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El Instituto Colombiano Agropecuario (ICA) respondió a la información publicada por la Contraloría General de la República (CGR) sobre presuntas irregularidades en el arrendamiento de la nueva sede de la entidad sanitaria.
A través de un comunicado, el ICA aseguró que el traslado de las oficinas se hizo cumpliendo los principios de “eficiencia, eficacia y economía, contemplados en las políticas de austeridad en el gasto público expedidas por el Gobierno Nacional, y como medida orientada al mejoramiento continuo para comodidad de sus usuarios y servidores públicos”.
En días pasados, la CGR informó que hizo un hallazgo administrativo con posible incidencia disciplinaria y penal en el marco del arrendamiento de la nueva sede del ICA. El ente de control hizo referencia a "un posible favorecimiento a terceros, gestión antieconómica y desconocimiento de los principios de economía, transparencia y selección objetiva, por falta de un estudio de mercado que garantizará estos aspectos”, en el marco del contrato 087 de 2020 suscrito por el ICA con la empresa FAMOC.
Sobre esto, el ICA afirmó que “el cambio de sede fue decidido luego de un estudio realizado por más de 6 meses, tiempo en el que se analizaron las necesidades reales de la entidad frente al área ocupada y los servicios ofrecidos, comparados con el elevado canon de arrendamiento pagado por el Instituto desde el año 2017 hasta 2019, en la antigua sede ubicada en el Edificio C-26”.
El ICA, según su comunicado, “desde la vigencia 2017 contrató y pagó el canon de arrendamiento por un área de 9.400 metros cuadrados, que estaba integrada por un área útil de 7.680 metros cuadrados, y 1.720 metros cuadrados representados en parqueaderos, depósitos y zonas comunes, los que, en la práctica inmobiliaria, son incorporados como complemento del área útil, situación que actualmente es objeto de revisión jurídica”.
Agrega: “Bajo esta realidad, en el año 2020 el ICA logró el ajuste de los metros cuadrados y propuso al anterior arrendador, la compañía Moderline, la devolución de uno de los pisos de la sede para readecuarla en 6.163.24 metros cuadrados. El contratista efectuó un rediseño en esta área, proponiendo como canon mensual de arrendamiento la suma de $857.212.779, lo que significaba un monto de $139.085,00 por metro cuadrado”.
Asegura que, entonces, “el valor propuesto por el contratista se consideró elevado frente a las otras alternativas del mercado, incluso frente al valor que en el mismo edificio paga la Unidad de Restitución de Tierras, por lo que la propuesta fue descartada y la administración del Instituto, como resultado del proceso de contratación, escogió la oferta más favorable en términos de costo beneficio, presentada por Famoc Depanel S.A., para ubicar la nueva sede en 6.434 metros cuadrados”.
El Instituto explica que con la nueva sede, ubicada en el Edificio Plaza Claro, “en valores netos, el ICA pasó de pagar un arrendamiento de $1.217 millones mensuales en el año 2019, a $ 733 millones mensuales en la nueva sede, a partir del 15 de agosto de 2020; por lo que la entidad considera que el traslado de la sede no puede calificarse como una medida antieconómica o que haya generado un detrimento patrimonial; por el contrario, este responde a las mejores medidas de austeridad y eficiencia del gasto público”.
Destacó que las nuevas oficinas tienen una ubicación “estratégica”, así como “área real requerida, condiciones de confort y ambiente laboral, adecuada accesibilidad, excelente distribución de áreas de trabajo, recepciones, salas de juntas, cafetería, puntos de café, espacios colaborativos, salas de espera, zonas de descanso, áreas de ventanillas y correspondencia, archivos, auditorio, ecopuntos, puntos de bioseguridad, adecuada estructura organizacional-horizontal, mobiliario nuevo, parqueaderos para vehículos y motocicletas y 1.200 parqueaderos para bicicletas sin costo para los servidores y usuarios del Instituto”.
Finalmente, el Instituto aseguró que “ratifica la disposición que siempre ha tenido para atender los requerimientos de los entes de vigilancia y control, disponiendo para su revisión y de la opinión pública, toda la información que soporta el proceso contractual adelantado para asegurar su transparencia”.