Humo de tabaco en la tributaria

Las tabacaleras se oponen a un incremento del 50% en el gravamen de los cigarrillos El contrabando, su argumento.

El 15% de la población colombiana fuma y la incidencia personal es de 8 cigarrillos diarios. “Colombia no es un país particularmente fumador”, dice Jorge Cabrera, directivo de BAT. / EFE

“La epidemia mundial de tabaquismo mata cada año a casi 6 millones de personas, de las cuales más de 600 mil son no fumadores que mueren por respirar humo ajeno. A menos que actuemos, la epidemia matará a más de 8 millones de personas cada año hacia 2030. Más del 80% de esas muertes evitables corresponderán a personas que viven en países de ingresos bajos y medianos”. Estas cifras del Instituto Nacional de Salud son el argumento para que el Gobierno propusiera aumentar en 50% el impuesto que pagan las tabacaleras por cada cajetilla de cigarrillos que venden en Colombia.

El ministro de Hacienda y Crédito Público, Mauricio Cárdenas, le dijo a El Espectador que “el precio de la cajetilla de cigarrillos en el país es el más bajo en Latinoamérica, después de Paraguay. Estamos hablando de US$2 por cajetilla y en otros países puede costar US$8 o incluso US$12”.

Ceñidos a un enfoque de salud pública, gobernadores y el ejecutivo acordaron que en el marco de la reforma tributaria se discutiría la aprobación de un aumento de $300 en el impuesto al consumo en los próximos tres años.

“La propuesta tiene por objeto desestimular el consumo de cigarrillos en los jóvenes, quienes ya tienen el vicio del cigarrillo. Queremos que no empiecen a fumar o dificultarles el ingreso para preservar su salud”, explica el gobernador de Cundinamarca, Álvaro Cruz, quien anunció la decisión el martes a través de Blu Radio.
Fue suficiente que terminara la entrevista para que las tabacaleras, a las que tomó por sorpresa la propuesta, pusieran el grito en el cielo, pues los efectos de un aumento del mismo porcentaje en 2010, según representantes de Coltabaco y la British American Tobacco, fueron nefastos.

Humberto Mora, director de asuntos corporativos de Coltabaco, dice que “en 2010 aumentó el impuesto al consumo en un 50% y el contrabando se trepó de 1,8% a 19% a nivel nacional. Esto significo unas pérdidas de recaudo (para los departamentos) de $135 mil millones anuales. Más de 3 mil millones de cigarrillos que empiezan a venderse de contrabando y que desplazan las ventas de importados o producidos nacionalmente”.

Las consecuencias de una decisión como esta serían claras, dice Mora; “en la Costa, donde hay altos niveles de incidencia de contrabando, probablemente la mayoría de productos que se venderían serían los que no pagan impuestos y el negocio se vuelve inviable. Si hacen ese aumento en el impuesto al consumo, no podemos seguir comprando hoja de tabaco en Colombia”.

Por su parte, el vicepresidente de la British American Tobacco (BAT), Jorge Cabrera, considera que “nos toma por sorpresa, porque la política estatal cambió. En varias reuniones con el Gobierno habíamos pactado que los impuestos se mantendrían hasta que el contrabando fuera controlado pero de un momento a otro acabamos metidos en el baile de la reforma tributaria”.

Cruz asegura que “en los países en los que se ha aumentado el precio de los cigarrillos existe un desestímulo por parte de la juventud para iniciar en el vicio del cigarrillo, que finalmente es lo que se pretende”. Sin embargo, los directivos de manera unánime desmienten que esto sea así.

“La gente es cada vez más consciente de que el consumo de tabaco es nocivo y hay una tendencia en todos los países de caída del consumo de alrededor de un punto porcentual por año. Lo que ha pasado en Colombia es que las ventas de cigarrillo legal han caído en 17 % y el contrabando ha llenado ese espacio. Es decir, el consumo no ha caído en la forma en que caen las ventas”, dice Mora.

Las compañías que fabrican y distribuyen cigarrillos en Colombia advierten que no se niegan a aumentar la tributación si es necesario. Sin embargo, lo que piden es control sobre un mercado ilegal que representa el 14% de la mercancía que entra al país sin pagar impuestos. Situación que no ha sido posible hasta ahora pues, alega Mora, hay productos ilegales que se venden en el Valle del Cauca y provienen de La Guajira, una problemática histórica.

Conscientes del peligro que representaría para departamentos como Antioquia, donde se logró reducir la incidencia del contrabando de 27% a 12% en casi dos años, y el impacto que tendría en las zonas fronterizas, que son las más afectadas por este fenómeno, los mandatarios pidieron al Gobierno que, de lograrse esta aprobación, se acelere la aprobación de la ley anticontrabando que dé herramientas para combatirlo.

Otra de las personas que se pronunciaron sobre esta medida fue la representante a la Cámara y coordinadora ponente del proyecto de ley de financiamiento, Lina Barrera, quien le pidió al Gobierno no ejecutar esta medida, pues “se verían afectadas más de 30 mil familias campesinas que derivan su sustento del cultivo de tabaco”.
Ante la oleada de criticas y la fuerte reacción de distintos sectores, el ministro Cárdenas se comunicó con El Espectador para aclarar que “la reforma tributaria no se va a meter con temas territoriales, por lo que lo más probable es que esto no se aborde”.

Sin embargo, queda sobre la mesa la pregunta sobre si el contrabando de este producto —que les preocupa tanto a las tabacaleras por las pérdidas que genera a nivel tributario— no va a ser combatido como es debido y preferiblemente se mantendrá baja la carga tributaria de la que habla el ministro hay en Colombia, para “no alborotar el avispero”.

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