La iniciativa que rompe el monopolio rentístico de licores en el país

Enemigos del proyecto de ley consideran que buscando más dinero para la salud se fortalece el contrabando de licores al aplicar nuevas tarifas.

Los operativos contra el contrabando se mantienen en Colombia. / Archivo
Los operativos contra el contrabando se mantienen en Colombia. / Archivo

Una acción policial contra el contrabando en un centro que tradicionalmente mueve mercancía en un alto porcentaje ilegal en la capital podría pasar inadvertido. Lo que pasa es que el operativo se encaminó a incautar licor de contrabando horas después de haber sido aprobado un proyecto de ley que busca frenar este flagelo y que comercializa cerca de $6.000 millones diarios. La iniciativa se mueve en el Congreso de la mano del Gobierno, acompañado de los importadores de licores y de la Federación de Gobernadores. Estos últimos estaban en desacuerdo al principio, pero luego voltearon la torta, por la “mermelada”, advierte el senador opositor Jorge Enrique Robledo, del Polo Democrático.

El ministro de Hacienda, Mauricio Cárdenas, indicó que “es una ley que va a permitir que haya más recursos para la salud”. Robledo califica el proyecto de inconstitucional, “porque rompe el monopolio rentístico de licores garantizado en la Constitución Nacional”.

Explica la ponencia que la figura del monopolio de arbitrio rentístico presenta ciertas características que lo hacen una figura sui géneris y cuyo objetivo no es el de impedir a los particulares el desarrollo de actividades económicas lícitas, sino el de procurar otra fuente de ingresos para el erario. Si bien la Constitución Política consagra la posibilidad de su existencia, no crea los monopolios de arbitrio rentístico: esta facultad es reservada al legislador, resalta el documento.

Cárdenas destaca, además, que “se aumentan los impuestos, se disminuye el consumo y al mismo tiempo vamos a lograr algo muy positivo, y es más recursos para invertir en la salud de los colombianos”. Este argumento no convence a los comerciantes agremiados en Fenalco ni a los opositores del Gobierno.

El presidente del gremio que agrupa a los comerciantes, Guillermo Botero, calificó el proyecto de “pésimo”. “En la medida en que continúen subiendo los impuestos, más licor adulterado va a haber y la plata de los licores es la plata de la salud. Esa plata se la tendrán que asignar a los institutos de ciegos, porque la cantidad de invidentes que va a haber en este país va a ser grande”.

Robledo advierte que “es una ley diseñada para que los licores extranjeros desalojen del mercado local a los nacionales”. Busca aumentarles la participación a los licores extranjeros en el consumo de los colombianos. Eso “golpea las industrias licoreras que operan en Colombia, con el agravante de que los extranjeros tienen un mayor grado de alcohol que los nacionales, lo que agravaría los problemas de salud pública”, dijo el senador.

En la ponencia presentada se contempla que a partir del 1º de enero de 2017 el impuesto al consumo de licores, vinos, aperitivos y similares se liquidará así:

Componente específico. La tarifa del componente específico del impuesto al consumo de licores, vinos, aperitivos y similares por cada grado alcoholimétrico en unidad de 750 centímetros cúbicos o su equivalente, será de $220.

Componente ad valórem. Este componente del impuesto al consumo de licores, vinos, aperitivos y similares se liquidará aplicando una tarifa del 25 % sobre el precio de venta al público, certificado por el DANE.

“Nos ponemos a tono con unas grandes inequidades que no podemos mantener y es que licores de alta gama pagaban muy pocos impuestos. Ahora se introduce una figura que es un impuesto ad valórem. Si el licor vale más, pues paga más impuestos, eso es equidad. Ese es el resultado de esta ley”, resaltó el ministro de Hacienda. Fenalco descalificó esas nuevas tarifas.

Incentivo al contrabando

Para el senador Robledo, el problema más grave es el contrabando. “En la iniciativa no hay una sola medida contra el contrabando que valga la pena, dijo Robledo. Es notoria la actitud de alcahuetería del Gobierno en relación con los contrabandistas que tienen nombre propio en Colombia”. No fue posible contactar a representantes de la Asociación Colombiana de Importadores de Vinos y Licores (Acodil).

Contrario a las denuncias de comerciantes y la oposición, la ministra de Comercio, Industria y Turismo, María Claudia Lacouture, indicó que “el control del contrabando es otro de los beneficios que trae esta ley. Se fortalece todo el proceso de apoyo a la lucha contra el contrabando relacionada con licores”. Botero advierte que más licor de contrabando va a ingresar al país. Pero la ministra insiste en que es un tema importante “no sólo para el Gobierno Nacional, sino también para las regiones”, y resalta que se establece la supervisión de la Superintendencia de Industria y Comercio para mantener la libre competencia y los precios adecuados.

El presidente de Fenalco advierte sobre otro inconveniente del proyecto: crea unos depósitos de licores que serán las gobernaciones o las autoridades regionales quienes los manejen. “El gobernador de Antioquia despachando las cajas de Sello Negro, Old Parr y de las otras licoreras. Hágame el favor, un gobernador manejándole a otro los inventarios y pendientes.