habrá.

¿Cómo lee usted las repercusiones que han tenido sus decisiones, la renuncia de la junta, la posterior baja en la calificación…?

Hubo un interés lamentable de crear un ambiente de incertidumbre en una empresa sólida: con ventas en el primer semestre por cerca de $10 billones. Pero la renuncia como ejercicio de presión mediática, motivada y con información que luego se reveló que no concordaba con la verdad creó una sensación de que había una crisis. La última vez que hubo una renuncia masiva de una junta directiva en una empresa importante fue en el caso de Interbolsa: renuncia la junta y al día siguiente se quiebra la empresa. Se llenó también el ambiente de noticias falsas: que nos habían cerrado los bancos nacionales, que el alcalde había irrespetado el gobierno corporativo, incluso llamaron a algunas calificadoras para tratar de vender la idea de que estaban pasando cosas muy malas y que debían bajar la calificación. Lo lograron en un caso, en otro afortunadamente alcanzamos a hablar con la calificadora y antes de que tomara esa decisión mostramos las pruebas y por eso no bajaron la calificación. Pero sí es claro que hubo un esfuerzo por desestabilizar. Armábamos una junta y llamaban a los miembros a decirles que renunciaran, y eso hizo que durante 15 días no pudiéramos crear una junta directiva. Nombramos a personas independientes, la mayoría antioqueños que no se dejan presionar por ningún poder económico para tomar decisiones y gracias a eso hoy tenemos una gran junta.

Pero EPM sí reportó en la Superfinanciera una suspensión temporal de relaciones con la banca nacional e internacional...

Preguntamos qué bancos habían cerrado y nos dieron un par de nombres. Llamamos a esos bancos y nos dijeron que no habían cerrado. Hay una investigación disciplinaria para entender por qué se emitió como información relevante una información que no se ajustaba a la verdad. Hay un banco internacional, canadiense, que hizo una suspensión temporal, en el ámbito nacional no hubo eso. También se dijo que la Superintendencia iba a intervenir, era mentira. Mi pregunta es: ¿quién tenía interés de que a EPM le fuera mal, que se generara una inestabilidad financiera y nos bajaran la calificación? Se les fue la mano, es como si hubieran salido de la casa y le hubieran echado fuego antes de irse. Estos documentos que se han revelado demuestran que teníamos la razón.

¿Tiene hipótesis de quién quiere desestabilizar a EPM?

No me aventuro en hipótesis, pero había un plan.

Hay incertidumbre sobre el desembolso de un crédito por parte de BID Invest. ¿Qué dice sobre eso?

EPM hace tres o cuatro meses estimaba que era posible que bajara la calificación de la empresa como resultado del COVID y de que al país le habían bajado la calificación. No puede una empresa tener una calificación más alta que su país; las calificadoras tienden a mantener una correlación entre ambas calificaciones. Entonces, hicimos una emisión de bonos que fue demandada 3,5 veces. Y gracias a eso hoy no demandamos crédito de ningún banco. No preocupa porque tenemos liquidez, incluso para prepagar algunas deudas.

¿Pero la duda sobre ese desembolso tiene que ver con la licencia ambiental de Hidroituango?

En Hidorituango se cometieron algunos errores ambientales que está investigando la Fiscalía, obviamente eso preocupa a algunos fondos, los entendemos pero también hemos dicho: la mejor alternativa ambiental en este momento para el río Cauca es que el proyecto funcione. Lo contrario es mucho más riesgoso, desembalsar, eso nunca se ha hecho en estas dimensiones. Pondría en riesgo la vida de 120.000 personas y tendría unas afectaciones gigantes sobre el río Cauca.

¿El desembolso de Mapfre en diciembre se hizo reconociendo un caso fortuito o que hubo errores?

Lo hizo en septiembre, y como resultado del informe de agosto. Lo curioso es que en septiembre el entonces gerente de EPM, Jorge Londoño, en el período de Federico Gutiérrez, dijo que habían reconocido por fuerza mayor; ahí mintió. ¿Por qué estaban mintiendo? Al parecer porque querían proteger a los contratistas.

Estos contratistas van hasta diciembre de este año y hay dudas sobre si ellos querrán seguir dada la situación. Si se van, ¿se tendría que sacar una licitación?

EPM tiene una matriz de riesgos que incluye qué pasaría si en algún momento algún contratista deja de operar. Y esa matriz implica que la empresa tiene que tomar unas decisiones previas en caso de que eso pueda ocurrir y posteriores en caso de que ocurra.

¿Entonces qué pasaría?

Si uno está construyendo una casa y se va el plomero, tiene que traer otro.

¿Por licitación?

No sabemos cómo sería el proceso dentro de EPM. Puede que EPM lo haga ella misma, porque ya estamos en la etapa final. Estimamos que en diciembre de 2021 podríamos empezar a operar, más lo que nos haya afectado el COVID, que puede ser uno o dos meses más. Solo hay un punto que es complejo: el cierre del último túnel es una de las tareas más importantes para darles tranquilidad a 120 mil personas.

¿Y qué tiene por decir sobre la renuncia de la junta directiva de Ruta N?

La junta de EPM y la de ruta estaba muy entrelazada. Incluso uno de ellos estaba demandado en este proceso contractual. Hubo una especie de solidaridad de cuerpo. Como no cambiamos las juntas porque creemos que a los procesos hay que darles estabilidad, encontramos que estaba el presidente de Conconcreto como miembro de junta; estaba Azucena Restrepo, presidenta de Proantioquia, que representa también a varias empresas en este proceso, incluida Sura. No queríamos que renunciaran. Siendo el alcalde de Medellín, tengo que ser el alcalde de unos y de otros.

Se ha dicho que EPM podría echarse para atrás en el negocio de Caribemar...

Estamos en una negociación con el Gobierno Nacional. Como funcionarios públicos para hacer una inversión sobre un proyecto, este debe ser rentable, porque son los recursos de los antioqueños y de los colombianos. Con el Gobierno estamos reconociendo las afectaciones que generó el COVID, cuáles serán las pérdidas en los próximos años. Esta es una empresa (Caribemar) que va a entrar con pérdidas en los próximos años, entonces: cuánto más se demoraría en alcanzar punto de equilibrio. Estamos trayendo eso a valor presente neto y le estamos diciendo al Gobierno que ajustemos el valor de entrada en función de esas variables. La proyección financiera es que después de varios años de trabajo e inversión (EPM va a invertir cerca de $10 billones) lograremos recuperar la empresa. En Caribemar durante décadas no se invirtió en infraestructura, y por eso la gente ve un mal servicio. Cuando eso pasa la gente no le tiene el cariño que debería tener por la empresa. Queremos un Caribemar bueno y funcional, y vamos a entrar si desde EPM podemos aportar. Si creemos que no podemos hacerlo, mejor dejamos que el Gobierno sea el que lo opere.

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