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La reforma tributaria que el Gobierno radicará ante el Congreso en las próximas semanas se les quiere presentar a los colombianos como una consecuencia directa -prácticamente inevitable- de la pandemia. Sin embargo, la realidad es que ese proyecto pretende tapar un hueco en las finanzas públicas que el propio Ejecutivo ayudó a agravar años antes de que la opinión pública supiera siquiera de la existencia del coronavirus.
Para entender esta historia hay que volver tres años en el tiempo. A finales de 2018, el Gobierno impulsó una reforma tributaria que -bajo el orwelliano nombre de Ley de Financiamiento- les bajó los impuestos a los grandes capitales y empresas del país. Esos beneficios abrieron un hueco de cerca de $9 billones -es decir, millones de millones de pesos en las cuentas públicas-. Para llenarlo, el Gobierno propuso gravar con IVA productos de la canasta familiar que hoy en día están exentos del impuesto.
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La idea no cuajó y el hueco quedó abierto. En 2019, hubo que presentar de nuevo la reforma del año anterior, que se cayó por errores de trámite; el ministro de Hacienda insistió en su idea de cobrar IVA por las papas y el arroz. El Congreso se opuso de nuevo.
Ahora el Gobierno espera que la tercera sea la vencida: el eje central de la próxima reforma tributaria -cuyo texto todavía no se conoce- sería la ampliación del IVA a todos o más productos de la canasta familiar.
Al parecer su punta de lanza será la narrativa de los “beneficios tributarios”. En agosto de 2020 se instaló una comisión de expertos, quienes a pesar de saber poco sobre el complejo sistema colombiano, recomendarán reformas a los beneficios tributarios que existen en el país. Según los cálculos del Gobierno, dichos beneficios rondan los $92 billones. Y, de ellos, $74 billones corresponden al IVA.
¿No pagar IVA por una libra de arroz constituye un beneficio tributario comparable, por ejemplo, con los regímenes de los que gozan las zonas francas o las megainversiones?
Revisar y reformar la estructura de los beneficios tributarios en Colombia es más que necesario. Sin embargo, es llamativo que los focos se pongan sobre el IVA y no sobre renglones como los ingresos de capital o sobre el combate de la evasión y la falta de transparencia en sectores del sistema tributario.
Quienes defienden la idea de una reforma tributaria concentrada en la ampliación del IVA a más bienes de la canasta familiar -y también de impuestos como el de renta– soportan su postura en dos argumentos principales:
El primero, que son “los ricos” quienes pagarán ese nuevo impuesto. La realidad es que serán todas las personas que viven de su salario y no de las rentas -ricos, clase media y quienes ganan uno o dos salarios mínimos- quienes terminarían pagando para tapar el hueco que abrieron los recortes de impuestos otorgados en 2018. Esta es una medida que profundizaría el carácter regresivo del esquema actual, donde el 0,1 % más rico de los colombianos hoy paga menos impuestos como porcentaje de sus ingresos que los asalariados.
El segundo argumento es que existe un programa de compensación del IVA. La iniciativa consiste en la entrega, cada dos meses, de entre $70.000 y $80.000 a familias pobres para aliviar el impacto del IVA en sus ingresos y mejorar su capacidad de consumo. El programa, que en 2020 tuvo un millón de beneficiarios, espera tener el doble este año. Según cifras del propio Gobierno, la devolución del IVA entrega cerca de $2 billones al 20 % de los colombianos más pobres -una cifra que contrasta con recortes cercanos a los $9 billones para las empresas del 1 % más rico-.
Los argumentos suelen también mencionar el “coco” de las calificadoras de riesgo, y la posibilidad de que -si no se llena el hueco fiscal- el país pierda su buen puntaje. Si esto fuera tan inminente, ¿por qué no se tuvo en cuenta al abrir un nuevo hueco fiscal en 2018?
¿Y el gasto en pandemia? Es verdad que la emergencia contribuyó al hueco fiscal, pero se trata de costos que, además de temporales, son menores de lo que se cree. Con corte al 1° de febrero, el Fondo de Mitigación de Emergencias (Fome) -creado para atender la crisis causada por la pandemia- tenía $40,5 billones. De ellos se habían desembolsado $22,7 billones -cerca del 2 % del PIB nacional-.
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En alguna medida, la opacidad del Gobierno en el manejo de la información sobre el dinero destinado a la atención de la emergencia apoya la defensa de la nueva reforma tributaria. Se dice: “Gastamos mucha plata, de ahí la necesidad de una reforma tributaria”. Cabe entonces preguntarse, ¿cuánta plata? ¿Qué tan grande es el hueco fiscal? ¿Cuánto es gasto temporal y cuánto permanente?
El momento ideal para subir impuestos no existe, ni en Colombia ni en ninguna parte. Pero si hay uno todavía peor es el actual, en medio de la peor crisis económica de la historia del país -con una pandemia todavía en curso, un PIB que se contrajo 6,8 % en 2020 y un desempleo que en enero se ubicó en 17,3 %–.
La clave de la reactivación económica, la restauración del tejido empresarial y la recuperación del ingreso y la capacidad adquisitiva de los colombianos es dinamizar el consumo e impulsar la demanda. ¿Poner más carga tributaria sobre los asalariados y consumidores del país es el camino para lograrlo?
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El papel que cumplirá el Congreso es todavía una incógnita. Se da por descontada la resistencia de la oposición y los sectores independientes. ¿Y la coalición de Gobierno? ¿Apoyará subir impuestos un año antes de elecciones?
Suele repetirse que el futuro -y el trabajo para ayudar a la recuperación- es de todos. La solidaridad, el aporte y los impuestos también deberían serlo. No es momento de aprovecharse de una situación catastrófica para sacar adelante agendas políticas, y si realmente hay que subir impuestos, empecemos por cancelar los recortes tributarios otorgados al capital en 2018, y solo después hablemos de cobrar impuestos por el consumo de arroz, papa y carne.