Imputarán cargos a 'zar de la seguridad privada' por cartelización empresarial

Jorge Moreno Ojeda es investigado por presuntamente haber conformado un cartel que no permitía la libre competencia en el sector de seguridad privada y vigilancia en Colombia.

Jorge Moreno Ojeda.

El 23 de junio la Fiscalía General de la Nación tiene previsto imputarle cargos a Jorge Moreno Ojeda, conocido como el ‘zar de la seguridad privada’, quien se ha destacado por ser uno de los principales contratistas de ese sector y que es investigando por posible “cartelización” para ganar licitaciones.

El empresario, según las denuncias formuladas por el superintendente de Industria y Comercio, Pablo Felipe Robledo, estaría relacionado con un presunto mico en un proyecto de ley que avanza en el Congreso de la República para tumbar las investigaciones contra las empresas privadas de vigilancia. (Lea: Superintendente denuncia “mico” en proyecto de ley)

Robledo alertó en mayo pasado que de ser aprobada la iniciativa, su entidad y la Fiscalía se quedarían sin piso jurídico para imputar responsabilidad a quienes han violado las normas de la libre competencia. Este martes, se espera que, en tercer debate, el Congreso discuta el proyecto de ley de seguridad privada. (Lea: “Con mico quieren tumbar investigación sobre el cartel de la seguridad privada”: superindustria)

El superintendente Robledo explicó a El Espectador la aparente existencia del cartel y señaló que “lo que encontramos es que habría un grupo de empresas aparentemente violando la libre competencia en 252 procesos, ante 149 entidades del Estado en los años 2010, 2011 y 2012. En este caso pudimos establecer que existían ocho compañías, al parecer, controladas por el señor Jorge Arturo Moreno Ojeda, más conocido como el zar de la seguridad privada”.

En concreto, la Fiscalía y la Superintendencia indagan por la conducta de Moreno, quien como controlante de varias empresas de seguridad privada, participa con distintas ofertas en las licitaciones públicas: una oferta a nombre de una sociedad controlada por él y otra u otras ofertas a nombre de otra u otras sociedades.

El ente investigador le imputará cargos al ‘zar de la seguridad privada’ por el delito de prácticas restrictivas de la competencia, contemplado en el Código Penal colombiano y que fija penas de entre cuatro y 12 años de cárcel, sumado a multas e inhabilidades para contratar con entidades del Estado hasta por ocho años.

Desde hace cerca de dos años, las autoridades indagan por la existencia del denominado ‘cartel de la seguridad privada’, una investigación realizada contra ocho empresas que habrían violado los principios de la libre competencia. Las indagaciones se originaron tras actuaciones administrativas de la Superintendencia desde 2011 y que llevaron a que se formulará pliego de cargos contra varias personas naturales, entre ellas, Jorge Arturo Moreno Ojeda, así como contra las compañías Guardianes; Starcoop; Cobasec; Centinel; Expertos; Insevig; Sejarpi; y Security Management Group.

Ojeda se ha defendido diciendo que “no he sido, ni pretendo ser el mal denominado “rey”, “zar”, “jefe” de la seguridad privada y la vigilancia en Colombia, ni ningún otro adjetivo despectivo, utilizado por algunos portales de Internet”. (Lea: “No soy de ningún cartel de las empresas de seguridad”, Jorge Moreno Ojeda)

Según explicó el pasado 24 de mayo, “desde enero de 2015 he soportado señalamientos de toda índole con el propósito de que los cuestionamientos que existan se debatan ante un juez, respetando el debido proceso y la presunción de inocencia. Y no, como ha sucedido hasta la fecha que utilizan los medios de comunicación como estrados judiciales”.

Esto lo señala porque, según afirmó “me enteré por los medios de comunicación, que registraron una rueda de prensa, que estaba siendo juzgado, ni siquiera acusado, de haber constituido un mal denominado “cartel” de la vigilancia. Sin embargo, a pesar de las innumerables irregularidades procesales, he atendido y lo seguiré haciendo todos los requerimientos tanto de la Superintendencia de Industria y Comercio, como de la Fiscalía General de la Nación”.

 

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