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Hay algo que estamos haciendo mal como país, si solo 1 de cada 4 personas mayores de 65 años se pensiona en Colombia, pero el problema es aún mayor si a eso le sumamos que muchas pensiones son millonarias y se subsidian con el recaudo tributario (la cuarta parte de lo que recibe el Estado por impuestos se va para el rubro de pensiones).
En la primera parte de este especial le explicamos cómo funciona el sistema pensional en Colombia. En esta entrega le mostraremos las falencias de ese modelo y le explicaremos por qué el gobierno, la academia, los gremios, el sector privado y casi cualquier persona conocedora del tema coinciden en que no solo es necesaria sino también urgente una reforma pensional.
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Los académicos de todo el mundo definieron tres principios universales que debe respetar todo sistema pensional: cobertura, sostenibilidad y equidad. En Colombia se incumplen todos, veamos por qué.
1:
De acuerdo con la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal), en Colombia solo 24 % de las personas en edad de pensión reciben una mesada de al menos un salario mínimo (y solo 5 % son mujeres), una proporción muy similar a la que tienen países como Perú y México, pero lejos de Argentina y Brasil donde ronda el 90 %.
Uno de los factores que mejor explica esta escaza cobertura es la informalidad. Cifras del Ministerio de Trabajo dan cuenta de que en el país hay 22,7 millones de trabajadores (ocupados), pero solo un poco más de 21 millones están afiliados a algún fondo de pensión. Sin embargo, solo 2,3 millones reportó haber cotizado sin falta en los últimos nueve meses y se necesitan mínimo aportes por 1.150 semanas para pensionarse en uno de los regímenes actuales.
Hay millones de personas que están por fuera del sistema de protección para la vejez y lejos de completar los requisitos para una pensión, un tema social que a largo plazo derivará en una importante cantidad de adultos mayores sin protección y con índices alarmantes de pobreza.
Si las condiciones actuales se mantienen, la cobertura irá en detrimento. Un estudio del Banco de la República de 2012 advirtió que en los próximos 40 años solo se van a poder pensionar 8,7% de los afiliados al Régimen Solidario de Prima Media con Prestación Definida (RPM), es decir, el fondo que es administrado por Colpensiones, y 11,1% de quienes están en el Régimen de Ahorro Individual con Solidaridad (RAIS), gestionado por las administradoras de fondos de pensiones privadas.
2:
Tanto las pensiones de regímenes especiales (el Magisterio, las Fuerzas Militares, la Policía, etc.) como el RPM (administrado por Colpensiones), reciben subsidios del Estado, aunque este último en menor proporción (30 %). Este año se destinarán $41 billones del presupuesto general (4,2 % del Producto Interno Bruto, es decir, del valor total de los bienes y servicios producidos en el país) para este rubro denominado pensiones no financiadas que solo beneficia a 2,1 millones de colombianos.
¿Recuerda el caso de corrupción en la Refinería de Cartagena, Reficar? En su momento el fiscal dijo que era el más grave en 200 años de historia y se hizo más de un cálculo para ilustrar qué se hubiera podido hacer con esos $12 billones de sobrecostos que tuvo la obra (al menos 360 colegios nuevos). Las pensiones se llevan cuatro veces esa cifra, cada año; esos $41 billones equivalen a lo mismo que se ha invertido en todo el gobierno en el programa de vías 4G (que nos dejará más de 2.000 kilómetros de dobles calzadas y cientos de puentes y viaductos).
Pero, ¿cómo llegamos a esto? Los beneficiarios de los regímenes especiales y los afiliados a Colpensiones no han ahorrado lo suficiente a lo largo de su vida como para cubrir su propia pensión (por la forma en que se calcula). Para no incumplir, los responsables de estos esquemas, primero, agotaron sus propias reservas, luego empezaron a utilizar el dinero que ingresa por concepto de seguridad social de los trabajadores activos (esta generación financia las mesadas de sus padres y abuelos en los mencionados regímenes) y, por último, solicitaron recursos públicos. Esta destinación provocó un déficit en el gasto del gobierno en 2017: sin pensiones supera los ingresos en un monto equivalente al 0,2 % del PIB; con pensiones aumenta a 3,6 % del PIB.
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Lo preocupante es que la dinámica de la sociedad viene cambiando. A principios de este milenio, la pirámide poblacional tenía forma de triángulo, porque la cantidad de personas que nacían (en la base) era mucho mayor que el número de adultos por encima de los 70 años (en la punta). A finales de esta década, migraremos a una pirámide en forma de barril porque el número de nacimientos será muy similar e incluso inferior al de personas entre los 40 y los 60 años, sin contar con que la expectativa de vida viene en aumento.
Para 2015 el número de trabajadores por cada adulto mayor era de 6,7; la proyección a 2050 es que sea de 2,4. Sin embargo, dadas las condiciones de informalidad, en realidad, actualmente, por cada dos trabajadores que cotizan a seguridad social hay una persona en edad de pensión. Pero la formalidad por sí sola no es la cura de todos los males; de hecho, una proyección del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) prevé que el déficit de gasto del gobierno aumentaría a 5,6 % del PIB en 2075, si las condiciones se mantienen y se reduce la informalidad laboral, pues implicaría más pensiones subsidiadas.
3:
Esto nos lleva al tercer problema: la equidad. Los regímenes especiales negociaron condiciones muy favorables para ellos (como pensionarse más jóvenes o recibir una proporción importante de su último salario), pero insostenibles desde el punto de vista económico. La pensión de estas personas está muy por encima del promedio de la que tienen o tendrán el grueso de los trabajadores del país.
Algo similar sucede con el RPM, pues Colpensiones calcula la renta mensual del pensionado (tasa de reemplazo) con base en el promedio del salario de los últimos 10 años de vida laboral que, usualmente, son los mejor retribuidos. El defecto está en que, según el Ministerio de Trabajo, mientras a una persona que se pensiona con el salario mínimo le corresponde un subsidio de casi $90 millones, a una persona que se pensiona con más de 10 salarios mínimos le otorgan un subsidio de más de $400 millones, porque se debe equiparar el mayor nivel de ingreso. Este último grupo solo equivale al 1,4 % de los pensionados de la entidad, pues la mayor parte (76 %) reciben entre 1 y 2 salarios mínimos, lo que llevó a la presidenta de Colpensiones a asegurar: “nosotros no somos los que tenemos los grandes subsidios”.
El Departamento Nacional de Planeación (DNP) ha mostrado en diferentes momentos cómo el 75 % de los subsidios a pensiones se entregan a la población de los dos niveles de ingreso más altos (dividido por quintiles). Y estudios como el de la Universidad de Los Andes han encontrado que las pensiones contribuyen con cerca del 4,2 % del coeficiente de Gini (índice que mide la desigualdad). Por si no fueran suficientes las diferencias de ingreso y oportunidades entre los colombianos, el sistema pensional exacerba la desigualdad.
Para qué una reforma pensional
El codirector del Banco de la República, José Antonio Ocampo, definió este tema como central para la política fiscal, dados los altos recursos públicos que se necesitan para cubrir las obligaciones actuales, y fundamental para la política social, por tener las inequidades más agudas.
La advertencia no es nueva, pero el gobierno saliente, según dijo el propio presidente Santos, “no logró sacar la reforma pensional adelante”. Sin embargo, el presidente electo, Iván Duque, ya propuso una que le apunta a formalizar la base de cotizantes, redistribuir los subsidios y crear un fondo de ingreso mínimo garantizado para aumentar la cobertura universal. Este será, sin duda, uno de los grandes debates de la próxima legislatura.
Según la más reciente publicación del índice global de pensiones de Mercer, Colombia obtuvo una calificación de C+, dentro de un sistema que califica a 30 países de la A a la E, siendo A la calificación más alta. La consultora determinó que la nación tiene aspectos positivos en su sistema, pero también tiene importantes riesgos y deficiencias que se deben atender, de lo contrario se puede poner en duda su sostenibilidad a largo plazo.
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Sobre la mesa hay al menos tres propuestas de reforma que difieren de muchas maneras, pero todas coinciden en el diagnóstico de los problemas y en que se debe eliminar la dualidad que existe entre el Régimen Solidario de Prima Media con Prestación Definida (RPM) y el Régimen de Ahorro Individual con Solidaridad (RAIS), es decir, entre el esquema de Colpensiones y el de las administradoras de fondos de pensiones privadas, que resultan envueltas en una competencia desigual.
La reforma ideal de la Asociación Colombiana de Administradoras de Fondos de Pensiones y de Cesantía (Asofondos) es eliminar el RPM y convertir a Colpensiones en un fondo más, pero de carácter público. El gremio explicó, en abril de este año, que su modelo es autosostenible, que no requerirá subsidios a las pensiones altas y que además de beneficiar a los trabajadores formales tendrá un componente para ayudar a las personas semiinformales y en condición de discapacidad.
La reforma ideal de la Fundación para la Educación Superior y el Desarrollo (Fedesarrollo) es desarrollar un sistema de pilares donde Colpensiones sea una administradora solidaria de primer piso que maneje los aportes obligatorios de todos los trabajadores (que cotizarán sobre el salario mínimo) y garantice, así mismo, una pensión equivalente a un salario mínimo. Los fondos privados serían complementarios (segundo piso) y a través de ellos quienes ganan más podrían hacer aportes en una cuenta individual para incrementar la mesada pensional básica.
El centro privado de estudios económicos incluyó, en este modelo complementario, un aumento de la edad en dos años, unificar el tiempo requerido para obtener una pensión (1.150 semanas o 22,2 años) y aumentar en dos puntos el porcentaje del ingreso que trabajadores e independientes aportan a pensión (hoy es de 16 %).
En el intermedio de las mencionadas propuestas se ha planteado eliminar Colpensiones y que la entidad quede solo pagando obligaciones preexistentes (Anif).
Para que los regímenes actuales coexistan, Mercer recomienda que las personas con menores ingresos hagan parte del fondo público, mientras que los que ganen más salarios mínimos estén afiliados a los privados. Pero haría falta definir a partir de qué monto se pertenece a uno o al otro.
Otras propuestas sugieren reformar nuevamente los regímenes especiales que quedan, particularmente el del Ejército y la Policía que son los que más le cuestan al país, y acabar con el bono pensional (devolución del dinero ahorrado a quienes no completen los requisitos) para entregar a cambio rentas vitalicias que garanticen algún ingreso de por vida, por pequeño que sea. También se planteó la posibilidad de pagar en bloque las semanas de cotización faltantes para acceder a una pensión.
Programas como los Beneficios Económicos Periódicos (Beps) y Colombia Mayor pretender incrementar la cobertura de población con acceso a alguna clase de renta durante su vejez y apenas superan el billón de pesos anuales en subsidios. Todas las propuestas apoyan ampliar su alcance, aumentar el beneficio económico y reforzar los pilares solidarios.
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También es fundamental dejar de subsidiar a las personas de mayores ingresos, por un lado, incentivando el ahorro de los colombianos para aliviar la crisis del sistema y, por otro, redireccionando los subsidios, pues el sistema pensional es hoy un ejemplo perverso de cómo se favorece a la población equivocada.
En la tercera entrega de este especial le presentaremos un resumen de cómo son los sistemas pensionales en otras partes del mundo, qué problemas enfrentaron en su historia, qué reformas han sido necesarias y qué reflexiones nos dejan estas experiencias para nuestro propio caso.
